Creó el PRI una secretaría para transparentar el uso de recursos donde gobierna

Alcaldes priístas mexiquenses deberán hacer públicas sus percepciones

El PRD no ha recibido petición de indagar los bienes del edil de Texcoco: dirigente

ISRAEL DAVILA, SILVIA CHAVEZ Y RENE RAMON CORRESPONSALES

El PRI del estado de México creó en su dirección la Secretaría de Asuntos de Gobierno, que entró en funciones este lunes, y por la cual los 70 alcaldes priístas en la entidad deberán hacer públicas sus percepciones -salarios, bonos y gratificaciones- así como "transparentar por completo" el manejo de los recursos públicos a su cargo, informó el dirigente estatal del tricolor, Isidro Pastor Medrano. Añadió que sus correligionarios además entregarán mensualmente sus informes financieros a la Contaduría General de Glosa del Congreso mexiquense.

Por otra parte, Víctor Bautista López, dirigente estatal PRD, afirmó en Naucalpan que el sol azteca inició una investigación sobre el patrimonio de sus 21 presidentes municipales -entre ellos Higinio Martínez Miranda y Juan Antonio Preciado, de Texcoco y Tultitlán, respectivamente-, para "transparentar" el origen de sus recursos personales, además que deberán hacer públicos sus ingresos.

De acuerdo con Pastor Medrano, la nueva dependencia del Comité Directivo Estatal priísta evaluará permanentemente a los más de 700 representantes populares emanados del partido, lo mismo a alcaldes, síndicos y regidores, que a diputados locales y federales. Añadió en conferencia de prensa que ofreció en Toluca, que la evaluación de las gestiones municipales emanadas del PRI se realizará mensualmente, a partir de denuncias ciudadanas que se reciban en el teléfono 01 800 200 43 43, con el cual además se podrá participar en encuestas semestrales que realizará el partido sobre el desempeño de sus alcaldes y legisladores. "No vamos a tolerar excesos, no habrá lugar a corruptelas y no podrán retrasarse con la entrega de sus informes financieros a Glosa para conocer el manejo que hacen de los recursos públicos. Quien incurra en alguna irregularidad lo denunciaremos públicamente", dijo Pastor Medrano. Acotó que el PRI abrirá expedientes con los cuales se verificará que sus alcaldes cumplan con cada uno de los compromisos que asumieron durante sus campañas proselitistas. Además, los diputados locales y federales deberán instalar una oficina en los municipios sedes de los distritos que representen, para atender a sus electores.

Investigarán bienes de alcaldes perredistas

Mientras, en conferencia de prensa que ofreció en Naucalpan, el dirigente del PRD estatal, Víctor Bautista López se refirió a los bienes del presidente municipal de Texcoco, que presuntamente incluyen un rancho valuado en 30 millones de pesos. Bautista López comentó al respecto que su partido "no ha recibido ninguna petición de la militancia para investigar el caso, pero debido a la difusión del hecho, será transparentado el ejercicio de los 21 ediles del PRD".

Añadió que se exigirá a los alcaldes perredistas mexiquenses dar cumplimiento al Acuerdo de Ecatepec, suscrito antes de las elecciones locales del 9 de marzo pasado, por el cual los entonces candidatos a ediles se comprometieron a hacer públicos sus ingresos y a tener salarios "decorosos".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó para el próximo 26 de noviembre la primera audiencia de la controversia que promovió el gobierno del estado de México, contra la Federación y el Distrito Federal, por el incumplimiento de convenios para la explotación de los mantos acuíferos ubicados en territorio estatal.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la entidad mexiquense, Rafael Ochoa, afirmó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el gobierno capitalino, respondieron a la demanda que interpuso la administración del gobernador Arturo Montiel, y negaron haber incumplido los citados convenios, además que presentaron presuntas causales de improcedencia. Añadió que el 26 de noviembre entrante las partes involucradas presentarán las pruebas que consideren convenientes para hacer valer sus reclamos, e iniciar el desahogo de las mismas. Con la controversia, el gobierno mexiquense busca que se invalide un oficio que el 23 de junio anterior emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual se negó a reasumir la operación y administración de los sistemas hidráulicos de Chiconautla y Alto Lerma, que actualmente opera el Distrito Federal.