El director del centro de reclusión negó el ingreso a los medios de comunicación

Observadores obtienen testimonios de tortura en el penal de Ixcotel, Oaxaca

ROSA ROJAS ENVIADA

Oaxaca, Oax., 24 de octubre. Testimonios de casos de maltrato físico y sicológico y retraso en los trámites de los juicios penales de los presos políticos que se encuentran recluidos en la penitenciaría de Ixcotel, recogieron integrantes de la primera Caravana de Observación de los Derechos de los Pueblos Indios y por la Libertad de los Presos Políticos, que inició sus trabajos hoy en esta ciudad.

Participan en la caravana 120 personas que se transportan en tres autobuses: lo mismo estudiantes de la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología y del Instituto Politécnico Nacional que miembros de organizaciones de derechos humanos, como el Comité Cerezo, Servicio Paz y Justicia, Coordinadora de Presos Políticos y de Conciencia, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, miembros del Frente Popular Francisco Villa, comunicadores, religiosas franciscanas, miembros del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, Ce-Acatl, Agencia Internacional de Prensa India, entre muchas más.

El primer tropiezo que tuvo la caravana fue en el penal de Ixcotel, donde su director, Arturo Hernández, negó el ingreso de representantes de medios informativos presentes, como el canalseisdejulio, Indymedia y La Jornada. "Ustedes no quieren hacer un trabajo técnico, ustedes quieren popularidad al pretender que entren los medios de comunicación; cero medios de comunicación", descalificó el funcionario.

Más de una hora duró la discusión; finalmente, Hernández impuso la exclusión de los periodistas, argumentando lo mismo "órdenes superiores" que razones de seguridad y reglamentos internos.

Seis miembros de la caravana ingresaron al penal y se entrevistaron con presos políticos de los Loxicha, el Comité de Defensa Ciudadana y el Sindicato de los Tres Poderes del estado. Por la tarde, previo al foro Contra la represión todas las voces, que se efectuó frente al palacio de gobierno, Gloria Rico, de Serpaj, informó que lograron hablar con 12 de los 14 indígenas de los Loxicha presos -dos están en el penal de Villa de Etla-. Todos denunciaron que los trámites legales de sus procesos se retrasan constantemente.

Indicaron que han recurrido a denuncias, cartas a las autoridades federales, huelgas de hambre y conferencias de prensa, la última fue el pasado 26 de septiembre, cuando cumplieron siete años de haber sido detenidos. Ese lapso tan largo ha afectado a sus familias: en la salud, la alimentación, la educación. Mencionaron que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, les ofreció en diciembre de 2002 que se agilizarían los trámites para su liberación y no cumplió.

Los presos y las presas -se entrevistó también a dos detenidas del Comité de Defensa Ciudadana Norberta Torres y Teresa Morán Olmedo- denunciaron que han sido víctimas de castigos internos arbitrarios, como suspensión de visitas y estancias en celdas de castigo. A Oliverio Neri, dirigente del Sindicato de los Tres Poderes, se le ha suspendido durante 45 días la visita familiar, en tanto que a sus familiares se les dijo que él había enviado un escrito diciendo que no quería verlos. A Neri también se le mantuvo ocho días en la celda llamada El Garitón, que es un espacio pequeño, con otras 18 personas, sin servicios sanitarios ni ventilación ni iluminación.

Otra constante son los cargos "fabricados": a Neri se le acusa de violación y de robo de 4 mil 500 pesos a una joven, pero él no estaba en el lugar del robo y niega la acusación de ultraje. A Torres y Morán, detenidas durante una movilización para exigir la libertad de Neri, se les acusa de despojo agravado, motín y resistencia de particulares. Ambas fueron golpeadas e incluso pusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como en la estatal, inclusive le tomaron fotos a Morán de las huellas de los golpes, pero no ha habido resultados.

Se habló también con Pedro Castillo Aragón, estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), quien fue detenido el 23 de junio de 2000 y sólo tres días después fue presentado a los medios. Comentó que lo tuvieron en casas de seguridad y cárceles clandestinas, siempre con la cara cubierta. Junto con él detuvieron a Isabel Almaraz Díaz, también estudiante de la UABJO, hija de una víctima de la guerra sucia en los Loxichas.

Rico informó que Castillo Aragón refiere haber sido torturado física y sicológicamente, y que lo acusan de secuestro, tentativa de homicidio, robo específico de vehículo, asociación delictuosa y de pertenecer a grupos armados; sin embargo, éstos varían: primero lo ligaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luego al Ejército Popular Revolucionario y después a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Rico indicó también que todos los entrevistados en Ixcotel manifestaron sus temores de ser víctimas de represalias por parte de las autoridades por haber dado su testimonio a la caravana.

Posteriormente, durante el foro en el que caravaneros y observadores extranjeros recogieron diversos testimonios de violación de derechos humanos, estuvieron presentes seis de los nueve heridos que dejó en Santa María Yaviche el ataque de unos 60 "paramilitares" de Tanetze de Zaragoza. También murió en el ataque Bartolomé Salas Chávez, en cuya memoria se colocó frente al palacio de gobierno un ataúd, recordando que fue asesinado el pasado 16 de agosto. Simón Yescas Manzano, Noé Ramos, Arnulfo Márquez, Octavia Yescas, Asiel Ramos y Eliseo Márquez negaron que haya habido un enfrentamiento, sino que los de Tanetze dispararon sobre ellos. Eliseo Márquez indicó que entre los agresores reconoció a César Toimil, Equidel Ruiz y Héctor Chávez.