Javier Oliva Posadas

Pobres y ricos. La reforma eléctrica

El problema no es que haya ricos y pobres, sino las condiciones que propician que existan tan pocos inmensamente ricos y una abrumadora e inmensa mayoría de desposeídos. La polarización en la estructura social ha acarreado en México y en muchas partes de Latinoamérica inestabilidad, estancamiento y, sobre todo, falta de confianza en las autoridades, en las instituciones y las inversiones privadas. Por eso, no debe extrañar que ahora que se discute con mayor intensidad y profundidad la posibilidad de una reforma jurídica que permita mayores márgenes de participación de la iniciativa privada -nacional y extranjera- en el sector de la energía eléctrica, las reacciones sean tan contradictorias como incongruentes.

La evolución en favor de la sociedad forma parte de la percepción progresista de la política. Es decir, a sabiendas de que todo cambia, se adapta y ajusta, lo que prevalecen son los principios y valores, sea de una sociedad u organización. Antes de aceptar o rechazar las opciones en la cuestión de la energía eléctrica, debiera ponderarse que no se trata solamente de un aspecto ideológico, sino también técnico, esto es, en qué condiciones y cómo habrá de afectar para bien o para mal a la población la posible modificación en ese sector.

En Alemania, el pasado jueves 16, el partido socialdemócrata (SPD), encabezado por el primer ministro, Gerhard Schroeder, y sus aliados del Partido Verde pudieron, a penas y con muchos problemas, modificar el marco legal de las pensiones. Y es a penas, porque la resistencia a reducir o recortar los beneficios que otorga el muy poderoso Estado de bienestar germano recibió una amplia gama de críticas, pero al momento de presentarse la inviabilidad de mantener las actuales circunstancias, hasta los opositores internos de Schroeder, modificaron su actitud. Es cierto, se trata de casos muy diferentes, pero no por ello podemos evitarlos al referirnos al concepto de rectoría económica del Estado. Tema muy sensible a la cultura y opinión pública de nuestro país.

Por eso, y considerando el editorial de La Jornada del pasado sábado 18 con referencia a la situación en Bolivia, la cuestión radica en si se darán las garantías suficientes como para que la polarización, la concentración de la riqueza y el debilitamiento de la presencia del Estado en la economía no formen parte de un futuro incierto y, por lo tanto, carente de oportunidades para la ciudadanía. Así, el criterio debe ser: primero las personas y su entorno, y después las cosas. Sin estabilidad social no hay inversión, por eso el caso de Bolivia nos los recuerda y refrenda.

Acostumbrados a polémicas sustentadas en principios innegociables, la posibilidad del debate en México se reduce a la adjetivación y a las consignas. En ambas situaciones no hay profundidad en los contenidos generales del debate. Por eso parece fundamental que a partir de los factores técnicos (que van de la situación jurídica de la inversión a la población afectada por los hipotéticos ajustes), las reflexiones se vean sustentadas por datos verificables y concretos. Mantener la discusión como hasta ahora lo único seguro que producirá será tensión (y no alta tensión). De acuerdos, nada.

Si las medidas a adoptar se verán reflejadas en beneficio de la población en el mediano y largo plazos, bienvenidas. Tenemos elementos técnicos y analíticos para preverlo. Si, por el contrario, dichas reformas conducen a ahondar las diferencias sociales y de perspectivas; si el abismo entre ricos y pobres va a crecer aún más, pues esas propuestas no tendrán legitimidad ni tampoco quienes las promuevan y aprueben.

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