Ayer, en un fallo relevante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló las elecciones que para gobernador de la entidad se realizaron en Colima el pasado 6 de julio, en las cuales pudo comprobarse una indebida intervención del actual mandatario estatal, Fernando Moreno Peña, en favor del candidato priísta a sucederlo, Gustavo Vázquez Montes.

El fallo del TEPJF confirma las denuncias opositoras de que Moreno Peña violó el artículo 59 de la constitución colimense, precepto que le ordena abstenerse de interferir en los comicios y que sanciona un involucramiento de esa naturaleza con la anulación de la elección.

Cabe recordar que, desde antes de la jornada electoral referida, diversos partidos en la entidad, particularmente el de la Revolución Democrática y Acción Nacional, señalaron que el todavía gobernador hacía campaña -en forma abierta y de muchas maneras- para inflar el caudal de sufragios de Vázquez Montes. Según resultados oficiales dados a conocer después de los comicios, el aspirante oficial venció a su contrincante panista por una diferencia mínima de 14 mil votos e inclusive llegó a recibir una constancia de mayoría del instituto electoral del estado.

La resolución referida, que invalida tales resultados, constituye un avance importante en la perspectiva de erradicar cacicazgos locales en los que aún se refugia, de manera preponderante pero no exclusiva, la incultura del fraude y la manipulación de la voluntad ciudadana.

Es pertinente recordar que hoy hace un mes el máximo tribunal electoral cometió un error gravísimo al convalidar los resultados de los comicios en la delegación Miguel Hidalgo, con todo y que quedó demostrado que tanto el entonces candidato panista y ahora jefe delegacional, Fernando Aboitiz, como su contrincante perredista, Agustín Barrios Gómez, habían rebasado el límite legal para los gastos de campaña. En lugar de anular la elección, como habría debido hacerse, el TEPJF consideró -equivocadamente- que tales delitos electorales no alteraban el sentido del voto popular.

La determinación de ayer no sólo restablece la legalidad electoral rota en Colima, sino que constituye una descalificación implícita al fallo anterior del propio tribunal. Cabe esperar que, conforme se consolide la legalidad de los procesos electorales en el país, los actos judiciales orientados a hacerla valer se realicen con criterios uniformes y parejos.

En lo inmediato, cabe esperar que la resolución de ayer resulte aleccionadora para todas las fuerzas políticas y, en particular, para los priístas colimenses, así como que en los próximos comicios extraordinarios a celebrarse en Colima las autoridades y los partidos se comporten con total apego a las leyes que rigen los procesos electorales.