Secreto a voces ayer en Palacio Nacional, durante la convocatoria a la convención hacendaria

Remota, la posibilidad de una reforma constitucional en materia eléctrica

Las adecuaciones fiscales sólo podrán concretarse hasta agosto de 2004, se comentó

JUAN MANUEL VENEGAS Y ALONSO URRUTIA

Más allá de los discursos y las promesas entre priístas, panistas, perredistas y el Presidente de la República para alcanzar ''acuerdos'', ayer en Palacio Nacional surgió información que apunta hacia el ''fracaso'' de la intentona foxista de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales para abrir la industria eléctrica a la inversión privada.

Por lo que hace a la reforma hacendaria, lo único que quedó claro es que será hasta agosto del próximo año cuando podrá concretarse... siempre y cuando se cumplan los compromisos de la Convención Nacional Hacendaria, que este martes se convocó.

En el caso de la reforma eléctrica, funcionarios del gobierno federal aceptaron, incluso, que ya se trabaja en la elaboración de una nueva iniciativa que deja fuera el proyecto de enmienda al texto constitucional en la materia. Fuera del protocolo y de los mensajes oficiales de unos y de otros, del lado oficial se notó el desencanto, pues se esperaba ''algo más'' de la pasada reunión de la Comisión Política Permanente del PRI.

Y mientras esto se comentaba con las reservas del anonimato, ya que -según dijeron los consultados- en los próximos días seguirán insistiendo en la posibilidad de que los priístas ''flexibilicen'' su posición, todos en el presidium, desde el titular del Ejecutivo hasta los presidentes municipales, festejaban haber establecido las bases y definido los temas para un ''nuevo, equilibrado y más equitativo'' federalismo, en una negociación que empezará en serio hasta el próximo 5 de febrero, cuando se inicie la convención.

Los compromisos

Porque lo de este jueves en Palacio Nacional fue eso: la convocatoria a una negociación en la que los actores políticos se comprometieron a incluir temas como la redefinición y reasignación de competencias, atribuciones y responsabilidades entre los órganos de gobierno; presupuesto y gasto público; redistribución de potestades tributarias conforme al ''nuevo'' federalismo; fortalecimiento de las finanzas públicas federales, estatales y municipales; simplificación de la legislación fiscal; deuda pública y financiamiento; banca de desarrollo y sistema pensionario; modernización y simplificación de la administración hacendaria, y colaboración y coordinación intergubernamentales.

La sesión plenaria de inauguración de trabajos tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de febrero de 2004; de acuerdo con lo que se prevé, los siguientes seis meses serán para la deliberación y el 31 de julio del próximo año ''se hará una declaración a la nación para dar a conocer el programa de nuevo federalismo y reforma hacendaria'', con base en las propuestas ''debidamente consensuadas'', incluyendo las relativas a reformas a la Constitución y a la legislación secundaria.

Así es que, de cumplirse con estos compromisos, la reforma fiscal y hacendaria que el gobierno del presidente Fox metió también a debate -y que ya ha provocado las primeras escaramuzas interpartidistas por la pretensión del sector priísta de Elba Esther Gordillo de gravar alimentos y fármacos-, deberá esperar por lo menos hasta agosto de 2004.

En su mensaje, el propio Fox hizo notar lo mucho que falta para concretarla: ''Sabemos que el proceso será complejo, (pues) su efectividad depende de la participación de múltiples actores, con perspectivas distintas, con intereses diversos''. A pesar de ello, confió en que ''con trabajo intenso y voluntad política habremos de poner siempre los intereses de la nación por sobre nuestras diferencias''.

La Comisión Política Permanente del Revolucionario Institucional rechazó el sábado pasado las reformas a los artículos 27 y 28, así como la privatización del sector eléctrico, no sólo mediante la venta de los activos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), sino también ''por la sofisticada vía de la segmentación y apertura de mercados libres que permita a particulares imponer condiciones ajenas al interés nacional''.

El órgano de decisión priísta se expresó únicamente a favor de ''modificar el marco jurídico vigente'' para terminar con la simulación de las empresas privadas que tienen plantas en el país, pero limitándolas en el porcentaje de generación de sus proyectos. El Estado debe mantener bajo su control la operación, transmisión y distribución de energía, señaló.

Consultados al respecto, algunos funcionarios del gobierno foxista indicaron que esa decisión ''frena'' los intentos para una reforma integral del sector. Se ve ''remota'' -aceptaron- la posibilidad de una reforma constitucional, como era la intención.

Lo que resultó de la reunión en el PRI ''no es suficiente, se queda corto'', comentaron. Lo que ''se requiere'' en materia de energía eléctrica, ''pasa necesariamente por la reforma constitucional'' y ante el rechazo del PRI (que tiene mayoría en el Congreso) para llevarla a cabo, ya se trabaja en la elaboración de una nueva propuesta más ''cercana'' a la alternativa priísta, expusieron.

No obstante, según dijeron, todavía ''tenemos algunos días'' para insistir en la reforma constitucional, pero en caso de no lograrse -como se prevé- en los primeros días de noviembre, el Ejecutivo podría presentar un nuevo proyecto de iniciativa, con la idea de avanzar en los puntos donde ya hay consenso, como es la regularización de las empresas que ya operan en el país en la construcción de plantas de generación de electricidad.

En Palacio Nacional, ayer, lo demás fue el festejo por haberse puesto de acuerdo en la convocatoria a la convención hacendaria. En ese tenor fueron los mensajes de los gobernadores, legisladores, alcaldes y, por supuesto, del Presidente.

Los temas, las bases y las reglas de la negociación que se inicia en febrero fueron firmados. Y se congratularon todos: ''Sólo el diálogo y el acuerdo explican que el día de hoy se establezcan las bases para celebrar la primera Convención Nacional Hacendaria. Nuestra responsabilidad ante el mandato ciudadano nos llama ahora a encontrar juntos los instrumentos fiscales que nos conduzcan a una sociedad más equitativa'', expuso Fox.

La convocatoria es una muestra de que ''con el diálogo se pueden solucionar los grandes problemas del país'', y con este ejemplo la convención ''derivará en una verdadera revolución administrativa'', confió el gobernador priísta de Chihuahua, Patricio Martínez. ''Estamos asumiendo una responsabilidad histórica'', alardeó el panista de Baja California, Eugenio Elorduy, mientras que el mandatario perredista de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, sostuvo que la convención será la oportunidad para ''cristalizar la reforma estructural que mayores beneficios llevará a los mexicanos''.

Siguieron el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar; Ana Rosa Payán, por la Conferencia Nacional de Municipios; Víctor Manuel Giorgana, por la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales, y los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, Juan de Dios Castro y Enrique Jackson. Todos con la misma promesa: ''quieren'' y ''buscan'' los acuerdos.