Peritos y agentes del Ministerio Público dan fe de los hechos en el AGN

Sustraen documentos que involucrarían al general Díaz Escobar en los sucesos del 68

Están relacionados con la desaparición de Jesús Piedra y el asesinato de Genaro Vázquez

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Documentos que soportan las averiguaciones previas sobre la desaparición de Jesús Piedra Ibarra y el asesinato de Genaro Vázquez Rojas, que demostrarían el involucramiento del general Manuel Díaz Escobar -jefe de los Hhalcones- en los sucesos de 1968, fueron sustraídos del Archivo General de la Nación (AGN). Funcionarios de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) detectaron además que parte del material gráfico relacionado con la Marcha de la Libertad, realizada en enero de 1968, fue mutilado.

Ante esa situación, el pasado jueves, peritos y agentes del Ministerio Público adscritos a la Femospp realizaron una diligencia ministerial para dar fe de los hechos, en tanto que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto afirmó que en caso de no localizarse el material se procederá a fincar responsabilidades penales.

Otras anomalías

El personal de la fiscalía descubrió otras anomalías: documentos de los siglos XVII y XVIII fueron colocados, sin autorización, en las galerías destinadas exclusivamente a las 3 mil 52 cajas de información que envió la Secretaría de Gobernación al AGN correspondientes al periodo de 1924 a 1984.

Además, y esto sí con la autorización de la directora del Archivo Histórico Central del AGN, Dulce María Liahut Baldomar, un grupo de archivistas se dio a la tarea de "reordenar" el contenido de 173 de las 3 mil 52 cajas (de la 489 a la 662), y con ello los documentos que estaban en un volumen único han comenzado a ser distribuidos en cinco o seis nuevos empaques, supuestamente ordenados de acuerdo con parámetros cronológicos (por fechas) y geográficos (entidad federativa), situación que provocará que sea imposible consultar esos documentos con el número original de referencia y en el orden primario con que se entregaron al archivo nacional.

Esta actividad, a decir de fuentes oficiales, podría ser la causa de la desaparición de los documentos relacionados con Jesús Piedra Ibarra, Manuel Díaz Escobar y Genaro Vázquez.

Al respecto, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto afirmó que estos hechos "son graves y no pueden ser una cosa fortuita. Alguien ya está metiendo mano ahí, y es necesario alertar que esos archivos tienen que estar bajo la más estricta vigilancia, ya que no son solamente históricos, sino piezas de convicción para conclusiones ministeriales acusatorias del Ministerio Público".

La Jornada conoció la desaparición de documentos, la mutilación de materiales gráficos y la restricción que existe para consultar volúmenes que están en "reordenación", así como lo ocurrido el pasado jueves entre el personal de la Femospp y del AGN, durante una visita en la cual se pretendía consultar diversas cajas de información relacionadas con la guerra sucia de los años 70 y 80.

De acuerdo con testimonios recabados ayer en el AGN, el pasado jueves personal de la fiscalía se percató de la desaparición de informes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en los que se hace referencia a Manuel Díaz Escobar en agosto de 1968, y eso fue lo que provocó que se pidiera la presencia de peritos y agentes del Ministerio Público.

Durante la diligencia también se puso de manifiesto que está desaparecido el documento con la firma autógrafa del ex director de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, en el que se hace mención a la detención de Genaro Vázquez Rojas, dirigente del grupo armado Acción Cívica Nacional Revolucionaria, y quien fue asesinado en 1972.

En cuanto a la documentación relacionada con Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue detenido y desaparecido desde abril de 1975, el Ministerio Público Federal dio fe de que se le cambió el número de colocación, y con ello se alteró, tan sólo en principio, la referencia que de esos archivos hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo que se refiere al material gráfico, supuestamente se acreditó que varias fotografías de la Marcha de la Libertad, en las que se aprecia a varias personas que agredieron a estudiantes en su paso por Guanajuato en enero de 1968, fueron perforadas.

En torno a estas irregularidades, Carrillo Prieto aseguró que "por lo pronto hay acta ministerial que da cuenta de ellas", y que "se debe considerar en principio que los archivos están traspapelados, porque si los sustrajeron sería el colmo, sería un golpe terrible para el trabajo ministerial, aunque para iniciar acusaciones baste presentar ante el juez las copias certificadas de esos documentos, que ya obran en nuestro poder".

Luego de exponer de manera telefónica las irregularidades con el director del AGN, Jorge Ruiz Dueñas, el fiscal Carrillo Prieto dijo que la versión oficial es que se trabaja en una reordenación que no afectará el contenido de cada una de las cajas; "ahora quiero pensar que es así", señaló.

Durante la entrevista, reconoció que el personal de la fiscalía aún no termina de revisar las 3 mil 52 cajas.

Por otra parte, funcionarios del AGN que solicitaron el anonimato informaron que el archivista e historiador Francisco Acevedo tuvo la idea de reorganizar los documentos de la DFS, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y todo aquel material de la Secretaría de Gobernación que se encuentra en la galería número dos. La propuesta fue aceptada por Dulce María Liahut.

Supuestamente, el tiempo durante el cual no se podrá consultar el material en reordenación será de aproximadamente un mes.

En las entrevistas se informó que más de 70 por ciento del material que guarda el AGN no se está clasificado, y que parte de los documentos encontrados por los agentes del Ministerio Público en la galería número dos, correspondiente a los siglos XVII y XVIII, ni siquiera están catalogados, es decir, como si no existieran.

Ante esta situación, el código de ética para archivistas, que se puede leer en la página de Internet del AGN establece: "La obligación primordial del archivista es la de preservar la integridad de los documentos bajo su cuidado y custodia. Para cumplir con esta tarea deben considerarse los legítimos, aunque a veces conflictivos, derechos e intereses de la institución que ofrece el servicio, así como de los dueños, de los protagonistas de los documentos y de los usuarios del pasado, presente y futuro. Sin importar de dónde venga, el archivista debe resistir cualquier tipo de presión que pretenda manipular evidencias o distorsionar los hechos".

El artículo segundo de este código señala: "El archivista debe valorar, seleccionar y mantener los documentos archivados dentro de sus contextos histórico, legal y administrativo, respetando así el principio de procedencia, preservando y haciendo evidentes las relaciones originales de los documentos".

Ojalá se enjuicie a figuras simbólicas de la represión: Ortega; buen principio: Cortez

El cambio legal sobre la desaparición forzada sería un gran avance democrático: defensores

ANDREA BECERRIL Y LAURA POY SOLANO

Legisladores y organizaciones defensoras de los derechos humanos consideraron que de concretarse la resolución de la Suprema Corte que permitiría juzgar a los responsables directos de la represión y asesinatos en contra de luchadores sociales, será un gran avance para la democracia en el país.

"La desaparición forzada de personas y la tortura son delitos imprescriptibles. Ojalá la Suprema Corte refrende ese criterio y se someta a la justicia a dos personajes simbólicos de la represión como son Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ya que el país saldaría una cuenta pendiente con su propia historia", señaló el senador perredista Jesús Ortega.

Al respecto, Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que si bien esto puede ser considerado "un buen principio", ya que los ministros comienzan a incluir el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, "aún falta un largo camino por recorrer".

Consideró que la posibilidad de presentar ante las autoridades judiciales a los presuntos responsables del delito de desaparición forzada "es una conquista que en gran medida se debe al esfuerzo y tenacidad de las víctimas, sus familiares y organizaciones de defensores, que lograron que este delito no se cobijara bajo el manto de la impunidad". Sin este esfuerzo, aseguró, desde hace tiempo que se habría impulsado el olvido para estos casos.

Beneplácito general

En general, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron "positivo" que se tipifique la desaparición forzada como un delito continuado, lo que generaría, aseguran, una profunda repercusión en los casos que se siguen en la materia, pero al mismo tiempo advirtieron de la necesidad de que este criterio permee a los jueces encargados de juzgar este delito.

Jesús Ortega dijo que su partido se congratula con la posibilidad de que la Corte resuelva en torno al controvertido tema, sobre todo porque desde el sistema se ha tratado de cubrir a los responsables de la masacre del 2 de octubre y los asesinatos de líderes y luchadores sociales en las décadas de los 60 y los 70, con el argumento de que los delitos ya prescribieron.

No es así; "deseamos en el PRD que la Suprema Corte lo ratifique y posibilite que se juzgue por sus crímenes a Nazar Haro y De la Barreda. El primero es el personaje más negro de la represión y el autoritarismo, ya que fue jefe de los policías que durante tanto tiempo actuaron impunemente y segaron la vida de cientos de mexicanos, con la protección del gobierno".

Ortega insistió: "Si realmente la Corte resuelve en ese sentido y se castiga a esos represores, será un avance extraordinario que no sólo va a responder a los familiares de las víctimas, sino también a este país, que con tropezones quiere avanzar a la democracia. No habrá democracia si no hay respeto a los derechos humanos fundamentales".

Por separado, Fabián Sánchez Matus, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que la propuesta "es como una luz al final del camino", pero consideró necesario establecer criterios jurídicos más amplios que incluyan la participación de las autoridades federales en los casos de desaparición forzada. "Si la propuesta generada en la Suprema Corte sólo considera como un delito continuado el secuestro o la privación ilegal de la libertad, estaría aplicando un criterio limitado, ya que en el caso de la desaparición forzada también se encuentran involucradas autoridades federales, que no pueden recibir el mismo trato que los particulares que participan en este delito, porque su obligación es la protección del ciudadano".

Agregó que hasta el momento ni la Corte ni los jueces responsables de juzgar este delito han incluido todos los elementos jurídicos que en la materia se han generado a escala internacional, pues en el caso de tortura han señalado que ésta prescribe, cuando en el terreno internacional "se considera como un delito continuado, por las secuelas sicológicas que prevalecen".

Por lo que respecta al plan nacional para el respeto a los derechos humanos anunciado por la Procuraduría General de la República, organismos defensores de derechos humanos lo consideraron una "decisión unilateral por parte de la dependencia", a la que aconsejaron "reconsiderar su planteamiento, pues existe un compromiso del presidente Vicente Fox para que a partir de un diagnostico nacional elaborado por cuatro expertos internacionales se cree un plan nacional de derechos humanos que cuente con la participación de las ONG, a fin de generar un proceso lo más participativo posible".

Adelanta que a principios de 2004 consignará por los hechos del 68

Sea cual fuere la resolución de la SCJN, Carrillo continuará recibiendo denuncias

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

Sea cual fuere la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la privación ilegal de la libertad cometida contra Jesús Piedra Ibarra, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado seguirá consignando los casos, advirtió Ignacio Carrillo Prieto, titular de esa instancia.

''No se le puede decir a las mamás de Sinaloa que la fiscalía especial no consignó sólo porque la Suprema Corte dijo algo sobre Jesús Ibarra. Ellas podrían decir, Ƒy mi muchacho qué? Así es que yo, mis compañeros y yo, seguimos consignando", indicó.

Al reunirse con asambleístas de la Comisión de Derechos Humanos, Carrillo Prieto precisó que la fiscalía a su cargo ha iniciado 407 averiguaciones previas relativas a desapariciones forzadas y otros delitos, y 23 relacionados con los hechos de 1968 y 1971.

El fiscal descalificó la postura de juez cuarto de distrito de Monterrey, quien considera que el delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de Piedra Ibarra, por el que se responsabiliza al ex director de la Dirección Federal de Seguridad Pública, Luis de la Barreda Moreno; a Miguel Nazar Haro, creador de la Brigada Blanca, y a Juventino Romero, ex agente de la Policía Judicial de Nuevo León, es ''de consumación instantánea''.

''Es increíble... De todo el hemisferio occidental, yo creo que es el único que lo cree, y si estuviera en el hemisferio oriental, también sería el único creyente", señaló.

Indicó que se trata de un delito de comisión permanente o continua, que se comete momento a momento.

"El delito en agravio de Jesús Piedra Ibarra hoy se está cometiendo, como se está cometiendo en agravio de todos los que han desaparecido gracias a las malas artes y a la violación del orden jurídico de los agentes malos del Estado autoritario".

Manifestó que el resultado que se espera de la SCJN es, sin duda, la consignación de Nazar Haro, De la Barreda y Romero.

"Por respeto a la Corte, a la resolución que está pendiente, aguardamos; pero mis compañeros y yo tenemos preparados, una vez que esto se desatore, se resuelva, más de 10 consignaciones inmediatas. Hay conversaciones muy claras y resultados muy precisos que nos permiten, por allá de enero de 2004, consignar lo relativo al 2 de octubre de 1968.''

Por su parte los diputados locales de PRI, PAN y PRD coincidieron en la importancia que tendrá la resolución que tome la SCJN.

''(El fallo) podría garantizar históricamente que en esta parte de la historia de México no prevalezcan la impunidad ni el cinismo de quienes con el poder del Estado agraviaron a la sociedad", opinó el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, René Bejarano.

El líder perredista subrayó: ''estamos no sólo ante la importancia de la verdad jurídica, sino de la verdad histórica, porque el combate a la impunidad no puede interpretarse como el deseo de venganza, sino como el anhelo de justicia, que es muy diferente".