La falta de regulación permitió nombrar a su sucesor

El ex auditor Guerrero Pozas fue destituido de modo legal: SCJN

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Con una votación de ocho a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Gregorio Guerrero Pozas, ex auditor superior de la Federación, al considerar que la Cámara de Diputados actuó de manera legal al no ratificarlo en el cargo que ahora desempeña Arturo González de Aragón.

El ex presidente de la SCJN Genaro David Góngora Pimentel fue el único ministro que consideró que el órgano del Poder Legislativo no actuó de manera correcta y, por tanto, el máximo tribunal del país debería amparar al ex funcionario federal. Sin embargo, su propuesta fue rechazada de manera contundente por los otros ocho ministros que ayer participaron en la sesión de pleno.

La SCJN determinó, con base en la propuesta de sentencia que propuso el ministro Juan Silva Meza, que la Cámara de Diputados despidió a Guerrero Pozas ejerciendo una facultad discrecional que no está regulada y que tiene que ver con el hecho de que se deba seguir algún procedimiento para ratificar o retirar de su cargo al titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Durante una sesión pública que duró poco más de 30 minutos, pero que se llevó más de dos horas a puerta cerrada, los nueve ministros presentes en la sala de audiencias dieron a conocer su posición en torno al amparo en revisión 315/2003, por medio del cual Guerrero Pozas solicitó al máximo tribunal del país que echara abajo los procedimientos mediante los cuales fue removido de su cargo en noviembre de 2001, a pesar de que había sido contratado para estar en su puesto durante ocho años y fue despedido por una decisión política.

Guerrero Pozas argumentó en su solicitud de amparo haber sido objeto de violaciones a sus garantías de audiencia y falta de legalidad en su remoción.

Sin embargo, los ministros consideraron que al no existir regulación algu- na en cuanto a su permanencia en el cargo, la Cámara de Diputados actuó de manera legal, ya que "la falta de regulación permitió de manera válida, lisa y llana, nombrar a otro auditor superior de la Federación, toda vez que el ex funcionario únicamente tiene la calidad de trabajador de confianza y no goza de estabilidad o inamovilidad en el empleo", expuso el ministro Silva Meza.