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México D.F. Jueves 30 de octubre de 2003

Destitución de magistrados

Yucatán: retomarán diputados albiazules la experiencia de BC

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 29 de octubre. La bancada panista en el Congreso de Yucatán, con apoyo de los diputados independientes Manuel Avila Noh y Félix Paat Alcocer, pretende someter a juicio político a cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), como hizo el Poder Legislativo de Baja California, que por dicho procedimiento este lunes inhabilitó a 12 magistrados -nueve de ellos retirados- para ocupar cargos públicos durante un promedio de cinco años. Según la fracción de Acción Nacional, los togados locales actuaron erróneamente en el caso de Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de cárcel por asesinar a su esposa Flora Ileana Abraham Mafud en 1995.

El titular de la Comisión Permanente de la Legislatura estatal, Miguel Angel Pat Xuluc, de extracción albiazul, afirmó que lo acontecido en Baja California "sienta un precedente nacional e histórico, en el cual un poder constitucional sí puede intervenir y sancionar a otra instancia similar''. Añadió que los 12 legisladores locales de Acción Nacional, junto con los independientes Avila Noh y Paat Alcocer -ambos ex priístas-, analizan el inicio de juicios políticos contra cinco de los seis integrantes del TSJE.

El mes pasado los abogados Rubén Bolio Pastrana y Marco Cerón Ruiz, defensores de Medina Millet, presentaron ante el Congreso estatal una solicitud de juicio político contra los magistrados Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia, Ligia Cortés Ortega, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Mercedes Pérez Fernández, a quienes imputaron ''bloquear la impartición de justicia'' e impedir la liberación del ex empresario.

Al respecto, Pat Xuluc informó que la bancada panista pidió informes a su similar de Baja California para estudiar el caso y proceder, en su momento, con la querella contra los ministros yucatecos.

A su vez, el presidente del Poder Judicial del Estado, Angel Prieto Méndez, declinó opinar al respecto ''hasta que conozca bien el procedimiento'' seguido por el Congreso bajacaliforniano, si bien aseguró que ''el caso de Yucatán es distinto''.

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