México D.F. Domingo 26 de octubre de 2003
Exigirán al presidente Fox intervenir
ante la Corte para que investigue el fraude
Anuncian habitantes del Paraje San Juan actos de resistencia
civil
Este lunes se concentrarán en el Zócalo
Promoverá el PRD en San Lázaro comisión para que
se investigue el asunto El jefe de Gobierno da certeza a los colonos
de la zona sobre la legalidad de su propiedad Recibe muestras
de apoyo al entregar viviendas en 3 delegaciones
LAURA GOMEZ Y ANGEL BOLAÑOS
Vecinos de las 12 colonias que integran el Paraje San
Juan, en Iztapalapa, realizarán este lunes el primero de una serie
de movimientos de resistencia civil en el Zócalo, para exigir al
presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que solicite a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integre una comisión
especial para que investigue el caso, ya que existe "violación grave
de garantías".
Acompañados por diputados locales y federales del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitarán
también, mediante una carta al presidente de la SCJN, Mariano Azuela
Güitrón, su incorporación en el proceso como "terceros
interesados". Asimismo, en otra misiva expresarán su apoyo al jefe
de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López
Obrador, para que "no destine un quinto al fraude del siglo".
Sin embargo, el Ejecutivo local reiteró que no
hace falta hacer ningún tipo de movilización contra la Corte,
"puesto que la razón nos asiste y al final terminará imponiéndose
la justicia".
Al realizar una gira de trabajo por las delegaciones Azcapotzalco,
Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde entregó viviendas,
escuchó gritos de apoyo en contra del pago de la indemnización.
"¡Andrés Manuel!, te apoyamos en lo del Paraje
San Juan", le gritó un integrante del Frente del Pueblo cuando se
retiraba del primer punto de la gira por Azcapotzalco, al que se sumaron
otras consignas de entre la multitud: "¡Dales duro! ¡No estás
sólo!"
Prioridad, cuidar el gasto
En
sus discursos, el jefe de Gobierno nunca mencionó el caso, pero
insistió en su responsabilidad de cuidar el manejo del presupuesto
y combatir los actos de corrupción, para continuar invirtiendo en
programas sociales para la gente pobre.
En tanto, la fracción del PRD en la Cámara
de Diputados convocará a los representantes de los partidos políticos
a integrar una comisión especial que participe en la investigación
del caso, conjuntamente con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por su parte, la diputada local del sol azteca, Aleida
Alavez, informó que el viernes pasado se le notificó que
fue desechada por el presidente de la SCJN, Mariano Azuela, la solicitud
de que la Corte integre una comisión que investigue el caso del
Paraje San Juan por, "porque los promoventes carecemos de legitimación
para hacerlo y los únicos que cuentan con esta facultad son el Ejecutivo
federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o
el gobernador de algún estado".
Empero, en el documento 1933/2003-PL da opción
de formular la misma petición ante los demás integrantes
del máximo tribunal, "y si alguno lo considera pertinente, haga
suya la solicitud, pues es una facultad discrecional que tiene la Corte,
sin que ello implique que la resolución con que se ordene o niegue
la investigación sea arbitraria".
Luego de inaugurar su módulo de atención,
Alavez mencionó que se acordó acudir esta semana ante el
magistrado Juan Silva Meza, quien conoce el caso, para insistirle que impulse
la creación de la comisión investigadora, a la cual se harían
llegar los resultados de las pesquisas de la comisión especial de
la ALDF, derivadas de las reuniones que sostendrán en la semana
con funcionarios de los registros Público de la Propiedad y Civil,
así como de la Dirección de Notarías.
Da Ejecutivo certidumbre
Por la mañana, López Obrador señaló
que las personas que viven desde hace muchos años en el Paraje San
Juan no tienen ningún problema legal con sus propiedades, ya que
"tienen reconocidos sus derechos y no hay nada que cuestione esa situación".
El mandatario aseguró que en el caso de las personas
que no tienen escrituras, tampoco tienen la obligación de pagar
ningún gravamen, como se estableció en los contratos previos
a la expropiación para la creación del fideicomiso, con que
se indemnizaría a los propietarios legítimos del predio.
María Estela Ríos, consejera Jurídica
y de Servicios Legales del GDF, señaló al respecto que en
1999, el entonces jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas,
emitió una declaratoria de liberación de carga, situación
que no sólo eximía a todos los habitantes del paraje de dicho
pago, sino que prácticamente desconocía la presunta propiedad
sobre dichos terrenos de Arturo Arcipreste Nouvel y la sucesión
a Enrique Arcipreste del Abrego.
En ese contexto, diputados federales y locales del PRD
realizaron una asamblea informativa para explicar a los habitantes del
paraje que su propiedad no está en riesgo y convocarlos a participar
en la primera movilización de resistencia civil que se llevará
a cabo este lunes, a las 10 horas, en el Zócalo.
La diputada federal Clara Brugada señaló
que "la movilización es un llamado de la sociedad para que no se
destine un sólo peso para el pago de la indemnización y se
inicie la resistencia civil para descubrir a los abogados del diablo
que están detrás del asunto.
Finalmente, dijo que aunque el jefe de Gobierno "está
en favor de la protesta silenciosa, nosotros estamos por hacer escuchar
nuestra voz, porque somos libres y no vamos a pedirle permiso".
Solicitarán a instancias locales y federales
contar con defensoría de oficio
Clientes afectados por PubliXIII constituirán
una asociación civil
Los representantes de la empresa otra vez no acudieron
a la reunión a la que se les citó
JOSEFINA QUINTERO Y MIRNA SERVIN
La próxima semana las personas que se dicen defraudadas
por la empresa PubliXIII constituirán una asociación civil
y solicitarán a los gobiernos local y federal su apoyo para contar
con defensores de oficio.
La decisión de integrarse como asociación
civil la tomaron ayer durante una reunión a la que no acudieron
los representantes de la empresa de publicidad, a pesar de que fueron requeridos
por la vía legal. El objetivo de los afectados es adquirir mayor
fuerza para recuperar el dinero que entregaron a PubliXIII a cambio de
un vehículo.
Guillermo
Vanegas explicó que cambiarán de estrategia: en los próximos
días, además de la demandas penales, actuarán por
la vía civil para hacer mayor presión. Vanegas agregó
que buscan "crear puentes" para que las personas presuntamente defraudadas
por PubliXIII puedan contar con defensores de oficio, y recurrirán
a la Procuraduría General de la República porque el caso
ya adquirió dimensión nacional, al reportarse quejas por
incumplimiento en Veracruz, Hidalgo, Querétaro e Hidalgo, entre
otras entidades.
Ante ofrecimientos de abogados de hacerse cargo de sus
casos, otro afectado, Francisco Martínez, hizo un llamado a que
no se dejen engañar y esperen a la constitución de la asociación
civil, que será la encargada de contratar los servicios de despachos
o conseguir la defensoria de oficio.
Por otra parte, los integrantes de la Comisión
de Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa del DF
se reunirán este miércoles con funcionarios de las procuradurías
Federal del Consumidor (Profeco) y General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) para conocer el estado de sus denuncias.
El presidente de dicha comisión, Alfredo Hernández
Raigosa, mencionó que desde julio del año pasado, cuando
se dieron a conocer las primeras anomalías y se integraron 239 quejas
de clientes inconformes, se impusieron dos multas a PubliXIII por publicidad
inexacta e irregularidades en los contratos de adhesión; a la fecha
suman mil 437 denuncias, y las multas ascienden a 4.7 millones de pesos.
Refirió que los principales motivos de reclamación
de los consumidores -quienes pagaron entre 32 mil y 61 mil pesos para adquirir
un automóvil o una camioneta nuevos, mediante el compromiso de portar
publicidad de diversas empresas en su vehículos- son incumplimiento
en la entrega, no devolución de la cantidad aportada inicialmente,
cuando se cancela el contrato, o recibir una unidad distinta a la convenida.
La procuraduría reúne más información
Mientras, la PGJDF investiga si PubliXIII actuó
mediante "una maquinación dolosa de fraude" o sólo se trata
de un incumplimiento de contrato. Para ello recaba la información
entre cientos de inconformes. Al respecto, Bernardo Bátiz, titular
de la PGJDF, informó que se reunirá con representantes de
los quejosos la próxima semana.
El procurador capitalino precisó que si la empresa
tuvo la intención de defraudar a sus clientes, procedería
una consignación. Sin embargo, dijo, el caso es muy complicado,
debido al mecanismo establecido en el contrato, que indica que al entregar
el enganche el comprador recibiría el vehículo en un plazo
determinado y los abonos restantes serían pagados con la publicidad
que ostentaría la unidad.
Consideró que la empresa "no calculó bien,
no consiguió el número suficiente de anunciantes y vendió
demasiados vehículos, que no puede pagar". Añadió
que de llevarse los casos de manera individual, la sanción sería
cubierta con una caución, lo que no ocurriría con los delitos
acumulados, situación que determinará el Ministerio Público.
Bátiz puntualizó que la procuraduría sigue atendiendo
a muchos denunciantes, inclusive a quienes todavía no se les vence
el plazo para la entrega de su vehículo.
|