México D.F. Viernes 24 de octubre de 2003
Reitera que en el caso Paraje San Juan no será
cómplice de un acto de corrupción
López Obrador: el pueblo se cansa de tanta pinche
transa
Niega que el asunto lo tenga desesperado Truena
al enterarse del pago por operación de Barrio
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
Aún si la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) establece una indemnización menor por la expropiación
del predio Paraje San Juan, ubicado en la delegación Iztapalapa,
el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador, señaló que no destinará un solo centavo del
presupuesto para convalidar un acto de corrupción.
"Estaríamos
dando legitimidad a todo un sistema judicial corrupto, sin credibilidad,
sin apego a la legalidad. Un sistema judicial que no busca la justicia",
argumentó.
El Ejecutivo local entregó ayer al presidente de
la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, una carpeta con copias de
los documentos que muestran las irregularidades del caso. En la reunión,
a la que asistió acompañado del procurador general de Justicia
del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, el ministro
Azuela reconoció que se trata de un caso inédito, y si bien
estuvo receptivo, "no significa que se haya comprometido", pues no era
la intención "pedirle nada que no corresponda con los procedimientos
legales".
El ministro Azuela, agregó López Obrador,
"entendió que estamos en nuestro derecho de defendernos porque representamos
a los habitantes de la ciudad".
En conferencia de prensa, Bátiz comentó
que mencionó al presidente de la SCJN que antes una sentencia firme
era inamovible y no había modo de revisarla, pero hoy día
existe en la Corte Penal Internacional la posibilidad de revisar asuntos
ya sentenciados cuando se presuponen actos de autoridad que impidieron
que fueran justos. Y preguntó: "¿por qué se llegó
a una sentencia firme?" Para responder: "pues porque hubo una colusión
de funcionarios, hubo cómplices dentro del poder".
Antes, en lo que fue la cuarta sesión del seminario
taller sobre el mal de la corrupción y del influyentismo en México,
el jefe de Gobierno advirtió que si la Corte no integra una comisión
que investigue dichas irregularidades, sería "un caso de gran injusticia;
no quedaría nada de credibilidad".
Cuestionó que el asunto se pretenda ver únicamente
desde "la estrechez de los procesos legales" y que sólo porque se
considere que es "cosa juzgada" se pida que se acate el fallo. "¿Se
va a pagar -preguntó- aun sabiendo que es un fraude y se va a cometer
una injusticia".
Advirtió que no se trata de pedir rebaja ni pagar
en abonos o a plazos, "esto es un asunto de principios, si hay corrupción
no se puede destinar ni un solo centavo del presupuesto, que es dinero
del pueblo", e insistió en que el principal problema del país
es la corrupción política y para combatirla "hay que limpiarla
de arriba para abajo, como se limpian las escaleras".
Las componendas y el saqueo del erario son el principal
problema, agregó, y observó que el caso del Paraje San Juan
no es un asunto menor: "por eso dije que no voy a convertirme en cómplice,
lo repito: la gente está harta de la corrupción y de la transa,
ahora sí que el pueblo se cansa de tanta pinche transa".
Y tras la coloquial consigna de protesta, negó
que este asunto lo tenga desesperado, pero admitió estar molesto
por una noticia que escuchó en la mañana: "resulta que se
fue a operar el coordinador de los diputados del PAN (Francisco Barrio)
a Houston y parece que el pago de la operación se hizo con cargo
a la Cámara de Diputados, o sea...".
El mandatario capitalino continuó la entrega de
documentos del caso, ahora expedientes, que demuestran la existencia de
por lo menos tres personas que acreditan ser propietarios del mismo predio,
además de Arturo Arcipreste Nouvel, que son: Gabriel Pérez
Sánchez, Efrén Fernández Salgado y Arturo Manuel Arciniega
Cevallos, quien compró los mismos terrenos a Pérez Sánchez.
Así como los convenios que Arcipreste llegó
a suscribir con todos ellos: de renuncia de derechos de propiedad, reconocimiento
mutuo de derechos o de remisión de derechos, que tenían como
propósito repartirse el pago de la indemnización.
Por la mañana, antes de reunirse con el ministro
Azuela, López Obrador se reunió con jueces y magistrados
de tribunales de lo Contencioso Administrativo de 21 estados de la República,
incluido el Distrito Federal, quienes celebran en la ciudad de México
el primer congreso de tribunales de dicho ámbito, que tiene por
objetivo analizar un proyecto de tipo ley que elaboró una comisión
de estudios legislativos para homologar su marco legal.
El mandatario capitalino los exhortó a pensar en
una reforma legal que se ajuste a la nueva realidad de país y permita
garantizar el acceso a la justicia a las personas humildes, luego de señalar
que en materia de democracia y de justicia el país está dando
los primeros pasos.
Para la Corte fue un encuentro informal
El jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, llegó sonriente y repartiendo saludos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se entrevistó con el ministro Mariano Azuela Güitrón. Hora y media después, el titular del Ejecutivo local salió del recinto judicial con gesto adusto y dando como única respuesta a las preguntas de los reporteros que daría una conferencia de prensa en sus oficinas. Ni los saludos de algunos transeúntes que lo obligaron a detenerse lograron que respondiera.
Del encuentro nada informó la Corte. Inclusive, los encargados de comunicación social señalaron que la reunión entre el presidente del máximo tribunal y López Obrador fue informal.
Sin embargo, fuentes del Poder Judicial Federal señalaron que el tema de la charla fue el caso del predio Paraje San Juan, y que el jefe de Gobierno fue informado una vez más que "el asunto está en manos de un tribunal que actuará conforme a derecho".
Pero además, según las fuentes consultadas, López Obrador fue notificado del dictamen emitido por la primera sala de la Suprema Corte, el 5 de junio de 2002, que dice que el asunto del Paraje San Juan "ya constituyó cosa juzgada, esto es, verdad legal, por lo que tiene que cumplirse inexorablemente".
Sobre el caso, un informe oficial indica que desde la administración de Manuel Camacho Solís, quienes reclaman la indemnización fueron reconocidos como verdaderos propietarios y esa titularidad no fue cuestionada ante los tribunales ni por Cuauhtémoc Cárdenas ni por Rosario Robles, quienes antecedieron en el cargo aLópez Obrador.
Inclusive, durante la gestión actual se hizo un nuevo peritaje para establecer el monto de la indemnización, descontando el valor estimado de dos predios que fueron detectados como sobrepuestos al Paraje San Juan. GUSTAVO CASTILLO GARCIA
En el caso se trabajará con celeridad "pero también con prudencia", indica Bátiz
Paraje San Juan: por el momento no se pedirá que declaren Salinas ni Camacho
Peritos de la procuraduría estudian la supuesta firma de Ebrard, que según él fue falsificada
AGUSTIN SALGADO
El titular de la Procuraduría general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, descartó que, "por el momento", la dependencia pueda llamar a declarar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al ex regente capitalino y actual legislador federal por el PRD, Manuel Camacho Solís, en torno de las averiguaciones relacionadas con el caso de Paraje San Juan. La expropiación fue firmada por el ex presidente Salinas, sin embargo el presunto fraude se comete después; el mismo Camacho declaró que él mismo propuso la expropiación y que incluso llevó el documento al ex Presidente para su firma, explicó Bátiz.
"Sin embargo, lo que nosotros estamos verificando es la posible falsificación de documentos para acreditar la propiedad a ciertos individuos, y eso fue posterior a la gestión de Camacho y Salinas; por ello parece que no necesitamos llamarlos a declarar, pero si se necesita más adelante lo haremos", señaló.
El procurador capitalino indicó que aún no sabe a quién será necesario llamar a declarar, ya que se tendrá que citar "a quienes vayan apareciendo en la averiguación previa", aunque el hecho de que sean mencionados durante la indagatoria no implica que sea necesaria su declaración. Argumentó que se trata de "un asunto delicado" y no hay plazos establecidos para tomar las declaraciones. "Tenemos que ir desenvolviendo la averiguación previa de acuerdo con lo que encontremos".
Respecto de la denuncia presentada el lunes pasado por el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por supuesta falsificación de su firma, Bátiz informó que ayer mismo expertos en grafoscopía iniciaron el estudio de la rúbrica del oficio de 1993 que Ebrard sostiene que es apócrifa.
"Vamos a trabajar con celeridad, pero también con cuidado, con prudencia, para no dejar nada al azar. Todo debe hacerse con fundamentos y a conciencia". Por último, el titular de la PGJDF se refirió a Patricio Avila Luna, funcionario de la delegación Coyoacán que renunció el martes pasado, tras conocerse que forma parte de la sociedad que demanda el pago por la expropiación del predio Paraje San Juan. "Efectivamente, es uno de los que se ha mencionado y está localizable, pero hay otros y tendremos que ver cómo está el expediente". Agregó que "sería muy positivo" que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara formar una comisión que estudie el asunto "con toda imparcialidad", lo cual "tranquilizaría a la sociedad en general".
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