Ojalá se enjuicie a figuras simbólicas de la represión: Ortega; buen principio: Cortez

El cambio legal sobre la desaparición forzada sería un gran avance democrático: defensores

ANDREA BECERRIL Y LAURA POY SOLANO

Legisladores y organizaciones defensoras de los derechos humanos consideraron que de concretarse la resolución de la Suprema Corte que permitiría juzgar a los responsables directos de la represión y asesinatos en contra de luchadores sociales, será un gran avance para la democracia en el país.

"La desaparición forzada de personas y la tortura son delitos imprescriptibles. Ojalá la Suprema Corte refrende ese criterio y se someta a la justicia a dos personajes simbólicos de la represión como son Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ya que el país saldaría una cuenta pendiente con su propia historia", señaló el senador perredista Jesús Ortega.

Al respecto, Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que si bien esto puede ser considerado "un buen principio", ya que los ministros comienzan a incluir el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, "aún falta un largo camino por recorrer".

Consideró que la posibilidad de presentar ante las autoridades judiciales a los presuntos responsables del delito de desaparición forzada "es una conquista que en gran medida se debe al esfuerzo y tenacidad de las víctimas, sus familiares y organizaciones de defensores, que lograron que este delito no se cobijara bajo el manto de la impunidad". Sin este esfuerzo, aseguró, desde hace tiempo que se habría impulsado el olvido para estos casos.

Beneplácito general

En general, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron "positivo" que se tipifique la desaparición forzada como un delito continuado, lo que generaría, aseguran, una profunda repercusión en los casos que se siguen en la materia, pero al mismo tiempo advirtieron de la necesidad de que este criterio permee a los jueces encargados de juzgar este delito.

Jesús Ortega dijo que su partido se congratula con la posibilidad de que la Corte resuelva en torno al controvertido tema, sobre todo porque desde el sistema se ha tratado de cubrir a los responsables de la masacre del 2 de octubre y los asesinatos de líderes y luchadores sociales en las décadas de los 60 y los 70, con el argumento de que los delitos ya prescribieron.

No es así; "deseamos en el PRD que la Suprema Corte lo ratifique y posibilite que se juzgue por sus crímenes a Nazar Haro y De la Barreda. El primero es el personaje más negro de la represión y el autoritarismo, ya que fue jefe de los policías que durante tanto tiempo actuaron impunemente y segaron la vida de cientos de mexicanos, con la protección del gobierno".

Ortega insistió: "Si realmente la Corte resuelve en ese sentido y se castiga a esos represores, será un avance extraordinario que no sólo va a responder a los familiares de las víctimas, sino también a este país, que con tropezones quiere avanzar a la democracia. No habrá democracia si no hay respeto a los derechos humanos fundamentales".

Por separado, Fabián Sánchez Matus, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que la propuesta "es como una luz al final del camino", pero consideró necesario establecer criterios jurídicos más amplios que incluyan la participación de las autoridades federales en los casos de desaparición forzada. "Si la propuesta generada en la Suprema Corte sólo considera como un delito continuado el secuestro o la privación ilegal de la libertad, estaría aplicando un criterio limitado, ya que en el caso de la desaparición forzada también se encuentran involucradas autoridades federales, que no pueden recibir el mismo trato que los particulares que participan en este delito, porque su obligación es la protección del ciudadano".

Agregó que hasta el momento ni la Corte ni los jueces responsables de juzgar este delito han incluido todos los elementos jurídicos que en la materia se han generado a escala internacional, pues en el caso de tortura han señalado que ésta prescribe, cuando en el terreno internacional "se considera como un delito continuado, por las secuelas sicológicas que prevalecen".

Por lo que respecta al plan nacional para el respeto a los derechos humanos anunciado por la Procuraduría General de la República, organismos defensores de derechos humanos lo consideraron una "decisión unilateral por parte de la dependencia", a la que aconsejaron "reconsiderar su planteamiento, pues existe un compromiso del presidente Vicente Fox para que a partir de un diagnostico nacional elaborado por cuatro expertos internacionales se cree un plan nacional de derechos humanos que cuente con la participación de las ONG, a fin de generar un proceso lo más participativo posible".