Plantean ampliar facultades de fiscalización y reducir costos de campañas

Consejeros salientes proponen reformas

ALONSO URRUTIA

En vísperas de dejar sus cargos, siete consejeros electorales encabezados por el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, presentaron un paquete de reformas entre las que destaca la posibilidad de que ese organismo pudiera solicitar a la Secretaría de Hacienda auditorías sobre las empresas y transacciones relacionadas con partidos políticos.

La propuesta incluye modificaciones sustanciales para abatir los costos del financiamiento de las campañas de los partidos; la posibilidad de que los anuncios en radio y televisión se realicen dentro de los tiempos fiscales; la regulación de las precampañas y una mayor responsabilidad legal de los partidos que pierdan el registro, con el fin de garantizar que los bienes adquiridos con dinero público sean retribuidos a la Federación.

Ni una palabra sobre el debate relacionado con la renovación del Consejo General, ámbito sobre el cual, a pesar del vacío existente en la legislación, no hicieron ninguna propuesta.

Ausentes los consejeros Jaime Cárdenas y José Barragán, la propuesta incluye como capítulo fundamental relanzar el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, si bien al respecto no se dieron pormenores.

Quizá como herencia de los escandalosos casos de Pemexgate y Amigos de Fox, uno de los puntos medulares de la propuesta se centra en el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del IFE, confiriéndole al organismo el acceso a la información resguardada bajo el secreto bancario, pues en la actualidad, precisó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, sólo hay una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que "no tiene efectos generales".

Por su parte, Virgilio Rivera resumió otro de los planteamientos derivado de la confrontación que tuvo el organismo con la Secretaría de Gobernación relacionada con los espots para la promoción del voto. Se plantea que el IFE pueda promover controversias constitucionales ante el Poder Judicial de la Federación circunscritas a la defensa de su autonomía.

Sería aplicable -explicó- en algunos temas como es el de la preminencia y la facultad fundamental de la promoción de la ciudadanía para el voto y de la cultura democrática, lo cual sería una objetivo fundamental a perseguir.

Jacqueline Peschard y Mauricio Merino expusieron las propuestas de reforma relacionadas con el gasto y condiciones de competencia. La primera explicó que en el IFE existe el convencimiento de los beneficios de preservar el financiamiento público como dominante, pero también reconoció la necesidad de abatir los costos.

Planteó la necesidad de modificar las fórmulas utilizadas para asignar los recursos y estudiar la posibilidad de que las prerrogativas de los partidos sean fijadas como porcentaje del presupuesto, con el propósito de prever aquellos años de penurias económicas que impliquen la reducción del gasto general.

Por lo que hace a los espots en radio y televisión, los consejeros plantearon tres opciones: que todas las campañas se realizaran mediante los tiempos fiscales y del Estado, cancelando cualquier compra de espots; una mezcla de espacios entre tiempos del Estado y la adquisición, por parte del IFE, para distribuirlos conforme a las fórmulas de equidad, y una tercera que combinaría tiempos fiscales, compra de espacios y adquisición independiente de los partidos.

Merino puntualizó que se propone regular el tope de aportaciones de militantes, pues en la actualidad la legislación sólo lo fija para los simpatizantes. Asimismo, se plantea modificar el método para el otorgamiento del registro a partidos, para que sea solamente el personal del IFE el que se responsabilice de acreditar las asambleas de formación de un partido. Ligado con ello se plantea que un partido político que pierda el registro pueda volver a buscarlo en la siguiente elección, pues ello eliminaría la simulación.

Otra propuesta expuesta por Gastón Luken es establecer una vigencia de la credencial de elector, pues en la actualidad es el único instrumento de identificación que carece de caducidad.