José Antonio Rojas Nieto

En defensa de la soberanía

Hace 20 años nos hicieron creer que México tenía abundancia de hidrocarburos. Irresponsablemente nos presentaron cuentas alegres y nos hicieron pensar que nunca tendríamos problemas de suministro interno ni de crudo, ni de gas natural. Pero las crecientes exigencias internas y externas respecto de números verosímiles y bases adecuadas para planear nuestro desarrollo futuro condujeron a serias revisiones. Según cifras oficiales, disponemos de 17 mil millones de barriles de crudo y 15 billones de pies cúbicos de gas natural. Internacionalmente (British Petroleum, Oil and Gas Journal y el Departamento de Energía de Estados Unidos) se reconocen 13 mil millones de barriles de crudo y 8.8 billones de pies cúbicos de gas natural, lo que apenas da una relación reservas-producción de 10 y siete años, respectivamente.

Esto nos conduce a un nuevo panorama, poco imaginado antes en México. En éste se vislumbran problemas de disponibilidad que deben ser analizados con rigor y cuidado. No obstante, hay voces de expertos de la mayor autoridad que aseguran que tenemos mucho más crudo y un poco más de gas natural del señalado. Sólo que hay que invertir para identificarlo, desarrollarlo y explotarlo.

Pero lo peor de todo es que una vez más se corre el riesgo de tener cifras manipuladas, ahora con la coartada de la emergencia y de la necesidad urgente de recursos privados del exterior, ya no sólo para la expansión eléctrica, sino para la explotación del crudo y del gas natural nacionales. Se trata de la nueva visión gubernamental que conduce a señalar que la máxima prioridad de nuestro hoy energético es dar certidumbre a los inversionistas privados que ya intervienen o que desean participar en los ramos del petróleo, gas natural y electricidad. Y esta formulación gubernamental se reconoce como la piedra angular no sólo de su limitado discurso, sino de su activismo político y legislativo del momento.

Ciertamente, falta trabajo de exploración y desarrollo para verificar y sostener ese notable incremento del que nos hablan técnicos de alta solvencia moral. Pero ello no puede ser ni razón ni causa, mucho menos ocasión o circunstancia para abrir indiscriminadamente nuestras áreas naturales (crudo y gas natural) y estratégicas (refinación y electricidad) a los capitales privados extranjeros. No se puede posponer la revisión de las modificaciones legales de 1992 que abrieron el camino a los productores externos de electricidad. Merced a ello, en poco tiempo más estos productores -entre los que destacan las españolas Unión Fenosa e Iberdrola- controlarán 20 por ciento de la capacidad interna de generación de electricidad.

Tampoco puede esperar la reflexión sobre cómo enfrentar la tácita apertura en crudo y gas natural por medio de la ilegal e ilegítima asignación leguleya del primer bloque de la cuenca de Burgos a la también española Repsol. Se trata, por cierto, del mismo consorcio que hoy controla la industria petrolera en Argentina y que es puntal del proyecto de explotación y exportación del gas natural del sur de Bolivia, del que la península de Baja California es parte fundamental, como base de alimentación de gas natural y electricidad a California.

El bloque popular de miembros de comunidades indígenas, campesinos, trabajadores y empleados urbanos y habitantes de las zonas populares se ha movilizado para exigir un referéndum nacional respecto de cómo explotar 24 billones de pies cúbicos de gas natural que, según las estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos, pudieran elevarse a 52 billones y hacer de Bolivia uno de los principales exportadores de gas natural del mundo.

ƑQué idea central ha conducido la lucha triunfante del bloque popular de Bolivia? La soberanía. Y merced a ella han rechazado con firmeza un proyecto orientado a resolver necesidades energéticas de California, controlado por británicos y estadunidenses, y que involucra a Chile, Perú y México. Con el rechazo han obligado a dimitir y a huir al desvergonzado ex presidente Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada), empresario minero que también mediante un decreto leguleyo entregó a las trasnacionales esa riqueza natural a cambio de un pago de entre 15 y 18 por ciento de impuestos, y que desató una represión que cobró no menos de 65 vidas, encarceló a cerca de 150 personas y ha dejado un saldo desconocido de desaparecidos.

Frente a ello, y viendo la experiencia boliviana, no es fácil entender esa forzada búsqueda de la cínica coherencia de la certidumbre a los inversionistas extranjeros en áreas de propiedad nacional. Y, menos aún, la obcecada terquedad de adaptar al juego de trasnacionales los textos de la Constitución. ƑQué hacer frente a las tremendas presiones internas y externas para legitimar la ilegal presencia privada en esos ámbitos? ƑQué hacer frente a la creciente proximidad de las fracciones de la tradición corporativa y despótica del Partido Revolucionario Institucional con las del falso cambio del Partido Acción Nacional, que generan un verdadero problema al país con su ánimo de modificar radicalmente los artículos 27 y 28 de la Constitución?

ƑQué podemos hacer quienes aún creemos en la soberanía y en la viabilidad de un proyecto nacional de desarrollo? ƑCómo frenar la entrega de las rentas petrolera y eléctrica, ya no sólo a los inversionistas directos, sino a los intermediarios financieros en los que se hace descansar el novedoso mecanismo de concentración de recursos dinerarios mediante la bolsa? ƑCómo enfrentar a los personeros del gobierno federal, de los gobiernos estatales, del PAN y del PRI que, sin asomo del mínimo escrúpulo político, ondean por doquier el estandarte de sus cuatro coincidencias esenciales: 1) redefinición pragmática del concepto de soberanía nacional; 2) certidumbre al capital privado extranjero; 3) cambio a los artículos 27 y 28 de la Constitución; 4) legalización del reparto privado de las rentas petrolera y eléctrica? La llamada guerra del gas en Bolivia da una síntesis impecable: la defensa de la soberanía nacional. šNada más!

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