Antonio Gershenson

Contratos en Pemex: Ƒy la Constitución?

... bien, gracias. Por un lado, insisten varios funcionarios y quienes les hacen coro sobre la urgencia de cambiar la Constitución en materia de energía, en que si no se cambia caerán sobre nosotros las siete plagas. Este es un reconocimiento implícito, y a veces explícito, en el sentido de que la han estado violando. Por el otro lado, se va conformando una posible mayoría de legisladores que se muestra dispuesta, sí, a una reforma, pero en un sentido muy diferente. La Constitución está ahí y debe seguir como está, pero caben reformas en el nivel de la legislación reglamentaria para fortalecer, y no para deshacer o vender, a las empresas públicas del ramo.

No sólo se ha pasado por encima del artículo 27 de la Constitución, al agregar, a contratos ya firmados en violación de la misma, la adjudicación, aunque todavía no la firma, de los primeros contratos de servicios múltiples. Se muestra una farsa, en violación de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se muestra que los llamados concursos o licitaciones están ya arreglados: a última hora, se retiran todas las empresas, menos la "ganadora". Y las trasnacionales, así, se reparten el pastel de común acuerdo con los funcionarios a cargo del proceso. En algunos casos, como ha sucedido con concursos de periodos anteriores, hay una empresa registrada en México como nacional, jugando un papel auxiliar, como albañil o como gestor o una combinación, aunque la actividad real la desempeñen las compañías del exterior.

Se ha dividido la cuenca de Burgos en siete zonas, para su reparto. Como hemos dicho, de hecho se trata de concesiones de largo plazo, lo cual también está prohibido en el citado artículo 27. Es algo así como lo que pasó con la ciudad de Shanghai en el siglo XIX, cuando ésta fue dividida en concesiones para las principales potencias, sólo que aquí no fue necesaria la acción militar de las mismas, y las concesiones son directamente para las empresas.

Hay una gran contradicción entre el ámbito legislativo, en el que se ve que no será posible cambiar la Constitución y se plantea el fortalecimiento de las empresas públicas, y el terreno de los hechos, en el que se despoja a Petróleos Mexicanos y a las empresas eléctricas públicas de sus funciones sustantivas, para entregarlas a empresas del exterior.

Es muy posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deba volver a hacer lo que hizo hace pocos meses al evaluar las reformas al reglamento eléctrico: anular las medidas anticonstitucionales. También es importante que los legisladores tomen en cuenta esta realidad al modificar el marco reglamentario, previendo una penalización severa para quienes entreguen al extranjero el patrimonio de la nación, especialmente en áreas que la propia Constitución, en su artículo 28, define como estratégicas, que incluyen a las que estamos mencionando aquí.

Otro punto en debate es el del pretendido mercado eléctrico. No se trata de un mercado surgido de manera, por decirlo así, espontánea, como podría ser el caso de otros bienes o servicios. Al haber una red única, el que la tiene determina muchas cosas, e inclusive el que no la tiene la puede manipular (como sucedió con Enron y otras empresas en California). De hecho, lo que se ha querido hacer allí y en otros lados es fabricar un seudomercado y una competencia muy discutible. Y con los desastres ocurridos ya en varios países se muestra que en México no podemos dejar a los tecnócratas jugando "al mercadito" a costa de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

El hecho de que se esté configurando ya una alternativa en el plano legislativo y que ésta tenga posibilidades importantes de prosperar, confirma que no podemos conformarnos con decir "no". Muestra ya claramente la necesidad de conformar una alternativa viable y que resuelva o contribuya a la solución de los problemas de las industrias energéticas.

Se debe dotar a estas empresas públicas de autonomía de gestión, y que la Secretaría de Hacienda ya no tenga facultades de recortarles el presupuesto ni de censurarles ni retrasarles los proyectos. Se les debe dejar una parte razonable de los ingresos que obtienen, en vez de esquilmarles hasta el último centavo y luego obligarlas a contraer deudas muy caras como las de los Pidiregas. Y el director general de cada organismo debe ser ratificado por el Senado, como sucede ya con otros funcionarios, de modo que la selección refleje un nivel de consenso y no simplemente la voluntad de un gobernante o sus compromisos que no se han hecho públicos