Senadores de todas las fuerzas avalan proyecto de sistema integral en la materia

Reformarán la justicia para adolescentes

Readaptación social y respeto a derechos, líneas de la iniciativa apoyada por el Unicef

ANDREA BECERRIL

Con el aval de todas las fuerzas políticas se presentó ayer ante el pleno del Senado un proyecto de reforma constitucional con la meta de establecer un sistema integral de justicia para adolescentes, que plantea la creación de tribunales, jueces y agencias especiales del Ministerio Público, que habrá de atender los casos de quienes tienen de 12 a 18 años de edad, bajo un criterio de readaptación social y de respeto a sus derechos humanos.

Analizada y consensada desde hace más de un año, bajo la supervisión del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, la propuesta "en forma alguna pretende disminuir la edad penal", sino establecer un nuevo sistema de procuración e impartición de justicia para adolescentes, que se ajuste a las disposiciones internas y a los convenios internacionales que México ha firmado en materia de protección a menores, señaló el senador priísta Orlando Paredes Lara, al argumentar en tribuna la iniciativa.

El perredista Rutilio Escandón resaltó a su vez que al sentar las bases constitucionales para establecer un sistema de esa naturaleza, se abre la posibilidad de "crear todo un mecanismo integral de readaptación social para adolescentes que debido a la marginación y la pobreza han cometido alguna infracción y son tratados como criminales, sin posibilidades de reducarse".

La también perredista Angélica de la Peña, una de las impulsoras del proyecto, precisó que el ordenamiento no pretende dejar en la impunidad a aquellos jóvenes que han cometido algún delito, pero de manera clara establece también la posibilidad de rehabilitación y asistencia social para los menores infractores.

Hizo notar que la propuesta incluye transformar los centros tutelares -"que en la actualidad son verdaderas cárceles, donde se forma a criminales"- en lugares especiales de detención.

Escandón precisó que la iniciativa incorpora de manera expresa en el texto constitucional el derecho de los adolescentes para que, en caso de alguna infracción penal, se observe la garantía del debido proceso, para evitar sanciones arbitrarias o desproporcionadas que impidan su readaptación.

El presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Zermeño, expuso que se trata de un tema sensible, que motivará discusiones, toda vez que distinguir una conducta antijurídica cometida entre los 12 y los 18 años representa un nuevo esquema que deja atrás criterios extremosos de represión o de tutela paternalista.

A su vez, Emilia Patricia Gómez Bravo, senadora del Verde Ecologista, indicó que se busca establecer un sistema de responsabilidad juvenil, de acuerdo con la doctrina de Naciones Unidas en la protección integral de la infancia.

Destacó que se trata de "un paso fundamental", producto de un trabajo legislativo a fondo, que viene a demostrar que bajar la edad penal, como lo proponían algunos, no es la solución.

La representante del Unicef en México, Yoriko Yasukawua, estuvo presente en Xicoténcatl y recibió el reconocimiento de los legisladores por su participación en el proyecto de reforma constitucional.