México D.F. Jueves 30 de octubre de 2003
Solicitará apoyo de la Interpol y la AFI para evitar que se sustraigan a la justicia
Va la PGJDF tras dueños de PubliXIII
Podría llegar a $80 millones el monto defraudado Buscará embargar bienes de la firma
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) podría solicitar el apoyo de la Interpol y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) para ubicar a los dueños y apoderados de la empresa PubliXIII, presuntos autores de un cuantioso fraude, y evitar que se sustraigan a la acción de la justicia; además se buscan mecanismos que puedan ayudar a embargar los bienes de los implicados y garantizar el daño patrimonial de los afectados, que suman más de 2 mil personas en esta ciudad.
Así lo comentó el fiscal de Delitos Financieros de la PGJDF, Juan Carlos Rincón, quien junto con la subprocuradora de Servicios a la Comunidad de la Profeco, Gabriela Hernández, se reunió con los diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa.
Rincón Sánchez destacó que se investiga a siete personas relacionadas directamente con la operación de la empresa, mientras que se giró orden de presentación contra José Luis González González, principal accionista; Raquel Romero Rosas, y uno de los representantes legales.
El funcionario de la PGJDF precisó que en los últimos 15 días recibieron 162 denuncias que incluyen a 2 mil 142 defraudados, cuyo monto de afectación es de 20 millones de pesos, aunque "podría llegar" a 80 millones. Todo esto, dijo, lo causaron José Luis González y Raquel Romero, al crear PubliXIII con sólo un capital de 50 mil pesos.
A su vez, Gabriela Hernández indicó que se recibieron quejas en 34 de sus oficinas localizadas en 22 entidades, las cuales se incrementaron 500 por ciento entre finales de 2002 y lo que va de 2003.
Coincidió con el fiscal en que los directamente responsables "no han querido dar la cara" ni han respondido a los requerimientos de las autoridades. No obstante, añadió, la Profeco continúa alertando a la gente y asesorando a los afectados, y recuperó 15 millones de pesos.
La subprocuradora mencionó que el argumento de la empresa es que no puede cumplir con la entrega de los autos porque los anunciantes le dejaron de pagar. A pesar de ello dijo que no se ha clausurado ninguna de las sucursales que tiene en varios estados para evitar que sea utilizado como argumento para que evadan reparar los daños.
Los diputados Alfredo Hernández, Andrés Lozano, Julio César Moreno, Mónica Serrano, Claudia Esqueda, Gerardo Villanueva, Arturo Escobar, Héctor Guijosa, José de Jesús López y Rigoberto Nieto coincidieron en que es necesario enviar el mensaje a la sociedad de que se está actuando en este caso y se cierran los caminos a esas defraudaciones.
Destacaron que la reunión servirá para proponer cambios a diversos ordenamientos, como los códigos Penal y Civil, las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Desarrollo Urbano para desterrar esas prácticas fraudulentas, que "por el paso que lleva 'se asemeja' al de las cajas de ahorro populares".
Sobre el caso, el procurador Bernardo Bátiz no descartó que la gente que ya recibió su carro pueda perderlo, pues la compañía los compró en abonos a empresas o agencias automotrices, que "van a tener que cobrar el adeudo o recuperar los vehículos".
Con todos los elementos que se van acumulando en la investigación, el procurador consideró que deja de parecer un incumplimiento de contrato y apunta a un fraude, puesto que la empresa sólo actuó como intermediaria, a la que sus clientes pagaron el enganche pero el dinero nunca llegó a los proveedores.
Por otra parte, cerca de 400 afectados por la empresa, resguardados por un camión de granaderos y patrullas de la SSP, realizaron una asamblea afuera del edificio, en avenida Cuauhtémoc. Ahí Guillermo Vanegas y el abogado Francisco Martínez dijeron que avanza la integración de la asociación civil.
También informaron que el próximo lunes se realizará una reunión con los ejecutivos de la firma, la cual fue ofrecida por medio de un cartelón pegado en la puerta del edificio que ocupa la empresa. RAUL LLANOS, GABRIELA ROMERO, ANTONIA ESQUIDE Y SUSANA GONZALEZ
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