Rechaza la Comisión Política Permanente cambios a la Constitución y la privatización del sector

Quitan al CEN priísta la decisión para negociar la reforma eléctrica

Apoya que se dé autonomía de gestión a CFE y Pemex, y que se garantice su viabilidad económica

ENRIQUE MENDEZ

La Comisión Política Permanente (CPP) del PRI rechazó ayer la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, así como la privatización del sector eléctrico, no sólo mediante la venta de los activos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), sino también "por la sofisticada vía de la segmentación y apertura de mercados libres que permita a particulares imponer condiciones ajenas al interés nacional".

El órgano de decisión priísta definió que el Estado debe mantener bajo su control la operación, transmisión y distribución de energía, y se expresó en favor de "modificar el marco jurídico vigente" para terminar con la simulación de las empresas privadas que ya operan en el país, y en cambio limitarles el porcentaje de generación de sus proyectos.

A la nueva propuesta de reforma planteada por el Ejecutivo hace dos semanas, el PRI respondió ayer que si bien contiene "criterios que se acercan a los principios" priístas, "persisten diferencias de fondo y exigencias insatisfechas" que no se ajustan a "los postulados y ejes rectores" de los documentos básicos del partido -donde se defiende el petróleo y la energía como sectores estratégicos que deben permanecer bajo el control de la nación-, los cuales se comprometió a respetar "cabalmente".

La única reforma jurídica que respaldó el tricolor ayer fue para garantizar la viabilidad económica de las empresas eléctricas y de Petróleos Mexicanos (Pemex), para darles autonomía de gestión y modificar el monto de su aportación fiscal, y también dio su aval a la iniciativa de los senadores -a los que reconoció su "férrea defensa" del sector- para que Pemex sea cogeneradora de la CFE.

Esos "criterios técnicos" fueron aprobados por unanimidad en la sesión extraordinaria de ayer, donde se quitó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) la facultad de negociar una eventual reforma con el Ejecutivo federal, y se trasladó a los grupos legislativos del Senado, como cámara de origen, y de la Cámara de Diputados, "la definición exclusiva de los tiempos, los ritmos y las maneras de abordar la discusión del tema".

Los 120 consejeros que integran la CPP aprobaron ayer por unanimidad el documento Análisis y presentación de criterios para la discusión de reformas del sector eléctrico nacional, que elaboró el ex diputado federal Oscar González, en el que también se exige que cualquier acuerdo debe implicar "un efectivo beneficio para la población y los sectores productivos", a quienes han de cobrarse "tarifas justas".

Luego de la reunión, de casi cinco horas, el vocero del CEN, Carlos Jiménez Macías, planteó que a partir de esos lineamientos los legisladores del tricolor pueden definir el sentido de su voto, cuando eventualmente se someta a consideración del Congreso una reforma al sector, y acotó que deberán "responder al compromiso" de respetar los documentos básicos y la plataforma electoral priísta.

El texto, de 29 cuartillas, delimitó que los documentos básicos priístas "señalan con claridad" que "el dominio directo de los recursos naturales y del subsuelo del país corresponde originaria, inalienable e imprescriptiblemente a la nación"; que el petróleo y la energía eléctrica, como industrias estratégicas, "deben seguir siendo propiedad de la nación"; que el PRI se pronuncia por la defensa de lo establecido en los artículos 27 y 28 constitucionales y que Petróleos Mexicanos, la CFE y LFC deben ser fortalecidos y, finalmente, que los priístas buscarán modernizar el marco regulatorio de esas empresas para darles autonomía de gestión.

A lo largo de la reunión, los priístas que hablaron expresaron su respaldo al texto, y sólo el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, planteó que la consulta sobre la postura del PRI debió iniciarse en los consejos políticos estatales -a los que se envió la resolución para que la discutan- para que enviaran sus propuestas y, a partir de ellas, definir la postura nacional.

Celso Humberto Delgado, ex gobernador de Nayarit, planteó que además de los criterios se incluyera un reconocimiento pleno al general Lázaro Cárdenas del Río como creador de la CFE, así como a las instituciones que, como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, han formado a los ingenieros mexicanos que han trabajado en las empresas del sector.

La ex diputada chiapaneca Marlene Herrera planteó que en el documento se agregara que también se consideran estratégicas las plantas hidráulicas y nuclear de energía eléctrica, mientras que el diputado federal Oscar Pimentel, secretario de la Comisión de Energía, sugirió eliminar las lagunas jurídicas sobre las que operan las empresas privadas que producen electricidad.

Nadie, en suma, se opuso al sentido y la redacción de la postura priísta, y el senador Ulises Ruiz Ortiz estuvo en permanente contacto con Manuel Bartlett Díaz para informarle los detalles de la reunión.

Los acuerdos

La postura del PRI se definió en nueve puntos: rechazar todo intento de privatización del sector y la segmentación de los mercados; promover una reforma jurídica que garantice la viabilidad económica de las empresas y organismos públicos estratégicos; toda reforma deberá promover el desarrollo nacional, garantizar un suministro suficiente y de calidad, impulsar el mercado interno, orientarse a la generacion de empleo y potenciar los recursos públicos para tener un marco financiero más viable.

Fortalecimiento de la rectoría del Estado, que garantice mantener bajo su control y operación las redes de transmisión y distribución, así como el despacho de la energía, que se le reserve la facultad para determinar las tarifas eléctricas, y que la Secretaría de Energía formule la planeación estratégica del sector y disponga de facultades para sancionar el incumplimiento a las disposiciones legales.

Fortalecer a las empresas públicas del sector, para que los recursos generados por su operación se canalicen a financiar sus inversiones, ampliar las facultades de la Comisión Reguladora de Energía, permitir que la CFE genere nuevas fuentes de ingreso, definir a los subsidios como política de Estado y promover la cogeneración entre Pemex y la CFE.

Conservar la responsabilidad social del Estado en la prestación del servicio público; respetar los derechos de los trabajadores y garantizar recursos suficientes para cumplir con los pasivos laborales del sector; terminar con la simulación y hacer que cualquier acuerdo en la materia implique un beneficio a la población y a las empresas en cuanto a tarifas.