El juicio político contra los magistrados debe terminar hoy

Propone comisión instructora inhabilitar 8 años a juristas de BC acusados de corrupción

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 24 de octubre. La comisión instructora para el juicio político contra cuatro magistrados y nueve ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) propuso al pleno del Congreso local el dictamen de ley con el que se busca inhabilitar por ocho años a los juristas para ocupar puestos públicos.

La sesión del Congreso empezó a las 15 horas, tiempo local, y tuvo un receso a las 11 de la noche, luego de la comparecencia de seis de los inculpados; se calcula que los legisladores habrán de tomar una decisión en la madrugada del sábado en torno a este asunto que mantiene en crisis al Poder Judicial de la entidad.

El juicio contra los magistrados se instruyó en 2002, por una denuncia que presentó en su contra el consejero de la Judicatura Eleazar Verástegui Galicia por diferentes irregularidades.

"La primera conducta ilícita es haber designado a dos jueces fuera del procedimiento conforme a la Constitución política del estado; y la segunda una omisión grave fue haber erogado y pagado indebidamente una cantidad a los jueces", explicó el diputado Raúl Felipe Luevano Ruiz, presidente de la comisión instructora que los encontró culpables.

Precisó que la actuación indebida de los magistrados se ejecutó hace poco más de dos años, cuando 10 de los inculpados estaban instalados en el TSJE, en el sexenio pasado. "Se siguió un proceso durante todo este año que debe culminar en octubre 25; el pasado lunes sesionó la comisión instructora, y después de recibir pruebas y escuchar los alegatos valoramos y sacamos nuestras conclusiones", argumentó.

"Hicimos las conclusiones acusatorias, lo que significa que (los jueces) son responsables de los hechos que se les imputan."

La propuesta es inhabilitar tres años a los magistrados por haber violado la Constitución y cinco por haber erogado una cantidad indebida que causó menoscabo patrimonial al estado.

De ser procedente el dictamen, los magistrados Emilio Castellanos Luján, Marco Antonio López Magaña, Sergio Peñuelas Romo y Víctor Manuel Vázquez Fernández -este último recién reinstalado por disposición de los tribunales federales- serían destituidos por el efecto de la inhabilitación jurídica.

Además están sometidos al juicio los ex magistrados María Esther Rentería Ibarra, José Luis Cebreros Samaniego, Félix Herrera Esquivel, Olimpia Angeles Chacón, Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Oscar Valenzuela Avila, Marco Antonio Jiménez Carrillo y Raúl González Arias.

A punto de iniciar el juicio político, el presidente del Congreso local, Leopoldo Morán Díaz, intentó desalojar a los asistentes a la audiencia por medio de guardias de seguridad. Eso ocurrió antes de las 3 de la tarde, con la finalidad de sacar a los medios de comunicación para impedir que estuvieran presentes en la sala de sesiones Benito Juárez.

El ex magistrado Oscar Valenzuela Avila exigió a los diputados que el juicio político fuera público, y lo mismo hizo su homólogo Emilio Castellanos Luján.