Debe demostrar falta de recursos y desautorización del Congreso: fuentes judiciales

La Federación puede parar el juicio contra SRA

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Para ganar la demanda civil que interpusieron contra la Federación dos herederos de Gabriel Ramos Millán, éstos deberán demostrar al juez décimo de distrito en la materia, Adalberto Herrera González, que el gobierno federal cometió "daños y perjuicios" contra su patrimonio económico, al no haberles pagado de manera inmediata mil 214 millones de pesos, correspondientes a una indemnización por un litigio de tierras que fue favorable a los querellantes en marzo de 2002 contra la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), con el apoyo del despacho jurídico del senador panista Diego Fernández de Cevallos.

Por su parte, la Federación tiene la oportunidad de "parar el juicio", siempre y cuando compruebe ante el juzgador que el pago de la indemnización no se ha realizado en una sola exhibición porque "no existen los recursos suficientes para hacerlo", e incluso puede demostrar que el Congreso de la Unión no autorizó a la SRA realizar recortes a los programas prioritarios de la dependencia o desviar recursos de otros rubros para liquidar la indemnización, indicaron fuentes del Poder Judicial.

Hasta el momento el juicio civil está en etapa de integración de pruebas, por lo que ambas partes deberán presentar al juzgador los documentos que crean convenientes para desahogar el litigio.

En tanto, en el expediente 120/2003 -correspondiente al citado juicio civil-, al que tuvo acceso La Jornada, se detalla que los demandantes (Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada, nietos de Ramos Millán) alegan que su patrimonio económico "ha sido perjudicado en razón de que (la Federación) incumplió con un ordenamiento jurídico" que fue emitido en marzo de 2002 por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa.

Dicho órgano colegiado ratificó en esa fecha la sentencia del juzgado décimo de distrito en la materia, emitida meses antes, con la que se ordenó a la SRA pagar a los herederos de Gabriel Ramos Millán mil 214 millones de pesos de indemnización por un predio de 33 hectáreas ubicadas en el ejido Santa Ursula Coapa, expropiado en 1984.

Por ese motivo, los querellantes exigen ahora que la Federación les otorgue un pago de 118 millones de pesos, así como 140 mil pesos diarios por concepto de intereses, hasta que sea liquidado el monto total de la indemnización.

En el mismo expediente no aparece la exigencia de que los mil 214 millones de pesos sean pagados en una sola exhibición, sino que los denunciantes manifiestan que "si no se tiene toda la cantidad, se debe garantizar a la parte actora (demandante) la reparación del daño generado por el incumplimiento judicial", y se mencionan las cantidades antes referidas.

En tanto, las fuentes consultadas indicaron que si el juez civil Adalberto Herrera determina que la parte querellante sufrió "daños y perjuicios" por no recibir en una sola exhibición el pago de la indemnización, entonces la Federación deberá cumplir la exigencia de los quejosos en cuanto se emita la sentencia correspondiente. No obstante, el gobierno federal podría recurrir al amparo directo o apelar de la sentencia en segunda instancia, e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los herederos de Ramos Millán, por su parte, deberán comprobar que el gobierno incumplió con el ordenamiento judicial, no por falta de recursos sino por "una acción de desacato intencional".

Es en este punto en el que la Federación tiene posibilidades de demostrar al juez que "hay voluntad de pagar pero no se tienen los recursos suficientes", indicaron las mismas fuentes. Incluso, añadieron, el gobierno puede presentar el documento que el pasado 23 de junio envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, en el que propone que los mil 214 millones de pesos se paguen en plazos de 30 millones anuales durante 40 años.

Hacienda presentó esa propuesta con base en la Ley de Presupuesto Federal y lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, según los cuales las dependencias deberán cubrir las obligaciones que se deriven de resoluciones de las autoridades competentes, pero sin afectar el cumplimiento de sus objetivos y las metas de sus programas prioritarios.

De esta forma, si el juez civil considera la disponibilidad del gobierno federal para liquidar la indemnización, tendría grandes posibilidades de que el juicio se terminara por carecer de materia jurídica, indicaron las fuentes judiciales.