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México D.F. Miércoles 29 de octubre de 2003
Luis Linares Zapata
"Rectoría del estado"
El Comité Político Permanente (CPP) del PRI ha dado una muestra palpable y sin tapujos de su incapacidad para hacer vigente eso que sus integrantes llaman, engoladamente, la "rectoría del estado" Así, escrito con minúsculas y entre comillas, la conducción que implica tan encumbrado concepto se desvanece en un hueco eufemismo para que, tras su parapeto y en su nombre, se cobije al capital trasnacional en su rudo cometido de penetrar, hasta adueñarse, de la industria eléctrica mexicana por cualquier medio disponible. La reforma para este sector, que tanto se empuja desde las cumbres donde habitan ciertas elites, encuentra su verdadera definición en la intentona de normalizar "hechos consumados", en evitar la simulación, alegan otros, o en dar "seguridad jurídica" a los que infringieron la ley. ƑCómo mantener rectoría de una industria por demás intrincada en sus tecnicismos y controles, enorme por sus alcances e interconexiones mundiales, boyante por sus ingresos y vital por sus consecuencias, y regulada por un organismo burocrático? Sobre todo cuando tal engendro estaría subordinado a un poder formal capaz de infringir reglas, emitir leyes y decretos contrarios a la Constitución y subrepticiamente abrirle los espacios que solicita sin escatimar mentiras y amenazas. El postrer bastión efectivo que todavía se interpone entre los designios de esos dirigentes políticos, afines al proyecto privatizador de los grandes intereses trasnacionales, y la defensa de, al menos, un resquicio de autonomía nacional, lo forman el conjunto de senadores del institucional que no han sido doblegados por tan poderoso grupo que forman las grandes empresas de la energía en el mundo.
El CPP del PRI delineó, en forma unánime, un conjunto de posturas para arrojarlas ante el conjunto de sus militantes, pero con especial dedicatoria para los legisladores de ese instituto político. Quisieron alcanzar, los conductores de ese que es en realidad un comité ad hoc a sus designios, varios fines con una misma zancada. Primero, sacarle la vuelta al Consejo Político Nacional y a la Asamblea General. Organos legítimos de todo derecho reglamentario para hacerle frente a sus preferidos cambios estatutarios. Sólo pasando por tales filtros deliberativos y decisorios se le daría, al proyecto privatizador, la legitimidad partidista necesaria. Pero, fieles a esa tradición chicanera tan usada, encontraron un medio distinto para casi lograr su cometido, tal y como lo anunciara, hace ya días, el ujier madracista Miguel Angel Yunes. También tratan, los conductores del CEN priísta, de alentar la revuelta de algunos legisladores indecisos o indiferentes sobre quienes despliegan la pesada línea del CPP. De esta singular manera se busca aislar a esos otros que califican de necios senadores. Priístas que mantienen sus hallazgos y visiones muy a pesar de las enormes presiones ejercidas sobre ellos. Se quiere, antes del año electoral que entra, quebrarles la voluntad de independencia. Pero esa necedad que se les achaca como defecto es, por el contrario, una actitud informada hasta el mínimo detalle, una toma de postura que quiere preservar la productiva y crucial industria eléctrica en las manos de los mexicanos. Manos que, hasta ahora, la han sabido desarrollar para beneficio de la fábrica del país y del modo de vida propio.
Pero el frenesí privatizador de los dirigentes nacionales no repara en puntos rigurosos y determinantes. Piensan, los involucrados en tal aventura, que así ganarán prestigio y apoyos entre los núcleos de poder externo, recibirán beneplácitos para sus ambiciones y lavarán cara frente a sus correligionarios. No se arredran ante experiencias similares que han sido por demás desastrosas. El caso argentino es simplemente patético para los consumidores, y para constatar la falsedad de las cuantiosas inversiones prometidas. Sólo en fechas recientes piensan, un tanto, en la conducta y necesidades de sus electores, y aunque el 2006 todavía les parece lejano, imaginan que con un cacho de habilidad retórica podrán neutralizar cualquier efecto negativo que les saliera al paso.
Anticipándose al barullo provocado por el CPP, Roberto Madrazo develó su postura personal ante la reforma eléctrica que patrocina el presidente Fox. No lo hizo ante los priístas, sino ante aquellos que, él espera, puedan darle cuerpo y recursos a sus aspiraciones presidenciales: un nutrido grupo de empresarios regiomontanos. Madrazo propuso abrir la industria eléctrica a la participación de capitales privados, acto que está, precisamente, prohibido por la Constitución y por los documentos básicos de su partido, el mismo que él parece dirigir. Y lo hizo sólo unos momentos antes de que ese cómodo instrumento se reuniera para emitir sus enroscados lineamientos. Madrazo, y con él la actual directiva del PRI, no acepta el riesgo de someterse a foros solemnes y difíciles de controlar. En ellos, el resultado estaría en manos de muchos a los que se les tiene miedo enfrentar a campo abierto.
Pero Madrazo se ha cubierto las espaldas. Alega que no se trata de privatizar la CFE. También propone mantener la rectoría del servicio en manos del Estado. Y de esta heroica manera evitar la acusación de neoliberal y recibir el apoyo de los grupos de presión que pujan por los cambios constitucionales como único camino para desbrozar la ruta que mejor promueva sus masivos intereses. Muchos priístas de renombre están convencidos que el voto de aprobación a las empresas trasnacionales, que persiguen el botín eléctrico, es esencial para conseguir la candidatura de su partido, primero, y la Presidencia, después. El arraigado sentimiento de pertenencia, de afianzamiento de capacidades, de legítima propiedad de una enorme fuente de riqueza social que tienen millones de mexicanos, no les preocupa. Por eso Madrazo ya perdió su anterior feudo tabasqueño y, después del rechazo que recibirá del Senado, sus posibilidades se achicarán hasta lo por ahora impensado por él.
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