Argumentan que el juez Flores Rodríguez violó sus garantías constitucionales

Buscan ampararse los 6 ciudadanos de origen vasco que España solicita en extradición

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Los seis ciudadanos de origen vasco que enfrentan desde julio pasado un juicio de extradición a España por presuntos vínculos con ETA solicitaron un amparo contra el juez segundo de distrito en materia penal, José César Flores Rodríguez, quien opinará en su momento si procede o no el envío al país ibérico de los seis detenidos, entre los que se encuentra un mexicano.

Según consta en el juicio de amparo 2127/2003, al que tuvo acceso La Jornada, la abogada de los seis acusados, Bárbara Zamora, solicitó la protección de la justicia federal en favor de sus clientes, porque el juez Flores Rodríguez habría violado sus garantías constitucionales al no admitir varias pruebas que demostrarían que España no ha cumplido con todos los requerimientos del tratado de extradición con México.

Asimismo, la litigante considera que al haber rechazado algunas pruebas "fundamentales", el juzgador de la causa dejó en "estado de indefensión" a los quejosos.

El recurso fue admitido ayer por el juzgado quinto A de amparo en materia penal, el cual de entrada negó la suspensión provisional que solicitó la litigante, y fijó para el próximo 24 de noviembre la audiencia constitucional en la que se analizará el fondo del asunto -si el juez penal debe o no admitir las pruebas que rechazó en su momento- en presencia de la abogada.

Las pruebas

Entre las pruebas que la defensora de José María Urquijo Borde, Ernesto Alberdi Alejalde, Félix Salustiano García, Juan Artola Díaz, María Asunción Gorrotxategi y Asier Arronategui Duralde presentó al juzgado segundo de distrito y que no admitió el juez Flores Rodríguez, con el argumento de que "no eran conducentes", se encuentran algunos documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración y por las empresas en las que laboraban los ciudadanos de origen vasco antes de ser detenidos por la Agencia Federal de Investigación, el pasado 18 de julio.

Respecto a los documentos otorgados por las compañías en que trabajaban los ahora detenidos, la abogada Zamora cuenta con oficios certificados en los que se prueban los ingresos que obtenían, así como el tiempo que llevaban laborando en las empresas registradas en nuestro país.

Por ejemplo, en el caso de Asunción Gorrotxategi, la defensa tiene en su poder un oficio de migración que le fue enviado a esa persona varios años atrás. Se trata de la autorización del gobierno mexicano para que Gorrotxategi radicara en territorio nacional, bajo la condición de que tendría que depender económicamente de su esposo Juan Artola Díaz, otro de los vascos que fueron pedidos en extradición por el juez español Baltasar Garzón.

Según la abogada de los vascos, con la prueba anterior se puede demostrar que Gorrotxategi no tenía posibilidad alguna de integrar una supuesta red financiera que se habría creado en México mediante varias cuentas bancarias, para "inyectar" recursos a la organización vasca ETA, porque ella no tenía permiso de manejar en nuestro país cuentas bancarias, y dependía totalmente de su marido.

En el expediente del citado juicio de amparo destaca el caso de Asier Arronategui Duralde, quien de los acusados es el único que obtuvo (en 1996) su carta de naturalización como ciudadano mexicano. El juez Flores Rodríguez rechazó como prueba algunos documentos expedidos por la empresa en la que laboraba el mexicano, así como varios boletos de avión que cubrían la ruta ciudad de México-Madrid, y que tenían fechas posteriores al día en que fue detenido.

Con los boletos de avión la abogada demostraría que su cliente nunca ha intentado huir de la justicia española -como se asegura en la petición formal de extradición que envió el juez Baltasar Garzón al gobierno mexicano-, pues pretendía regresar a su lugar de origen en compañía de su esposa y sus hijos mexicanos, pero antes de que eso ocurriera fue detenido por la policía de nuestro país.

Como se recordará, el gobierno de España considera a los seis vascos como miembros de ETA, y los acusa de asociación en banda terrorista, blanqueo de capitales (lavado de dinero), operaciones financieras con recursos procedentes de actividades terroristas y falsificación documental, delitos previstos en el código penal del país ibérico.