En la década reciente el país ha enfrentado una larga cadena de problemas, lastres y rezagos económicos. En los pasados 10 años, México ha experimentado brutales crisis y rescates financieros, ha visto retardado significativamente su crecimiento y ahondadas las desigualdades sociales, ha sido remiso en la creación y preservación del empleo y ha abierto indiscriminadamente sus fronteras comerciales con un saldo negativo para la industria nacional. En general, han sido años de estrechez económica, de crecimiento escaso y de insuficiencia presupuestal para invertir en infraestructura y para construir esquemas efectivos de justicia social y desarrollo incluyente.

Con todo, en ese lapso la nación ha destinado 228 mil millones de dólares al pago de la deuda externa pública y privada, cantidad exorbitante que supera el monto del endeudamiento foráneo del país, que actualmente se ubica en 155 mil millones de dólares. Para colmo, en ese periodo el saldo de los pasivos internacionales de México no ha hecho sino crecer, al pasar de 117 mil 600 millones de dólares a los 155 mil millones ya señalados. Así, los mexicanos han pagado casi dos veces su deuda externa y, sin embargo, ésta no ha dejado de aumentar. Y, por añadidura, las obligaciones financieras internas del gobierno federal -sin incluir el oneroso e ilegal rescate bancario emprendido durante la administración pasada- se han multiplicado por cinco en ese periodo, para situarse en 82 mil millones de dólares.

Estas cifras mayúsculas demuestran que el modelo neoliberal impuesto a México por los organismos financieros internacionales y aplicados por los sucesivos gobiernos del país desde hace al menos dos décadas, ha sido causa directa del empobrecimiento nacional y de la incapacidad del país para impulsar un desarrollo económico sano que revierta los rezagos históricos, atienda las necesidades actuales y permita construir un futuro auspicioso para las mayorías. Los beneficiarios de este esquema de depredación económica no han sido la sociedad mexicana y sus fuerzas productivas, sino un puñado de especuladores, las trasnacionales extranjeras y los acreedores internacionales del país.

Mientras millones de mexicanos carecen de empleo o deben emigrar para buscar alternativas de vida digna, mientras la infraestructura se deteriora y se vuelve insuficiente, y mientras el agro y los campesinos están sumidos en la desesperación, por sólo dar unos ejemplos, México ha entregado al extranjero miles de millones de dólares que podrían haber contribuido al desarrollo nacional.

Ahora, cuando el embate de quienes han empobrecido a México se orienta hacia su patrimonio energético, la sociedad en su conjunto debe mantenerse alerta y activa para prevenir un nuevo expolio de la riqueza nacional. En Sudamérica, los gobiernos de Argentina y Brasil ya han decidido -mediante el llamado Consenso de Buenos Aires- no volver a hipotecar el desarrollo de sus pueblos en aras de cubrir una deuda ya varias veces saldada.

México ha pagado con creces y con profundos sufrimientos sus deudas y cumplido puntualmente con sus compromisos externos. Por ello, es hora de emprender un camino distinto, más libre, justo, solidario y socialmente viable. No se trata de repudiar las obligaciones financieras, sino de acotarlas a las posibilidades reales de la nación. ¿Cuánta pobreza, desasosiego y oportunidades perdidas han de sumarse al de por sí poco auspicioso panorama nacional antes de que las autoridades nacionales y las fuerzas políticas comprendan y asuman la necesidad de modificar la ruta seguida en los 10 años pasados?