Los implicados siguen libres, dice el CIPO-RFM

Denuncian impunidad en el ataque contra pobladores de Yaviche, Oaxaca

ROSA ROJAS

Después del ataque perpetrado el 16 de octubre anterior por unos 50 "paramilitares", con armas de alto poder, contra una asamblea inerme en Santa María Yaviche, Oaxaca -que dejó como saldo un muerto y nueve heridos-, no se ha ejercido acción penal contra ninguno de los directamente implicados, a pesar de que se dieron a conocer varios nombres y de que "20 (agentes) judiciales destacados en Tanetze de Zaragoza (cabecera municipal) comen en el mismo lugar que ellos", denunció Raúl Gatica, dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).

En conferencia de prensa, en la que también participaron Rosario Ibarra, el general Francisco Gallardo e integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales, se afirmó que "la situación de los derechos humanos en Oaxaca es crítica, por el número de presos políticos, las masacres y la impunidad que existen" en la entidad, y de ahí la importancia de la Caravana de observación de los derechos de los pueblos indios y por la libertad de los presos políticos y de conciencia de Oaxaca que este fin de semana visitará varias poblaciones de la entidad.

La organización de la caravana está a cargo del Serapaz y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el CIPO-RFM y el Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) de Unión Hidalgo, comunidad de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Los participantes de la caravana habrían partido anoche del Zócalo de la ciudad de México y este viernes realizarán en Oaxaca el foro Contra la represión, todas las voces. El sábado, una parte del contingente viajará a Unión Hidalgo, haciendo una escala en el penal de Tehuantepec, y otra partirá hacia San Isidro Aloapam, en la sierra de Ixtlán, con escala en la cárcel de Ixcotel. En ambos casos se buscará visitar a los presos políticos para verificar las condiciones en que se encuentran.

La conferencia de prensa se efectuó en las afueras de la oficina de la representación del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal, cuyas puertas fueron clausuradas temporalmente con mantas en las que se exigía "Amnistía nacional y libertad a los presos políticos del país", "Libertad a los presos políticos de Oaxaca: Oliverio Neri, de Guevea de Humbolt, Loxichas, OPIZ, Teojomulco, de CODECI, Consejo Ciudadano Unihidalguense y San Mateo del Mar".

Ibarra de Piedra subrayó que en la actuación de los regímenes represores del país ha sido tradición "inventar" delitos contra los luchadores sociales, como actualmente ocurre con Carlos Manzo y Luis Alberto Marín, del CCU, recluidos desde hace cinco meses en el penal de Tehuantepec.

Gatica mencionó que los "paramilitares" que atacaron la asamblea de Santa María Yaviche llegaron, como se demostró con fotografías, "uniformados algunos y armados con rifles de alto poder de uso exclusivo del Ejército". Previamente, dijo, se había dado aviso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de que gente de Jacobo Chávez Yescas, ex presidente municipal de Tanetze de Zaragoza, junto con integrantes del Consejo Regional Urbano de Tuxtepec, se dirigían a la comunidad y temían un enfrentamiento. Después presentó copia de la solicitud que el visitador general de la CEDH, Miguel Angel López, hizo al secretario de Protección Ciudadana, Abel Trejo González, de aplicar medidas cautelares para brindar seguridad pública y evitar enfrentamientos violentos en dicha zona. Sin embargo, afirmó, la seguridad pública actuó mucho después del ataque, dirigido por César Toimil y Jacobo Chávez.

Subrayó que no se ha ejercido acción penal contra los atacantes y las dos únicas personas que fueron detenidas por la propia comunidad, "van a ser liberadas porque sólo se les acusó de amenazas", a pesar del homicidio y las lesiones que perpetraron.

Francisco de la Rosa, preso político que fue liberado del Cereso de Tehuantepec por mediación del diputado perredista Carlos Sánchez -asesinado posteriormente en Juchitán-, informó que el CCU emprenderá otra etapa de lucha y él viajará con otras personas a diversos países de Europa para denunciar que se ha recurrido a todas las instancias gubernamentales. El Congreso de Oaxaca no ha dado respuesta a la demanda de auditoría y desaparición de poderes en Unión Hidalgo, sus dos compañeros siguen presos y hay otras 26 órdenes de aprehensión contra integrantes del CCU.