Luis Martínez

Una mirada al Paraje San Juan

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha olvidado de que su tarea está encuadrada en la sentencia latina: Jus Semper Loquitur y ha decidido entrar en la arena política, acusando de populista a Andrés Manuel López Obrador y nos ha regalado una parrafada metafísica que a la letra dice: "una libertad que no es guiada por los criterios que se obtienen por la inteligencia, corre el riesgo, el terrible riesgo de ser manipulada por quienes quizá (no) sin sagacidad, utilizan sus propios objetivos para finalmente, incluso, dar apariencia de una democracia propulista en (la) que (pareciera que) es el pueblo el que finalmente decide qué es lo correcto. Y estaremos sólo ante la ficción, porque ese pueblo no será sino un conjunto de seres manipulados que, finalmente, dan (la) apariencia de (haber tomado) una decisión de todo el pueblo, cuando en realidad no son sino (el) reflejo de aquellos que hábilmente los han sabido panipular" (sic).

Se olvida el ministro presidente que la soberanía radica en el pueblo mexicano que supuestamente ha caído en una especie de seducción del "caudillo populista". El conflicto del Paraje San Juan no solamente lo es de carácter legal, sino que lo es también de carácter político y además de interpretación constitucional. No se trata de una sentencia judicialmente firme o definitiva, por lo que tanto la Suprema Corte tiene que suplir, si la hubiera, la deficiencia de la queja, y con base en el artículo 97 constitucional designar a un ministro, a un magistrado o a un juez de distrito para averiguar si existe alguna violación de orden jurídico.

Sostiene el jurista Alvaro Cepeda Neri que la Corte no quiere agotar el recurso que, en un caso de la magnitud del conflicto, la obliga a ordenar una investigación exahustiva de la conducta judicial del juzgador y de todo el procedimiento documental. La sociedad mexicana, individualmente y de una manera directa o indirecta, desconfía del sistema de impartición de justicia, a partir de sus experiencias con la misma policía, los agentes del Ministerio Público y las instancias de los tribunales hasta llegar a la misma Suprema Corte. En el escándalo que tiene comprometido a López Obrador, al menos una gran cantidad de ciudadanos no están seguros de que la sentencia-sanción sea imparcial y que hasta puede haber una maniobra política. La única manera de echar abajo esas dudas es investigar lo que está denunciando López Obrador, para ver si éste está mintiendo o si en verdad la resolución es un claro abuso del Poder Judicial.

Está claro, no tiene constitucionalmente la personalidad jurídica López Obrador, por no ser gobernador, para solicitar la creación de una comisión que investigue todo el galimatías del Paraje San Juan, pero la Corte tiene la posibilidad de interpretar que el jefe de Gobierno representa a millones de ciudadanos que habitan en la capital del país y lo que está en juego es una indemnización de mil 810 millones de pesos.

La Corte y su ministro presidente deben proceder, de acuerdo con el 97 constitucional, a la revisión, que se investigue la resolución del Paraje San Juan, no tanto porque la queja la haya presentado López Obrador, sino porque es de interés público para la sociedad mexicana, y dejar a un lado la metafísica absolutista, que descalifica sin juzgar y aceptar la concepción filosófica que presupone la democracia, en el relativismo, porque como dice Hans Kelsen, la democracia concede igual estima a la voluntad política de cada uno, porque todas las opiniones políticas son iguales para ella y a todas se les concede la posibilidad de manifestarse y de conquistar las inteligencias y voluntades humanas en un régimen de libre concurrencia y porque en un Estado de derecho la política es transaccional, del mismo modo que el relativismo procura la compensación de puntos de vista contrapuestos, ninguno de los cuales se puede aceptar íntegramente y sin reservas y menos con la negación completa del otro.