Marco Rascón

Hacia un congreso constituyente del PRD

Se acabó el tiempo en el PRD. Terminó ayer el largo periodo oscuro de la estructura de las mafias y las cuotas, de la corrupción y la defraudación, de los congresos pactados y simulados. Este fin de semana Leonel Godoy, el interino de los grupos, fue a entregar a Jesús Ortega y a Jesús Zambrano el último jirón de legalidad, y de ello nació la convocatoria al octavo Congreso Nacional Extraordinario y Democrático a realizarse los días 18, 19, 20 y 21 de marzo de 2004 en la ciudad de México, mediante una elección de 4 mil 500 delegados de los 300 distritos electorales del país.

Ante el cúmulo de violaciones, fraudes generalizados, impunidad, corrupción administrativa, secuestro de la institucionalidad y anulación de la legalidad interna que han llevado a cabo las mafias y los grupos facciosos; ante la grave crisis ideológica, política y organizativa que impusieron; ante el sectarismo e intolerancia persistente; ante la reincidencia de la defraudación; ante el hecho de que priva un sistema jurídico interno corrupto; ante la necesidad política de dar viabilidad histórica a la Revolución Democrática y su partido, la convención por el rescate del PRD, a la que asistirán delegados de más de 22 estados de la república, decidió tras una ovación su realización y nombró una comisión organizadora integrada por representantes de los 32 estados y 15 más que fueron electos democráticamente en el pleno de la misma.

Las 300 asambleas distritales federales están convocadas para el 15 de febrero próximo, cuando elegirán a 15 delegados por distrito que llegarán al octavo congreso para reconstituir la declaración de principios, así como el programa y los estatutos que restituya los derechos a todos los miembros y militantes del partido, anulando todas aquellas formas que hoy poseen los grupos, conferidas desde 1990 en el segundo congreso, y que prácticamente llevaron al PRD a su crisis actual.

Los fundamentos jurídicos de la convocatoria están relacionados con la autorrelección de los delegados y el no acatamiento de las resoluciones al Informe de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia, acordado por el séptimo congreso: detectar la anulación de más de 20 por ciento de las casillas, las violaciones a la convocatoria por el servicio electoral y, por tanto, la consecuencia de la ilegalidad del Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y la elección de la misma presidencia.

La ilegalidad de los grupúsculos, empleados de la oligarquía que tomaron posesión del partido, pretende revirar con llamados tardíos a la unidad y proponer nuevos pactos que ratifica su albacea Leonel Godoy, siempre a su servicio.

El tiempo se acabó y hoy los perredistas, los que con sus luchas forjaron la identidad del partido, los que fueron tácitamente excluidos y expulsados por las prácticas clientelares, han tomado la decisión de reclamar los derechos legales del partido, mediante el registro de la convocatoria para el octavo Congreso Nacional Extraordinario ante el Instituto Federal Electoral (IFE), y defenderlo ante los tribunales respectivos. Las pruebas para sustentar la ilegalidad son masivas, así que, ante la posibilidad de cancelación del registro, la convención elegirá ante notario a los 4 mil 500 delegados al congreso, que por sus alcances será constituyente.

Frente a la inminencia de la convención las mafias tuvieron que reunirse urgentemente. Los boletos de avión y recursos con cargo al PRD saldaron la cuenta de estos eventos que buscaron, con la complacencia del encargado del despacho de la presidencia, Leonel Godoy, articular un mensaje que no llegó más allá de justificar la "institucionalidad" como resultado del pacto entre corrientes, a las cuales Godoy, en un acto de profunda valentía, les señaló en su cara que habían tenido "algunos desaciertos".

Hoy la unidad y la crisis del PRD se resolverían en cinco minutos (menos de lo que planteó Fox para Chiapas). Esta solución se daría requiriendo el tiempo que se llevaría a un órgano de justicia interno incorruptible, la firma de las expulsiones de los principales representantes de los grupos facciosos del PRD, por el daño que han hecho a su historia, compromiso y principios.

El octavo congreso será también una comisión de la verdad, en la que se deslinden todas las responsabilidades de los últimos 15 años, y los congresistas del constituyente sabrán determinar quiénes se apartaron de la legalidad y los principios. De las resoluciones de la convención tomo otras muy importantes: incorporarse de nuevo a la lucha social y promover el ejercicio de la movilización popular a través del paro cívico nacional por la patria y contra la globalización y el neoliberalismo.

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