Clemente Valdés

No han prescrito delitos cometidos por gobernantes

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Es obvio que no ha prescrito la acción penal de los delitos cometidos en México hace 30, 40 o 50 años, que involucran principalmente a presidentes de la República, procuradores y jefes del Ejército y de todas las policías, afirma el doctor en derecho Clemente Valdés en su libro La prescripción de los delitos de los gobernantes, que se publicará en los próximos días.

El especialista en derecho constitucional apoya las tesis planteadas por los integrantes del Comité del 68 y otros demandantes de justicia acerca de casos como el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y la llamada guerra sucia, en el sentido de que las acusaciones contra los responsables de esas matanzas, desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad, encarcelamientos ilícitos y otros delitos no han perdido vigencia, porque hasta antes de 1994 -cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de ser apéndice del Poder Ejecutivo- no había posibilidad alguna de castigar esos ilícitos.

Valdés considera "un absurdo elemental" siquiera pensar que los "altos empleados" del gobierno, que eran al mismo tiempo quienes controlaban la investigación y la acción penal, actuarían en su perjuicio.

Respecto de los sucesos de 1968 y de la llamada guerra sucia, considera que los ilícitos no han prescrito, porque en el caso de "las víctimas que no murieron, sus familiares y deudos presentaron desde hace muchos años, y han seguido presentando, acusaciones y denuncias".

En el libro, el profesor de la UNAM señala que "en México, durante muchos años, al menos desde 1958, vivimos un sistema selectivo de encubrimiento, en el cual no existía posibilidad alguna de iniciar una acción judicial contra ninguno de los altos empleados, sin el permiso del presidente de la República.

Presidencialismo

"Todos aquellos que vivieron en México desde los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz saben que el funcionamiento del sistema de gobierno estaba apoyado en el predominio del presidente sobre todos los órganos públicos, en una estructura en la que él y algunos de los encargados del control político en la Secretaría de Gobernación, en el Ejército, en el Estado Mayor Presidencial, en las procuradurías y en los distintos cuerpos de policía, sólo toleraban una disidencia y una oposición sometida, cortés, o, en el peor de los casos, moderada."

En el libro, en el cual hace un análisis de la prescripción de los delitos cometidos por ex funcionarios como el capitán Luis de la Barreda Moreno o Miguel Nazar Haro, titulares de la extinta Dirección Federal de Seguridad, afirma: "No es cierto que la responsabilidad de los que hayan participado o encubierto esos crímenes, empezando por quienes eran presidentes de la República, haya prescrito.

"El tiempo para la prescripción de la responsabilidad de los gobernantes no puede correr, no puede operar mientras esos funcionarios tienen el control total de los medios por los que podría aplicarse el castigo penal respecto de los delitos cometidos por ellos mismos y por los empleados que los precedieron, con la obligación de encubrir a sus antecesores."