Amnistía Internacional señala en un reporte que existe negligencia de autoridades

Documentan cadena de anomalías en la indagación de desapariciones en Juárez

Asociación de familiares de víctimas tienen datos sobre casi 200 casos; puede haber 750

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez. En 1997, Salvador Méndez Barraza desapareció en esta ciudad fronteriza, en un sitio conocido como El Tejabán, lugar con mesas de billar. La policía atrapó a su presunto captor con una celeridad inusual. Como la desaparición no es un delito en Chihuahua, fue condenado por homicidio imprudencial, aun cuando nunca se encontró el cuerpo del primero. Hace un año y ocho meses que el supuesto homicida está fuera de la cárcel y los familiares de la víctima temen represalias.

Otro ejemplo paradigmático: Eleazar Magaña desapareció el 7 de abril de 1999. Tenía 29 años. Era soltero, vivía con su madre y laboraba en una empresa maquiladora. La última vez que se supo de él fue cuando iba a acudir a un día de campo con sus compañeros de trabajo. La compañía investigó, pero las autoridades se quedaron impávidas. Finalmente, avisaron a sus familiares que Eleazar "era gay" y se "escapó" sin dar aviso a su propia madre. Desde entonces no se sabe nada de él.

Como esos ejemplos, 198 expedientes documentados por la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas de Ciudad Juárez, dirigida por Jaime Abella, exponen una cadena de irregularidades, de investigaciones mal realizadas o de negligencia policiaca en el caso de los desaparecidos. A decir de la vicepresidenta de la agrupación, Lauren Magaña, el número real puede rebasar los 750.

La falta de atención al problema de los desaparecidos está estrechamente relacionada con los casos de feminicidio en Juárez. En la asociación hay seis expedientes de mujeres reportadas como "desaparecidas": Hedi Slaquet, a quien se le vio por última vez en 1995 y cuyo caso ha documentado personalmente su amiga la periodista Isabel Arvide; Abigaíl, Amanda, Jenny Cummings, Deisy Salcido y Eli Salcido Rueda. Estas dos últimas fueron halladas sin vida y enterradas en una casa. Fue Carmen Rueda, madre de Eli, quien tuvo que realizar toda la investigación hasta dar con el paradero de su hija. Las autoridades no movieron un dedo, denuncian distintas fuentes.

Como ellas, se desconoce el paradero de muchas jóvenes y hombres, incluidos comandantes de las policías Municipal y Judicial Federal. Lo más paradójico es que varios han sido involucrados en desapariciones. Sus muertes o que no vuelva a saberse nada de ellos hace sospechar que intentan "desaparecer" a posibles testigos claves.

Son los casos, por ejemplo, de los policías Hugo Tulio Ortiz y Eduardo Mancera, quienes, de acuerdo con datos de distintas organizaciones, fueron vinculados a casos de siete desapariciones, como los Cotoleg o los Castaño.

Omisiones oficiales

En su reporte más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que entre 1993 y 2002 se reportó la desaparición de 257 personas, según los datos de las autoridades estatales proporcionados a la relatora especial Marta Altolaguirre.

En marzo de 2003, las autoridades proporcionaron a delegados de Amnistía Internacional una lista de 69 casos que se reconocen como "desapariciones vigentes", las cuales, formalmente, siguen siendo investigadas.

Sin embargo, Amnistía apunta en su reciente reporte México, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua que las organizaciones no gubernamentales reportan que "más de 400 mujeres siguen desaparecidas".

Agrega: "La diferencia entre estos números parece reflejar la falta de rigor en los procedimientos para dejar constancia de la localización de la persona, creando una gran incertidumbre acerca de los números reales de desaparecidas".

La organización subraya que tiene datos sobre un número aproximado de 75 mujeres asesinadas no identificadas, cuyas osamentas o cadáveres fueron hallados en el curso de los últimos 10 años, "sobre los que no se conoce hasta hoy el esfuerzo oficial de identificación". Esta cifra, agrega Amnistía, "corresponde a 18 por ciento del total de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 10 años".

Amnistía señala que la desaparición de una persona genera una serie de retos para las autoridades; éstas, en los primeros años, sólo actuaban sobre una denuncia cuando habían transcurrido varios días, argumentando, por ejemplo, que las jóvenes se habrían ido con el novio sin informar a su familia.

"Esta demora en iniciar las investigaciones y las diligencias forma parte de la negligencia del Estado, que rehúsa asumir las implicaciones de un patrón de secuestro y asesinato de mujeres jóvenes desaparecidas y se niega a investigar sobre la presunción de que las mismas podrían ser víctimas de secuestro o rapto", añade.

Este mismo diagnóstico lo comparte la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, pero, a diferencia de Amnistía, agregan a sus listas los nombres de hombres que las autoridades consideran narcos y han desaparecido en los últimos ocho años. Para ellos, la cifra es mayor a los 750 casos.

Según Lauren Magaña, la negligencia de las autoridades persiste, a pesar de que desde 1998 cuentan con un fiscal especial para los casos de desaparecidos y las autoridades estatales han insistido en que se investiga inmediatamente la desaparición.