Magdalena Gómez

Una mirada a Colombia

Tuve la oportunidad de asistir al Congreso Latinoamericano sobre Justicia y Sociedad, promovido por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales y un conjunto de universidades, del 20 al 24 de octubre en Bogotá. Aca-démicos de distintas áreas dimos cuenta de los claroscuros de la democracia y la justicia en nuestros países, destacando el papel del derecho para construir y fortalecer ciudadanías multiculturales.

Las experiencias nacionales fueron vistas en el contexto de la globalización con el virtual abandono de las responsabilidades sociales y de la hoy simbólica noción de soberanía. En ese contexto constaté que en Colombia se fortalece una conciencia democrática y por los derechos humanos, así como una corriente antineoliberal, pese al abigarrado ambiente de la violencia de orígenes diversos, atizada por el activismo presidencial, que semanas atrás tomara como blanco de sus ataques a las organizaciones no gubernamentales a raíz de la publicación de su informe titulado El embrujo autoritario, en el cual dieron detallada cuenta de los magros resultados oficiales en cuanto a cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales. Este informe les valió el calificativo de "terroristas", con lo que ello implica para defensores de derechos humanos.

El pasado fin de semana Colombia llamó la atención por dos hechos que no están relacionados con la violencia: se trata del referéndum convocado y promovido por el presidente Alvaro Uribe y las elecciones para alcaldías y concejales en las que destaca el triunfo del líder social, proveniente del sindicalismo: Luis Eduardo Garzón, conocido como Lucho.

El referéndum es una figura constitucional que supone un espacio social de democracia participativa que complementaría a la democracia representativa; sin embargo, fue usado como estrategia presidencial para validar una política de ajuste estructural al gasto bajo la bandera de combate a "la politiquería y la corrupción". Este hecho ameritaría que en países como el nuestro, donde postulamos esta figura de participación, se acotara y delimitara tanto en su procedimiento como en sus contenidos.

Era muy evidente que el gobierno actual se estaba jugando su capital político, por ello pudimos ver en los noticieros de televisión a Uribe defendiendo un cuestionario técnicamente redactado de 15 puntos que incluía la congelación de pensiones y salarios -de más de dos salarios mínimos mensuales-, durante dos años a los trabajadores del Estado, la reducción del tamaño del Congreso, el impedimento para ocupar cargos de elección popular a acusados de corrupción, la desaparición de las contralorías departamentales y municipales so pretexto de ahorro de recursos. Parecía claro, y así resultó que los votantes en el referéndum dictarían una suerte de plebiscito en torno a la figura presidencial. Los resultados arrojaron malas cuentas, pues sólo se alcanzó la participación mínima necesaria para que tuviera validez con una abrumadora respuesta por el sí al cuestionario.

Sin embargo, los porcentajes quedaron muy por debajo de los índices de popularidad "uribeña" de 70 por ciento. No resultó casual que este ejercicio se hiciera un día antes de las elecciones: formaba parte de la campaña para detener el ascenso de Lucho, quien es un claro opositor a las políticas actuales del gobierno federal. Su origen de izquierda, su carisma y su discurso antineoliberal serán un contrapeso al titular del informe El embrujo autoritario, no tan fácilmente podrá acusar de terrorista al gobernante de la capital de su país, quien sin duda se convierte a partir de hoy en el contrapeso necesario para que las opciones de la sociedad civil continúen sus empeños.

También plantea retos a las organizaciones guerrilleras, que tendrían que escuchar los llamados de la sociedad por alcanzar la paz. Desde Colombia dimos cuenta de que en América Latina se están abriendo ventanas de esperanza.