So pretexto del terrorismo, se presiona a reporteros para que se vuelvan delatores

Vulneran en EU libertad de prensa

JENARO VILLAMIL

A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos no ha respetado la legislación sobre el secreto de las fuentes y existe "un alto riesgo de que los periodistas se vuelvan delatores", así como que se vulneren las 150 leyes que existen al respecto en 34 estados, destacó la abogada Lucy Dalglish, representante del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa de Estados Unidos.

Entrevistada por La Jornada, Dalglish señaló que actualmente existe un número "sin precedentes" de demandas contra periodistas para que revelen sus fuentes. Autocrítica, reconoce que los medios estadunidenses "tardaron mucho en darse cuenta de que había violaciones" y el cierre de acceso a la información. En el último año, afirmó, el comité ha tenido muchos casos de violación al secreto profesional en Chicago, Texas, Ohio y Washington.

El caso más importante es el del ciudadano Wen Ho Lee, un científico acusado en 1999 de espionaje por el gobierno estadunidense y que ahora contrataca demandando por daños y perjuicios al Departamento de Justicia y al Departamento de Energía, a cuyos miembros acusa de haber divulgado informaciones confidenciales a reporteros. El pasado 14 de octubre, el juez Thomas Penfield Jackson, del Tribunal Federal de Washington, ordenó a un grupo de cinco periodistas que investigaron el caso Wen Ho Lee que revelen sus fuentes al abogado de este último.

Los periodistas afectados por esta orden judicial, sin precedentes en la historia estadunidense, son Jeff Gerth y James Risen, del diario The New York Times; Robert Drogin, de Los Angeles Times; H. Josef Hebert, de la agencia Associated Press, y Pierre Thomas, que trabajó para la cadena televisiva CNN.

Según la sentencia, el magistrado Jackson consideró que Wen Ho Lee tiene derecho a saber quién, en el Laboratorio Nacional Los Alamos, fue el autor de la fuga de información que llevó a que los medios de comunicación lo acusaran de espía. Según el juez "sería fútil afirmar que la primera enmienda da derecho al periodista o a sus fuentes a violar leyes criminales para proteger la información".

De acuerdo con Lucy Dalglish, este caso "probablemente puede sentar precedente jurídico", pero se realizará una apelación en Columbia. "Es el primer caso en donde hay tantos periodistas involucrados", añade. Subraya que, al parecer, "algunas de las fuentes exageraron en la identidad de Lee (como supuesto espía), escudados en el secreto de la información". Sin embargo, añadió la también ex reportera, este riesgo que se corre al no corroborar con otras fuentes el origen de la información no puede servir de pretexto para violar el secreto profesional.

El pasado 16 de octubre, la organización Reporteros sin Fronteras reveló en un comunicado que su secretario general, Robert Menard, declaró ante la orden del juez Jackson que "el secreto de las fuentes constituye la piedra angular de la libertad de prensa. Obligar a los periodistas a revelar sus fuentes significa cuestionar un fundamento del periodismo de investigación esencial para la democracia". Menard envió una misiva al juez Jackson pidiéndole que reconsidere su decisión.

Además de este caso, que ha generado una fuerte reacción en el gremio periodístico de Estados Unidos, Dalglish menciona la situación de una periodista que pasó 168 días en una cárcel de Texas por negarse a revelar sus fuentes.

Explicó que el origen de estas nuevas presiones sobre la prensa radica en el convencimiento de funcionarios del gobierno de George W. Bush, como Richard Cheney, Donald Rumsfeld y el procurador John Ashcroft, quienes creen que en los últimos 30 años el Poder Ejecutivo estadunidense ha cedido mucho poder "e intentan recuperar esos viejos privilegios, y uno de ellos es el de la confidencialidad de la información.

"Con los atentados del 11 de septiembre se dio una justificación más fácil" para cerrar el acceso a la información. Bajo el "disfraz del patriotismo", subraya Dalglish, se han cometido muchos abusos no sólo contra los periodistas. Cita el caso de mil 200 ciudadanos de origen árabe arrestados arbitrariamente, así como los 600 o 700 detenidos en la cárcel de Guantánamo sin derecho a tener un abogado.

"De repente todo mundo se preguntó qué está pasando, si todos tenemos derecho a tener un abogado por qué esos ciudadanos no. Ashcroft justificó estas arbitrariedades señalando que si los periodistas revelábamos la información, los terroristas sabrían", explicó Dalglish.