Francisco López Bárcenas

Yosotatu: Ƒla tierra es de quien la invade?

El viejo lema zapatista ha sido trocado por el neoliberalismo y quienes hacen su apología: ahora la tierra no es de quien la trabaja, sino de quien la invade. De poco sirvieron los viejos anhelos del neoliberalismo que, obedeciendo los lineamientos de organismos internacionales, buscaban dar certeza jurídica al campo mexicano para convertirlo en propiedad privada y permitir su ingreso al mercado. Esa estrategia no dio mucho resultado porque los pueblos no son tontos y, aunque necesitados, no cedieron a esas pretensiones, pues sabían que de esa manera perderían hasta el lugar donde se asientan. Prefirieron enfrentar los estragos del hambre con otras estrategias, migración por ejemplo, a cambio de mantener sus territorios y tierras, dos cosas bien distintas, pero ambas indispensables para su existencia.

Pero lo que el gobierno no logró por esa vía lo está consiguiendo tolerando y a veces impulsando conflictos intercomunitarios, expresión de políticas deliberadas hacia el campo que buscan seguir desestructurando a las comunidades indígenas para inducirlas a pensar que la tierra sólo les da problemas y que más vale deshacerse de ellas si quieren alcanzar la paz. Para sostener este argumento no importa que al no solucionar los conflictos agrarios se desobedezcan sentencias de los tribunales agrarios, se desacaten amparos otorgados por el Poder Judicial de la Federación, se violente la legislación agraria y se permita la impunidad de quienes no respetan los derechos de sus vecinos porque no conviene a sus intereses ni a los de quienes les brindan protección desde las esferas del poder.

El mito de la seguridad jurídica se diluye y aparece la violencia y la inseguridad como regla. Casos existen muchos, pero como muestra basta uno: el de los ejidatarios de San Pedro Yosotatu, en la región mixteca.

Despojados de sus tierras desde 1998, cinco años después no existe quien los escuche ni menos aún quien les haga justicia. Los ejidatarios han hecho de todo por la vía pacífica para que sus derechos se respeten y puedan recuperar sus tierras: fueron al Tribunal Unitario Agrario correspondiente, el cual les confirmó sus derechos, pero no se los restituyó, así que acudieron a las autoridades administrativas y judiciales del fuero común y federal para que castigaran a quienes portando armas de alto poder los despojaron de su patrimonio y les destruyeron sus bienes; no obstante, los invasores se pasean por la región como si nada. Realizaron una marcha, junto con otras comunidades de la región, de Tlaxiaco a la capital del estado de Oaxaca, para exigir la devolución de sus tierras y seguridad para poderlas trabajar. Lograron que el gobierno prometiera devolverles sus tierras, pero tan pronto cesó la presión olvidó sus promesas.

Más recientemente pudieron hablar con el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, quien ofreció atenderlos. En estricto sentido los ha escuchado, pero ninguna solución ha ofrecido a su problema. La primera vez que se reunieron con él en Oaxaca, en julio pasado, dijo que lo dejaran estudiar el problema; a principios de septiembre se encontraron en la ciudad de México y prometió enviar una brigada de Oaxaca para comenzar los trabajos de medición, pero no cumplió su palabra. A finales de mes se encontraron nuevamente y ante la sorpresa de los ejidatarios les pidió que ofrecieran alternativas de solución.

Mientras la indiferencia gubernamental crece los invasores se envalentonan. Ahora no sólo impiden a los ejidatarios de Yosotatu trabajar en las tierras que legal y legítimamente les pertenecen. Tampoco les parece suficiente felonía destruir huertas de frutales en producción.

A partir de esta semana los invasores han comenzado a construir una carretera sobre las tierras invadidas, con el claro objetivo de unir a las comunidades de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, dos comunidades unidas para cometer fechorías, no por voluntad propia, sino obligadas por líderes que sintiéndose protegidos ya no tienen límites en sus actos. Para ellos la tierra no es de quien tiene derechos sobre ella y puede demostrarlos, sino de quien la invade y cuenta con los recursos para sostener sus actos.

El gobierno no puede seguir sin aplicar la ley y solucionar el problema, menos ahora que muchos dicen que han visto a Zapata cabalgar de nuevo. No vaya a ser que un día se presente por la región.