Se propone dar seguridad a los inversionistas

Favorecer a ''grandes usuarios'', eje del planteamiento del gobierno al PRD

RENATO DAVALOS Y ALONSO URRUTIA

La propuesta del gobierno en el ámbito eléctrico que se entregó a los perredistas, plantea que los ''grandes usuarios'' de energía eléctrica tengan la ''opción'' de que un tercero les pueda entregar el servicio, e incluye regular la reforma de facto de los últimos tiempos con cambios al marco jurídico para ''darle seguridad a las inversiones que ya existen desde 1993''.

También, que se permita a los particulares hacer inversiones para el abasto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la participación de los ''grandes consumidores'' mediante ''contratos bilaterales''.

Necesidades del sector eléctrico y para una reforma, es el título del documento que elaboraron conjuntamente la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, que ayer fue entregado a la dirigencia perredista en la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron los secretarios Santiago Creel, y el de Energía, Felipe Calderón, así como el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub con la cúpula del sol azteca.

''Despejar cualquier duda'' sobre la ''constitucionalidad'' para que los productores independientes generen energía para su entrega al Estado, requiere el planteamiento gubernamental, insistente en ajustar la circunstancia en la que ha operado el mercado eléctrico en los últimos años. Competir con los privados en ''igualdad de condiciones'', señala el documento al referirse a la condición que tendría la CFE.

Se da cuenta de las 13 centrales que están en construcción y las diez licitadas, que implicarán inversiones por 6 mil 397 millones de dólares. Sostiene que en la próxima década, el consumo crecerá 75 por ciento, es decir, casi 10 millones de nuevos clientes, con un incremento promedio de 5.4 por ciento anual.

De aquí a 2011 tendrían que construirse 61 plantas, con una inversión de 562 mil 944 millones de pesos. Las cifras señaladas han sido ''verificadas'' por integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México y ex directores de la CFE.

Como argumento para salvar las críticas, el sector energético del gobierno especifica que el Estado mexicano conservaría la propiedad y el control de las redes de transmisión y distribución, así como el control del sistema eléctrico. Sería el gobierno el determinante para el cálculo de las tarifas de prestación del servicio.

Asimismo, sería la Comisión Reguladora de Energía la que fijaría condiciones para la operación de los contratos bilaterales, asegurando el ''sano desarrollo'' de la industria eléctrica.

Estos alcances de los criterios están definidos al final con la participación privada: ''Generarían para entrega a la CFE y participarían por grandes consumidores''. La participación particular es vista como ''complementaria'' de las inversiones que ''cubrirían'' las necesidades de crecimiento.

Se ''fortalecerían'' los activos que actualmente tiene el Estado, aunque no se detallan las vías para alcanzar ese objetivo. En el mismo sentido refiere la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad obtenga ingresos adicionales, aprovechando su infraestructura humana, tecnológica y física.

Sin mayores precisiones, se indica que se garantizarían los derechos de los trabajadores de la industria y se atendería la ''cobertura de los pasivos laborales'' de los empleados.