Ricardo García Sainz

El ISSSTE: de institución social a financiera

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, confirmó su propósito de enviar en estos días a las cámaras el proyecto de nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para ser dictaminada por las comisiones correspondientes. En caso de ser aprobada, entrará en vigor a partir del próximo ejercicio fiscal. El secretario confirmó que el proyecto de nueva ley es el mismo que desde hace unas semanas fue entregado a los directamente afectados y filtrado a los grupos interesados en la marcha de la seguridad social.

Esta decisión del Ejecutivo es un paso más, en esta ocasión de gran importancia por la dimensión y naturaleza del ISSSTE, en la destrucción de las instituciones nacionales, en el proceso de desmantelamiento de la medicina social hasta donde ésta resulte atractiva al mercado, en la degradación del modelo de atención a la población de baja capacidad contributiva y en el incontenible proceso neoliberal de privatización de las pensiones al ser entregadas a las administradoras de fondos para el retiro (Afore). La confianza de la alta burocracia en las instituciones nacionales y en el ISSSTE en particular, la confirma la asignación presupuestal del seguro de atención médica privada, obviamente con cargo a los recursos colectivos, en favor o para vergüenza de los medianos y altos funcionarios al servicio de la Federación.

El proyecto filtrado tiene tres aspectos inadmisibles, mediante el otorgamiento de un bono que reconoce y corta los derechos acumulados, reduce el valor real de las pensiones que recibirán los actuales trabajadores a la mitad de lo que recibirán sin reforma, el tamaño del recorte desde luego varía en razón de los años trabajados y del tiempo que falta al burócrata para su jubilación. El segundo inadmisible aspecto de la reforma es entregar este empréstito obligatorio, que ha sido impuesto con el nombre de ahorro a los trabajadores mexicanos, a las Afore que ya han acreditado con creces sus graves deficiencias estructurales, altos costos de administración con cargo al valor de las pensiones, disminución del valor real de las pensiones hasta el extremo de que aquellas que se obtengan por salarios de hasta tres veces el mínimo, quedarán cubiertas por la llamada mínima garantizada por el gobierno, asunción por el trabajador de los riesgos del mercado entre los que ocupan lugar preponderante los abusos y corruptelas de los administradores. El mecanismo de las Afore y la fórmula de la reforma a la Ley del ISSSTE actualiza pasivos contingentes con cargo al magro, cada vez más flaco, presupuesto federal y ocasiona el indeseable efecto concentrador de recursos en manos de tres o cuatro trasnacionales que ya enfrentan dos problemas: insuficientes campos de inversión y baja en las tasas de rendimiento que afectan a los futuros pensionados por la caída del valor real de las pensiones, compuestas por las aportaciones más rendimientos de las inversiones, y reducidas por las jugosas comisiones.

Clara manifestación del propósito desmantelador de los servicios médicos solidarios por el gobierno federal, con el consentimiento del IMSS y de sus órganos de gobierno, es el incumplimiento por sexto año de la obligación establecida en el artículo 12 transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, de cubrir las prestaciones de los trabajadores jubilados por el IMSS y de los que se jubilen al amparo de la ley derogada en 1997. Inexplicablemente Santiago Levy, en su informe al Ejecutivo y al Congreso, consigna como una de las causas del desplome de los servicios médicos institucionales el costo creciente de la atención a los jubilados y a sus familias, costo que debe, en los términos de la ley, estar cubierto por la Federación. Con la complacencia del Consejo Técnico, la Federación no cubre nada. Esta voluntad depredadora se confirma con la omisión en el proyecto de recuperar la calidad de los servicios médicos en el ISSSTE, cuando el incremento de recursos puede darse mediante fórmulas tan naturales como establecer la cotización sobre salario integrado, como ocurre con todos los demás asegurados y contribuyentes fiscales, y no sobre el salario cuota diaria.

El proyecto de reforma se presenta en muy mal momento porque se dará en el ámbito legislativo al mismo tiempo que la reforma fiscal, que impondrá nuevas cargas, y el de la reforma eléctrica, que también privatiza y debilita o destruye instituciones nacionales, como recomienda el neoliberalismo tan desprestigiado en los últimos tiempos. Es asimismo muy mal momento porque hace escasos 15 días el gobierno federal fracasó en la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, posponiendo su revisión hasta marzo próximo. Debe destacarse que esta revisión, que motivó grandes movilizaciones sociales, sólo afectaba los derechos de sus futuros trabajadores, en contraste con lo que se propone para el ISSSTE, que afecta a los actuales. Es difícil imaginar, en el más optimista de los escenarios, que los trabajadores al servicio del Estado y los maestros la admitan con resignación.

A mi juicio, esta reforma no pasará en el Congreso de la Unión. Sin embargo, lo grave es que no se resolverá el problema de fondo, la destrucción gradual de la medicina social y la falta de equidad de los regímenes vigentes de pensiones, unas por insuficientes, otros por estar sin sustento que garantice su permanencia.

Hay que modificar las realidades vigentes en seguridad social, pero no es posible hacerlo desde la Secretaría de Hacienda, cuyo criterio financiero y sus propósitos son distintos a los de brindar servicios médicos solidarios, eficientes y oportunos, iguales a toda la población amparada, y cubrir pensiones dignas y sustentables.