Ayer, la Comisión Política Permanente (CCP) del Partido Revolu- cionario Institucional (PRI) aprobó por unanimidad un documento que, afirma ese organismo, servirá de base para que sus legisladores en las Cámaras de Diputados y Senadores participen en una eventual reforma del marco normativo del sector eléctrico nacional.

En ese documento, el tricolor refrenda su rechazo a la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), tanto por la vía de la venta de sus activos como mediante la apertura de "mercados libres" en los que particulares pudiesen imponer condiciones contrarias al interés de la nación. El PRI se pronunció por mantener la rectoría del Estado en materia energética, por preservar el control público sobre la transmisión y distribución eléctrica, así como por modificar los estatutos de la CFE y de LFC para permitirles fortalecerse y lograr mayores márgenes de crecimiento y reinversión de sus utilidades. Además, sostiene que debe preservarse la capacidad de las autoridades para fijar las tarifas eléctricas y, en general, que toda reforma debe orientarse a garantizar un servicio suficiente y de calidad y a potenciar el desarrollo económico del país.

A primera vista, tales premisas se inscribirían plenamente en el marco constitucional y en la indispensable defensa del patrimonio nacional frente a la depredación extranjera. Sin embargo, el documento priísta también incluye "criterios técnicos" que implicarían la legitimación de las ilegales formas de inversión privada en el sector eléctrico que han acontecido durante las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Tales inversiones, según reportes del Banco Mundial, pasaron de apenas un millón de dólares entre 1990 y 1995 a 4 mil 575 millones entre 1996 y 2001. Y a esta suma hay que agregar 24 mil 680 millones de dólares canalizados, vía deuda con empresas privadas, bajo la engañosa fórmula de los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas).

Al pretender que las eventuales reformas en materia eléctrica den "certidumbre jurídica" a los inversionistas privados -participación rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que podría ser perseguida por ilegal-, importantes grupos priístas, en una posición que es similar a la impulsada por el gobierno federal y el Partido Acción Nacional, se proponen dar validez jurídica a lo que, hasta la fecha, han sido acciones de facto. Con ello legitimarían la violación reiterada de la legalidad implícita en la actual participación privada en el sector eléctrico. Así, no sólo se abrirían efectivamente a particulares los mercados de la electricidad, sino también se estaría validando la sistemática vulneración de la Constitución y de las leyes en la materia que han tenido lugar en el presente y el anterior sexenios. Quizá los priístas no estén dispuestos a modificar la Carta Magna, pero tal parece que sí lo están para avalar su violación. En este sentido, las garantías contra la privatización y en favor de una industria eléctrica de México y para México que ayer enunció la CCP del PRI quedan reducidas a meras formulaciones retóricas, apabulladas por el flagrante aval que se daría a las presentes prácticas ilegales bajo el eufemismo de las "certidumbres jurídicas".

Ciertamente, México requiere un sector energético fuerte y dinámico, capaz de suscitar y catalizar el desarrollo del país, pero tal operación no debe ser llevada a cabo mediante la legitimación de prácticas ilegales ni por la vía de la entrega del patrimonio de todos los mexicanos a particulares, sean éstos nacionales o extranjeros. Por ende, los "criterios" emitidos ayer por el PRI y las propuestas similares formuladas y exaltadas por el gobierno federal y el PAN resultan antinacionales y perniciosas. Tales reformas no deben llevarse a cabo, y la sociedad en su conjunto debe mantenerse alerta -en estricto respeto a la legalidad constitucional y al espíritu de la democracia y de la soberanía del pueblo- para denunciarlas y rechazarlas.