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México D.F. Martes 28 de octubre de 2003
El propósito es que reos recuperen la liberetad y no regresen a prisión, dice Batres
Aplicarán planes de estudio y de trabajo en nuevo penal
SUSANA GONZALEZ Y BERTHA TERESA RAMIREZ
La nueva cárcel de Santa Martha Acatitla, bautizada como Centro Juvenil de Readaptación Social Varonil y estrenada la noche del domingo con el traslado de los primeros 685 reos, quedará ocupada totalmente a principios del próximo año y para entonces se prevé también la inauguración del nuevo penal femenil en la misma zona, con capacidad para mil internas, informaron el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Gobierno, Martí Batres.
Los primeros ocupantes de la cárcel -vacía desde marzo pasado, cuando fue inaugurada y entregada al gobierno federal para los presos del fuero federal- son jóvenes que por primera vez delinquen y quedarán sujetos al Programa de Readaptación de Jóvenes Primodelincuentes que echó a andar el gobierno capitalino "para segmentar a la población penitenciaria y evitar que se contamine aquélla que es posible de readaptarse", mencionó Batres.
Según el funcionario, "el ciento por ciento de la población va a estar incorporada a programas de estudio, trabajo o capacitación en el nuevo penal; (porque) el objetivo es que salgan de la cárcel y no vuelvan a cometer ilícitos... El abanico es amplio: pueden hacer estudios de preparatoria o secundaria, capacitación para un oficio, artesanías o incorporarse a una industria penitenciaria. Cualquier opción que ellos deciden voluntariamente, pero sí tienen que tener una ocupación", señaló.
Hace un par de meses, cuando el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, se pronunció por acabar con la "cultura del ocio" en las cárceles a partir de una recomendación del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, el director de Prevención y Readaptación Social, Héctor Cárdenas San Martín, expresó que las autoridades no pueden obligar a los reos a estudiar o trabajar, ya que para ello se requerían reformas legales. Pero Batres rechazó lo anterior y dijo que "la readaptación es una necesidad y responsabilidad constitucional" y para el nuevo penal fueron contratadas 450 personas, entre maestros, psicólogos, antropólogos, médicos, abogados, custodios y personal administrativo, mientras que Angélica San Vicente Cisneros fue nombrada encargada de la dirección del centro.
Por lo pronto, la mitad de los reos que llegaron el domingo al nuevo penal, sobre todo los que estuvieron en los reclusorios Norte y Sur, ya estaban integrados al Programa de Readaptación de Jóvenes Primodelincuentes, y por lo mismo sabían que serían enviados a Santa Martha, dijo Batres.
Incluso los familiares de los reclusos supieron del traslado el mismo domingo, durante las horas de visita, aun cuando las autoridades pretendieron guardar silencio para evitar incidentes y posibles fugas, y se instrumentó un operativo con 200 policías preventivos en 80 patrullas y cuatro camiones costeros o de granaderos, así como 12 vehículos del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la procuraduría, además del personal de custodia de los reclusorios.
Los presos viajaron en seis camiones de RTP y la mudanza inició en el Reclusorio Sur a las ocho de la noche, del 26 de octubre, de donde salieron 76 internos; una hora más tarde partió otra caravana del Reclusorio Norte con 233 primodelincuentes y, por último, a las 11 de la noche salió el mayor contingente del Reclusorio Oriente, con 376 presos.
El subsecretario dijo que en noviembre serán trasladados otros 700, y luego, a principios de 2004, se harán otros dos traslados, hasta ocupar los 2 mil 326 lugares que existen en Santa Martha en dos edificios con capacidad para 728 presos cada uno, otro para 720 y 150 celdas individuales con cocineta y baños que aún no se determina por quienes serán ocupadas.
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