"Sin aterrizar, los derechos de los pueblos indios"

Señalan política del terror en Oaxaca, que responde con represión a la gente

ROSA ROJAS ENVIADA

Tehuantepec, Oax., 25 de octubre. En Oaxaca se ha instaurado una especie de "política del terror", que responde con la represión a las demandas sociales, políticas y agrarias de los movimientos populares, y hay una "falta casi total de vocación de diálogo y de cumplir los acuerdos a los que se llega en las negociaciones cuando éstos afectan intereses económicos poderosos", aseveró Carlos Manzo, preso político zapoteca, ante integrantes de la Caravana de observación de los derechos de los pueblos indios y por la liberación de los presos políticos.

Luego del foro contra la represión que se efectuó en la ciudad de Oaxaca el viernes por la tarde, la caravana se ramificó esta madrugada: un autobús partió hacia Santa María Yaviche para tomar testimonios de la agresión perpetrada por "paramilitares" de Tanetze de Zaragoza el pasado 16 de octubre, con saldo de un muerto y nueve heridos; otro se dirigió a San Isidro Aloapan, donde integrantes del Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (Cipo-RFM) fueron agredidos por un grupo de la comunidad que está talando el bosque, hechos en los que dos mujeres embarazadas perdieron a sus bebés.

Un tercer autobús partió hacia Unión Hidalgo, en la zona del istmo de Tehuantepec, para recibir información de la lucha del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) contra la corrupción municipal, misma que ha tenido como respuesta un muerto, una decena de heridos y dos dirigentes en la cárcel desde hace casi seis meses: el propio Manzo y Luis Alberto Marín.

Desde el viernes llegó a la comunidad otro autobús de la caravana, con 39 estudiantes y egresados de la UNAM y la UAM, que han estado realizando ahí consultas de medicina general, de nutrición, odontológicas, talleres de equidad y género, teatro guiñol...

Al filo del mediodía arribó la caravana al penal de Tehuantepec, donde, a diferencia de lo ocurrido en la penitenciaría de Ixcotel, sí se permitió el ingreso de periodistas. Incluso hubo dos delegaciones, de 15 personas cada una, que dialogaron con los presos políticos del CCU y con cuatro indígenas zapotecas de Guevea de Humboldt: Amado Castro López, Nicasio Zaragoza Quintana, Leopoldo Alvarez Díaz y Edmundo Espinoza Guzmán, que eran monolingües cuando fueron detenidos, pero algo han aprendido de español en los siete años que llevan presos. Ellos son reivindicados como "presos de conciencia" por sus compañeros.

80 años de cárcel

Los presos de Guevea fueron asistidos en la traducción del zapoteca al español por Santiago Guzmán Pacheco -quien estuvo también recluido en este penal durante dos años siete meses y fue liberado por falta de pruebas-. Amado, Nicasio, Leopoldo y Edmundo relataron que están acusados "falsamente" de homicidio y secuestro -dos de ellos sentenciados a 80 años de prisión cada uno- "por defender la elección municipal por usos y costumbres y por no venderle nuestro café a los coyotes".

Aunque fueron detenidos por separado, la constante en todos los casos fue que los agentes judiciales no presentaron orden de aprehensión y fueron golpeados y torturados. No tuvieron asistencia de un traductor para hacer sus declaraciones, no se tomaron en cuenta las pruebas de que en el momento del homicidio ellos estaban en otra parte. "Aunque presentáramos a todo el pueblo de testigo, no nos tomarían en cuenta", enfatizó Edmundo.

Sobre los presos de Guevea de Humboldt, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, dependiente de la diócesis de Tehuantepec, señala que "han sido violados sus derechos humanos y garantías colectivas e individuales".

En la entrevista, los indígenas explicaron que en 1995 se alteró el sistema de usos y costumbres mediante el cual se elige a las autoridades municipales en Guevea de Humboldt, y resultó electo, con apoyo del PRI, Heriberto Orozco Ramos. Al terminar su periodo, la asamblea eligió a otra persona por usos y costumbres y "no ganó el candidato de Beto", entonces él se negó a entregar el ayuntamiento, y durante cinco meses tuvo los archivos, sellos y vehículos.

El pueblo hizo asamblea y le exigió que entregara el municipio o lo meterían a la cárcel, y así fue. Orozco tuvo que entregar la alcaldía, pero acusó a más de 30 ciudadanos de Guevea de robo, lesiones, asalto y privación ilegal de la libertad. El Centro Tepeyac informa que por esa denuncia se integró el expediente penal 229/96.

El 30 de diciembre de 1999 fue asesinado Orozco Ramos, por lo que se abrió el expediente 06/2000 en el juzgado penal de Tehuantepec y se libraron 22 órdenes de aprehensión en contra de los mismos ciudadanos denunciados en el expediente 229/96. Los internos indígenas zapotecas "se declararon presos de conciencia, ya que por tratarse de un municipio que se rige por el sistema de usos y costumbres y derivarse las denuncias de un conflicto electoral, los poderes Judicial y Ejecutivo han desvirtuado la investigación al fabricar culpables", señalan en un comunicado.

Por ello, el 17 de febrero de 2003 iniciaron una huelga de hambre indefinida, y junto con ellos nueve de sus familiares. Luego de 11 días de ayuno, representantes de los poderes Legislativo y Judicial del estado se comprometieron a atender sus demandas, dando celeridad a los expedientes. Así, el 22 de mayo cinco de los presos fueron absueltos de los delitos de privación ilegal de la libertad, asalto y lesiones dentro de la causa penal 229/96, pero dos de ellos, Amado Castro y Edmundo Espinoza, no pueden gozar de su libertad por encontrarse sentenciados a 80 años de prisión, "sentencia histórica" en los recientes 50 años en Oaxaca.

En la entrevista con los caravaneros, Manzo apuntó que en las reuniones del Congreso Nacional Indígena, los oaxaqueños "habíamos presumido que había avances en Oaxaca en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, pero esto (las leyes) choca con el entramado regional que no permite que aterricen esos derechos y que hace que cuando los indígenas hacemos asambleas y tomamos decisiones y tratamos de cumplimentarlas, nos reprimen".