Modifican la minuta que reformaba las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas

Senadores priístas rechazan legalización de los contratos de servicios múltiples

La propuesta fue aprobada por los diputados en abril; el PAN quería revisión fast-track

ANDREA BECERRIL

Como parte de los acuerdos de los senadores del PRI para frenar todo intento del presidente Vicente Fox encaminado a privatizar el sector energético, los legisladores concluyeron ya el dictamen por el que se modifica casi en su totalidad la minuta para reformar las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, toda vez que constituía un intento por legitimar los contratos de servicios múltiples (CSM) que dan, además, ventajas a los inversionistas extranjeros.

Haber permitido que pasara el proyecto -aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados- "habría sido el inicio de la privatización total de Pemex", comentó el senador José Antonio García Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

Recordó que la minuta por la que se reforman la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y la Ley de Obras Públicas fue enviada por la Cámara de Diputados en abril pasado al Senado, donde los legisladores priístas se opusieron a su aprobación fast-track y prefirieron analizarla a fondo, incluso ya en la nueva legislatura.

"Nos dimos cuenta que entre los más de cien cambios propuestos a ambas leyes por el Ejecutivo federal, el propósito real era deslizar los contratos de servicios múltiples, contra los que hemos dado la batalla, ya que en realidad se trata de contratos de riesgo con los que se concesiona a empresas extranjeras la explotación de hidrocarburos".

De ahí que, agregó el legislador, se metieron a fondo y durante los últimos meses analizaron a detalle todo el articulado, se reunieron con las cámaras industriales y las asociaciones de profesionistas involucrados y cambiaron de manera radical las iniciativas del Ejecutivo federal.

El senador García Torres precisó que en un principio sus contrapartes del PAN insistían en que la minuta se aprobara tal como venía desde la Cámara de Diputados, pero aceptaron finalmente que se revisara y hay acuerdos en algunas de las modificaciones que los priístas proponen.

Los cambios son radicales, toda vez que se eliminaron 32 artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, otros 14 quedaron fuera de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, además de que en esta última se modificaron 12 artículos más.

Entre los artículos suprimidos destacan el 26 bis y el 46 de la Ley de Adquisiciones, que permitían la contratación de terceros, que a su vez podían subcontratar de manera ilimitada obra pública. "Esto enmarcaba un poco la cuestión de las llamadas empresas líderes, es decir, el gobierno federal contrataría un consorcio, que a su vez podría subcontratar a muchas empresas más, sin rendir cuentas de ello a nadie".

Se decidió, asimismo, quitar otros ordenamientos que habrían dado ventajas a los inversionistas privados, entre ellos el permitir contratos a largo plazo para mantener el nivel de inventarios, incrementarles el monto de garantías con 5 por ciento sobre el concepto de interés y exceptuar la aplicación de penas convencionales a las operaciones de adjudicación directa.

"Aprobar esto era dar legalidad a los CSM que ha comenzado a otorgar Pemex y no podíamos permitirlo", agregó.

Detalló que se eliminó además el artículo 16 de esa ley, donde se señalaba el procedimiento de conciliación y la posibilidad de resolver las controversias por medio de un arbitraje. "Esto significaba que las empresas extranjeras podrían acudir a tribunales del exterior en caso de conflictos o de incumplimiento de contrato y ello es muy riesgoso para la soberanía nacional".

También provocó fuerte discusión con los panistas el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas, toda vez que contempla la "subasta descendente", procedimiento que da pauta a que con tal de ganar un contrato, una empresa ofrezca precios que luego no cumpla, con lo que bajaría la calidad de la obra y la encarecería. Ello provocaría que el gobierno tuviera que interponer acciones legales contra los constructores, por lo que "consideramos que es mejor que desde un principio las cosas vayan bien ordenadas y el artículo salió".

De esa misma ley se retiró el artículo 16, que regula contratos celebrados en el extranjero; el 16 bis, por el que se creaba la Comisión Federal de Contrataciones Gubernamentales -y provoca duplicidad de funciones en la administración pública-, y el 45, que da pie a los contratos abiertos.

Entre los cambios a la Ley de Obras Públicas está el que los senadores del PRI hicieron al artículo 25, para dejar claro que la Secretaría de la Función Pública no sólo puede sino que debe participar en el comité de contratación.

En la minuta se argumenta que la Secretaría de la Función Pública no debe conocer todo lo referente a las contrataciones, porque supuestamente no tiene la capacidad ni el personal suficiente para hacerlo, "lo rechazamos, porque para eso fue creada la dependencia, su función es saber y vigilar cómo se aplica el gasto público, que las obras se contraten en las mejores condiciones para el país, a los mejores precios, con la seguridad de que las empresas que las van a realizar actúen bien. Todo ello tiene que permanecer en la ley e hicimos las modificaciones necesarias en el dictamen".

Igualmente se modificó el artículo 32 para establecer que la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las licitaciones, concursos y resoluciones en cuanto a contratos "debe ser obligatoria y no opcional", ya que la intención era dar a conocer ese tipo de información en publicaciones especializadas.

El PRI tiene el apoyo de los senadores del PRD y del Verde Ecologista pasa sacar el dictamen en comisiones y ante el pleno.