Realizarán en México la Conferencia Especial de la OEA sobre Seguridad Hemisférica

Preocupa a ONG que se asigne al Ejército el combate al narcotráfico

JOSE GALAN

La pobreza extrema no amenaza la seguridad de los países del hemisferio; la amenaza son las causas que la han provocado, y la ineficacia de los estados para prevenirla o remediarla, sostiene el borrador de declaración de la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales para la Conferencia Especial Sobre Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tendrá lugar aquí el lunes y martes próximos.

La declaración agrega que las entidades militares nacionales e internacionales, como la Junta Interamericana de Defensa, deben subordinarse a las autoridades civiles legalmente constituidas, y sólo ocuparse de cuestiones de defensa externa. "Es muy preocupante que el papel de los militares se amplíe hacia áreas que no requieren respuesta militar, como la lucha contra el 'terrorismo' o la política antinarcóticos", agrega, en referencia a la declaración "cerrada" que firmarán los países miembros de la OEA el próximo martes.

Amnistía Internacional; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, de México; Rights and Democracy, de Canadá; Washington Office on Latin America, de Estados Unidos; la Comisión Colombiana de Juristas; el Centro de Asistencia Legal Popular, de Panamá; la Asociación de Mujeres, Campesinos, Indígenas y Negros y la Red Nacional de Mujeres, de Colombia, insisten en que es necesario hacer distinciones claras entre los distintos desafíos que enfrentan los países de la región hemisférica "para asegurar que no todos los problemas se identifiquen como problemas de seguridad".

La declaración final de la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica incluye un concepto multidimensional de seguridad que identifica entre las "nuevas amenazas" la pobreza extrema, y las ONG de la coalición sostienen que si bien la miseria constituye "una preocupación grave" en la mayoría de las naciones del hemisferio, incluirla como "nueva amenaza a la seguridad es extremadamente problemático. La pobreza no es el problema, sino las causas que la han provocado y la ineficacia de los estados para prevenirlas o remediarlas".

Los organismos civiles exhortan a la OEA a asegurar que todas las actividades derivadas de la declaración sobre seguridad hemisférica se ajusten estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos y a la defensa de los refugiados. Además, tomando en cuenta la trágica historia de intervenciones militares en conflictos internos en muchos países de la región, la llaman a dejar expresamente limitada la respuesta castrense a las amenazas tradicionales de la seguridad nacional relacionadas con la defensa externa.

Para las organizaciones se deben definir explícitamente todas las "nuevas amenazas" e identificar los enfoques y mecanismos específicos para atender cada una, con el propósito de evitar "una situación donde todos los problemas potenciales que puedan inscribirse en la nueva agenda sobre seguridad hemisférica se traten de la misma manera", y que la seguridad de los estados y de los ciudadanos está basada en el pleno goce de los derechos humanos. La defensa y la promoción de los derechos humanos es un fin y un medio para la mayor seguridad hemisférica.

Consideran al Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un excelente ejemplo" del tipo de contribuciones que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede aportar a los esfuerzos de seguridad hemisférica. "Si bien se trata específicamente del 'terrorismo', que concierne sólo a uno de los muchos aspectos de la seguridad hemisférica, identifica las normas y mecanismos relativos a los derechos humanos que son vulnerables a él y a las actividades antiterroristas, asegurando así que se empleen respuestas y mecanismos adecuados".

Sostiene además que la militarización de la policía y la criminalización de la protesta social son tendencias que se deben revertir. "Estas tendencias ya se manifestaron en América. Primero, la criminalización de la protesta social, identificada como amenaza interna para la seguridad, y la respuesta militar que le acompaña, son particularmente problemáticas", añaden.

Consideran cada vez mayor el riesgo de que esto desemboque en una mayor militarización de la policía, y la "defensa del orden público", cualquiera que sea su definición, "vendría a ser una cuestión militar". Además, la ley y el orden interno y los problemas conexos son responsabilidad de la policía, "y los oficiales militares no deben asumir bajo ninguna circunstancia estas responsabilidades".

En segundo lugar, la transferencia de las responsabilidades de los ministerios del Interior, secretarías de Gobernación o de Relaciones Exteriores a las dependencias a cargo de la defensa, en particular en lo que se refiere a la ayuda extranjera y la asistencia y educación militar, "es totalmente inaceptable. Una división clara entre lo policial y lo militar y sus mandatos respectivos es esencia en la delimitación de un enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica".