En oficios al gobernador de Sonora, cada uno rechaza el pago de $20 mil 460 mensuales

Renuncian a la pensión vitalicia 2 ex funcionarios de López Nogales

La Contraloría analiza los 36 casos porque no confía en que los beneficiados cubran requisitos

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 28 de octubre. Dos de los seis ex secretarios estatales de la pasada administración a quienes se concedieron pensiones vitalicias -lo mismo que a otros 30 funcionarios- renunciaron a la remuneración. Dichas prebendas fueron resultado de un decreto que el ex gobernador Armando López Nogales emitió durante los últimos tres meses de su gestión.

En oficios dirigidos al actual gobernador, José Eduardo Robinson Bours Castelo, el ex titular de la Secretaría de Fomento Ganadero, Leocadio Aguayo Aguilar, y el ex procurador general de Justicia, Miguel Angel Cortés Ibarra -consuegro de López Nogales-, renunciaron de manera formal al pago de las pensiones por 20 mil 460 pesos que recibirían mensualmente.

"De manera expresa e irrevocable, rehúso y renuncio formalmente a recibir la pensión aludida, para todos los efectos legales a que haya lugar", estableció Cortés Ibarra en su escrito, similar en términos a los que usó en su oficio Leocadio Aguayo.

Al respecto, la Contraloría General de Sonora dijo confiar en que en los próximos días seguirán el ejemplo los anteriores secretarios de Educación y de Gobierno, Víctor Galindo Sánchez y Genaro Encinas Ezrré, respectivamente, así como el ex contralor, Guillermo Balderrama Noriega, y el ex titular de la Policía Judicial, Manuel Emilio Hoyos.

La dependencia añadió que al momento analiza caso por caso las 36 pensiones vitalicias que otorgó la administración de López Nogales, pues no descarta que la mayoría de los beneficiarios carezcan de los requisitos legales establecidos para acogerse a este beneficio.

Investigarán diputados apoyos a etnias

En otro contexto, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local abrió una investigación sobre el destino de los 20 millones de pesos presupuestados este año para las etnias de la entidad, que no se proporcionaron a los ocho pueblos yaquis asentados en el sur de Sonora.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Patricia Patiño, quien además funge como vicepresidenta de la citada comisión, informó que "de oficio" la Legislatura local debe retomar la denuncia que públicamente hicieron los gobernadores de los ocho pueblos yaquis.

Añadió que ante la situación se iniciarán pesquisas para conocer el paradero de los citados recursos, contemplados para entregarse a las etnias sonorenses durante el presente ejercicio fiscal, y que según los yaquis no se les entregaron.