Buscará que diseñen sus empresas y fortalezcan sus procesos de organización

Perfeccionará el Inca-Rural modelos para respaldar a pobladores del agro

MATILDE PEREZ U.

A 30 años de la creación del Instituto Nacional de Capacidades del Sector Rural (Inca-Rural), sus metas consisten en respaldar a la población del campo para que diseñe sus empresas y fortalezca sus procesos de organización, asentó la directora del organismo, Leticia Deschamps Solórzano. "Las acciones son con una visión de territorio, es decir, se identifican las características físicas, geográficas, ecológicas y culturales, y se trabaja con la población para que desarrolle sus capacidades".

Durante el seminario internacional Desarrollo de capacidades en territorios rurales, con el que el Inca-Rural festejó su 30 aniversario, Deschamps Solórzano dijo que si bien se están revisando los modelos que se utilizaron durante ese periodo, "hay metodologías que no se van a descartar sino a perfeccionar, ya que han permitido que los productores desarrollen sus capacidades.

"Quienes tenemos como misión impulsar acciones de formación para generar mejores capacidades en las personas, destacamos los procesos de educación y formación como componentes estratégicos del desarrollo y los reconocemos como generadores de riqueza, justicia y participación hacia un contexto de mayor equidad social", expuso en la inauguración.

La tarea que enfrenta el sector rural, abundó, no es sencilla, porque existen grandes segmentos de la población excluidos de los sistemas educativos formales y de procesos de educación no formales, por lo que resulta estratégico emprender acciones que apoyen el desarrollo de capacidades que esa población requiere.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Alvaro López Ríos, manifestó que ni las visiones estatistas del pasado ni el actual modelo de globalización han favorecido el desarrollo de los campesinos. Las autoridades deben analizar su capacidad de atender a los productores, porque mantienen una visión de carácter empresarial, sin incorporar el componente social, comentó.

En el foro en el que se analizaron los modelos centrados en dotación de activos, el caso de la reforma agraria, Sergio Gómez, de la Universidad Austral de Chile, apuntó que tras la reforma agraria en ese país (1964-1973), en la dictadura fue parcialmente revertida, pues dos terceras partes del total de tierra expropiada fueron devueltas a sus antiguos propietarios y el otro tercio fue asignado en parcelas individuales a 45 mil nuevos dueños, la mayoría trabajadores agrícolas. Actualmente, agregó, lo que interesa al Estado es generar condiciones para el desarrollo de una agricultura rentable, competitiva y con capacidad de integrarse al proceso de apertura, que desarrolle y utilice todas sus potencialidades "en un marco de sustentabilidad ambiental, económica y social".

Explicó que algunos de los instrumentos que el gobierno pretende aplicar para crear confianza en los productores son: seguro agrícola para enfrentar adversidades climáticas, un fondo de defensa de los productos chilenos, establecer salvaguardas, derechos compensatorios y antidumping, y crear una bolsa de productos silvoagropecuarios con sus correspondientes instrumentos financieros.

Antonio Marcio Buainain, del Centro de Estudios Estratégicos de Brasil, destacó que en su país existen 1.2 millones de familias sin tierra y, en contraste, 4.9 millones de fincas ocupan 354 millones de hectáreas y hay 4.1 millones de fincas familiares que abarcan apenas 60 millones de hectáreas. Dijo que de 1995 a 2002 la ocupación de tierras tuvo altibajos; en 1995 hubo 145 y cuatro años después se llegó a 502 ocupaciones, pero a partir de 2000 empezaron a descender hasta llegar en 2002 a 93 ocupaciones.

La reforma agraria, mencionó, no tuvo el éxito esperado, porque hay restricciones al acceso a la tierra de mejor calidad debido a sus altos costos, el bajo nivel tecnológico y limitado acceso a los mercados y servicios, lo que se traduce en una fuerte restricción a la sostenibilidad económica de los asentamientos y el Estado tiene dificultades para mantener el flujo de inversiones para sostener el modelo de reforma agraria.