La violación de derechos humanos se agrava con los conflictos agrarios, advierte

Denuncia ONG detención ilegal de indígenas en Guerrero

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

Acapulco, Gro., 18 de octubre. La falta de cumplimiento a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, así como las detenciones ilegales de indígenas a manos de la Policía Judicial del Estado (PJE) agravan las violaciones a las garantías individuales en La Montaña de Guerrero, problema que se agudiza con los conflictos agrarios entre las comunidades.

Así lo expresó Abel Barrera Hernández, presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa de Comonfort, quien asistió a los festejos del octavo aniversario de la policía comunitaria, realizados en Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán.

"Ultimamente, los casos que hemos estado registrando tiene que ver sobre todo con los problemas que hay de detenciones ilegales por parte de policías judiciales del estado. Pero hay otros conflictos muy fuertes que nos preocupan, como los agrarios, que vemos que se están agudizando, como el que tienen Ixtlahuazaca, municipio de Zapotitlán, con comunidades de Acatepec", manifestó Barrera Hernández.

Afirma que la falta de solución al conflicto ha generado detenciones como la de un anciano de 70 años, de Ixtlahuazaca, acusado de siembra de drogas; "como está muy enfermo tuvieron que trasladarlo a Chilpancingo y lo liberaron con una fianza, pero por su enfermedad no pudo ir a firmar a Chilpancingo, por lo que se giró una orden de reaprehensión y tuvieron que llevarlo enfermo a la capital del estado, y nuevamente pagaron fianza para poder liberarlo".

Expresó que existe preocupación entre los indígenas de esta región, así como en los organismos de derechos humanos, por la situación que se vive en Ayutla, "donde ha habido retenes y detenciones, sobre todo al entrar a las casas, por parte de miembros del Ejército, como en el caso de Caxitepic".

Dijo que hay un patrón sistemático de violaciones a las garantías individuales, como "el derecho a la libertad de expresión, porque en los mismos retenes no se permite por parte del Ejército que los medios de comunicación registren la situación que se vive. Por ejemplo, aquí, en este retén (en Agua Limón), no se permite que se tomen fotos, no se garantiza el libre tránsito, cuando sabemos que el trabajo de la policía comunitaria es un proyecto público, pacífico, y que lo que buscan es coadyuvar en el sistema de procuración de justicia en el estado".

Aseguró que el agravante de los conflictos en las comunidades es la omisión de las autoridades estatales, como el caso de Xitopontla, en el municipio de Ahuacuotizingo, con Olinalá, que es un conflicto agrario con ganaderos. "Se les cita hasta Chilpancingo cada 15 días, y la gente no tiene un fondo económico para enfrentar el conflicto. La gente se desgasta, pero la autoridad piensa que con eso resolvió el problema. No sabe que está abonando un conflicto mayor ante la omisión y la falta de responsabilidad del gobierno".

Dio a conocer que los gobernantes del estado no cumplen las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, como en el caso del desaparecido Faustino Jiménez, que "lleva más de dos años, donde hay señalamientos directos contra varios comandantes de la Policía Judicial, hay pruebas, y no se ha ejercido ninguna acción penal".