Exigirán al presidente Fox intervenir ante la Corte para que investigue el fraude

Anuncian habitantes del Paraje San Juan actos de resistencia civil

Este lunes se concentrarán en el Zócalo Promoverá el PRD en San Lázaro comisión para que se investigue el asunto El jefe de Gobierno da certeza a los colonos de la zona sobre la legalidad de su propiedad Recibe muestras de apoyo al entregar viviendas en 3 delegaciones

LAURA GOMEZ Y ANGEL BOLAÑOS

Vecinos de las 12 colonias que integran el Paraje San Juan, en Iztapalapa, realizarán este lunes el primero de una serie de movimientos de resistencia civil en el Zócalo, para exigir al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integre una comisión especial para que investigue el caso, ya que existe "violación grave de garantías".

Acompañados por diputados locales y federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitarán también, mediante una carta al presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, su incorporación en el proceso como "terceros interesados". Asimismo, en otra misiva expresarán su apoyo al jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, para que "no destine un quinto al fraude del siglo".

Sin embargo, el Ejecutivo local reiteró que no hace falta hacer ningún tipo de movilización contra la Corte, "puesto que la razón nos asiste y al final terminará imponiéndose la justicia".

Al realizar una gira de trabajo por las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde entregó viviendas, escuchó gritos de apoyo en contra del pago de la indemnización.

"¡Andrés Manuel!, te apoyamos en lo del Paraje San Juan", le gritó un integrante del Frente del Pueblo cuando se retiraba del primer punto de la gira por Azcapotzalco, al que se sumaron otras consignas de entre la multitud: "¡Dales duro! ¡No estás sólo!"

Prioridad, cuidar el gasto

En sus discursos, el jefe de Gobierno nunca mencionó el caso, pero insistió en su responsabilidad de cuidar el manejo del presupuesto y combatir los actos de corrupción, para continuar invirtiendo en programas sociales para la gente pobre.

En tanto, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados convocará a los representantes de los partidos políticos a integrar una comisión especial que participe en la investigación del caso, conjuntamente con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por su parte, la diputada local del sol azteca, Aleida Alavez, informó que el viernes pasado se le notificó que fue desechada por el presidente de la SCJN, Mariano Azuela, la solicitud de que la Corte integre una comisión que investigue el caso del Paraje San Juan por, "porque los promoventes carecemos de legitimación para hacerlo y los únicos que cuentan con esta facultad son el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado".

Empero, en el documento 1933/2003-PL da opción de formular la misma petición ante los demás integrantes del máximo tribunal, "y si alguno lo considera pertinente, haga suya la solicitud, pues es una facultad discrecional que tiene la Corte, sin que ello implique que la resolución con que se ordene o niegue la investigación sea arbitraria".

Luego de inaugurar su módulo de atención, Alavez mencionó que se acordó acudir esta semana ante el magistrado Juan Silva Meza, quien conoce el caso, para insistirle que impulse la creación de la comisión investigadora, a la cual se harían llegar los resultados de las pesquisas de la comisión especial de la ALDF, derivadas de las reuniones que sostendrán en la semana con funcionarios de los registros Público de la Propiedad y Civil, así como de la Dirección de Notarías.

Da Ejecutivo certidumbre

Por la mañana, López Obrador señaló que las personas que viven desde hace muchos años en el Paraje San Juan no tienen ningún problema legal con sus propiedades, ya que "tienen reconocidos sus derechos y no hay nada que cuestione esa situación".

El mandatario aseguró que en el caso de las personas que no tienen escrituras, tampoco tienen la obligación de pagar ningún gravamen, como se estableció en los contratos previos a la expropiación para la creación del fideicomiso, con que se indemnizaría a los propietarios legítimos del predio.

María Estela Ríos, consejera Jurídica y de Servicios Legales del GDF, señaló al respecto que en 1999, el entonces jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, emitió una declaratoria de liberación de carga, situación que no sólo eximía a todos los habitantes del paraje de dicho pago, sino que prácticamente desconocía la presunta propiedad sobre dichos terrenos de Arturo Arcipreste Nouvel y la sucesión a Enrique Arcipreste del Abrego.

En ese contexto, diputados federales y locales del PRD realizaron una asamblea informativa para explicar a los habitantes del paraje que su propiedad no está en riesgo y convocarlos a participar en la primera movilización de resistencia civil que se llevará a cabo este lunes, a las 10 horas, en el Zócalo.

La diputada federal Clara Brugada señaló que "la movilización es un llamado de la sociedad para que no se destine un sólo peso para el pago de la indemnización y se inicie la resistencia civil para descubrir a los abogados del diablo que están detrás del asunto.

Finalmente, dijo que aunque el jefe de Gobierno "está en favor de la protesta silenciosa, nosotros estamos por hacer escuchar nuestra voz, porque somos libres y no vamos a pedirle permiso".

Solicitarán a instancias locales y federales contar con defensoría de oficio

Clientes afectados por PubliXIII constituirán una asociación civil

Los representantes de la empresa otra vez no acudieron a la reunión a la que se les citó

JOSEFINA QUINTERO Y MIRNA SERVIN

La próxima semana las personas que se dicen defraudadas por la empresa PubliXIII constituirán una asociación civil y solicitarán a los gobiernos local y federal su apoyo para contar con defensores de oficio.

La decisión de integrarse como asociación civil la tomaron ayer durante una reunión a la que no acudieron los representantes de la empresa de publicidad, a pesar de que fueron requeridos por la vía legal. El objetivo de los afectados es adquirir mayor fuerza para recuperar el dinero que entregaron a PubliXIII a cambio de un vehículo.

Guillermo Vanegas explicó que cambiarán de estrategia: en los próximos días, además de la demandas penales, actuarán por la vía civil para hacer mayor presión. Vanegas agregó que buscan "crear puentes" para que las personas presuntamente defraudadas por PubliXIII puedan contar con defensores de oficio, y recurrirán a la Procuraduría General de la República porque el caso ya adquirió dimensión nacional, al reportarse quejas por incumplimiento en Veracruz, Hidalgo, Querétaro e Hidalgo, entre otras entidades.

Ante ofrecimientos de abogados de hacerse cargo de sus casos, otro afectado, Francisco Martínez, hizo un llamado a que no se dejen engañar y esperen a la constitución de la asociación civil, que será la encargada de contratar los servicios de despachos o conseguir la defensoria de oficio.

Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa del DF se reunirán este miércoles con funcionarios de las procuradurías Federal del Consumidor (Profeco) y General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para conocer el estado de sus denuncias.

El presidente de dicha comisión, Alfredo Hernández Raigosa, mencionó que desde julio del año pasado, cuando se dieron a conocer las primeras anomalías y se integraron 239 quejas de clientes inconformes, se impusieron dos multas a PubliXIII por publicidad inexacta e irregularidades en los contratos de adhesión; a la fecha suman mil 437 denuncias, y las multas ascienden a 4.7 millones de pesos.

Refirió que los principales motivos de reclamación de los consumidores -quienes pagaron entre 32 mil y 61 mil pesos para adquirir un automóvil o una camioneta nuevos, mediante el compromiso de portar publicidad de diversas empresas en su vehículos- son incumplimiento en la entrega, no devolución de la cantidad aportada inicialmente, cuando se cancela el contrato, o recibir una unidad distinta a la convenida.

La procuraduría reúne más información

Mientras, la PGJDF investiga si PubliXIII actuó mediante "una maquinación dolosa de fraude" o sólo se trata de un incumplimiento de contrato. Para ello recaba la información entre cientos de inconformes. Al respecto, Bernardo Bátiz, titular de la PGJDF, informó que se reunirá con representantes de los quejosos la próxima semana.

El procurador capitalino precisó que si la empresa tuvo la intención de defraudar a sus clientes, procedería una consignación. Sin embargo, dijo, el caso es muy complicado, debido al mecanismo establecido en el contrato, que indica que al entregar el enganche el comprador recibiría el vehículo en un plazo determinado y los abonos restantes serían pagados con la publicidad que ostentaría la unidad.

Consideró que la empresa "no calculó bien, no consiguió el número suficiente de anunciantes y vendió demasiados vehículos, que no puede pagar". Añadió que de llevarse los casos de manera individual, la sanción sería cubierta con una caución, lo que no ocurriría con los delitos acumulados, situación que determinará el Ministerio Público. Bátiz puntualizó que la procuraduría sigue atendiendo a muchos denunciantes, inclusive a quienes todavía no se les vence el plazo para la entrega de su vehículo.