Para la PGJDF no hay delito que perseguir porque la abogada decidió su muerte

Mañana, el caso de la defensora será analizado en una audiencia de la CIDH

BLANCHE PETRICH

A dos años del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, las promesas de esclarecimiento y justicia del procurador capitalino Bernardo Bátiz se han reducido a una conclusión que este lunes será diseccionada en Washington, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): en este caso -sostiene la procuraduría capitalina- no hay delito que perseguir porque esa muerte "fue decidida" por la propia licenciada.

De esta forma, el segundo aniversario luctuoso de esta luchadora social no se conmemora con la certeza de que ante su muerte el Estado respondió con justicia sino, por el contrario, con una amarga controversia entre la autoridad judicial capitalina y la familia de la víctima. La primera insiste en cerrar el caso sin ejercicio de la acción penal. La segunda en que los investigadores llegaron a la conclusión del suicidio manipulando pruebas y evidencias, y que la averiguación debe continuar.

Los Ochoa y Plácido y su equipo de defensores, encabezados por José Antonio Becerril, están convencidos de que la conclusión del "suicidio simulado" de la fiscalía especial, ratificada el 17 de septiembre por la Coordinación General de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador, es incorrecta y obedece a una investigación judicial sesgada, errática y fallida.

Un reporte fechado en mayo de 2003, del relator especial de la CIDH, Pedro Díaz, hecho público semanas antes de que la fiscalía especial pretendiera cerrar el caso, coincide en señalar los "errores graves" en el procedimiento de la investigación: alteraciones en la escena del crimen, modificación de la posición del cadáver, omisión de prácticas y datos claves en los peritajes forenses, resultados contradictorios de las pruebas periciales, repetición de análisis que "cambiaban" una y otra vez sus resultados, "aparición" inexplicable de evidencias extemporáneas, notoriamente sembradas.

Y finalmente, el señalamiento -desestimado al final por el procurador Bátiz- de que no fueron agotadas todas las líneas de trabajo que habían sido recomendadas previamente por el relator de la CIDH.

La demanda de la familia Ochoa de mantener abierta la averiguación y de que se les permita presentar nuevas pruebas del caso no responde solamente a lo reportado por el relator, sino al resultado del análisis de su defensa del expediente.

Para ello, antes de que la fiscalía se adelantara con sus conclusiones, el 18 de julio, los defensores de la familia solicitaron presentar una nueva batería de pruebas periciales y forenses con el argumento, en palabras de Becerril, de que "la prueba médica forense es la columna dorsal de toda investigación criminal y en el cuerpo de la víctima están los vestigios de los hechos".

Precisamente ese era el talón de Aquiles señalado por Pedro Díaz: la deficiente "cadena de custodia" de los vestigios y la defectuosa realización de la prueba médica forense. Contra derecho y aun en contra de un compromiso verbal hecho por el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, la fiscal Margarita Guerra se negó a recibir las pruebas aduciendo que eran innecesarias. Al poco tiempo cerró el proceso con la conocida conclusión del "suicidio simulado". No sólo eso, sino que apuntaló su versión ventilando públicamente diagnósticos siquiátricos y sicométricos que expusieron a la opinión pública la vida privada de Digna Ochoa y descalificando la labor de la defensora.

En rueda de prensa, la fiscal Margarita Guerra dijo en esa ocasión que los "verdaderos defensores de derechos humanos" son los que corren riesgos por su labor, "no así la persona de Digna". Y remató describiendo la participación de la abogada Ochoa en diversas causas como "reducida e incluso en algunos casos nula".

Después del informe de la fiscal, el 19 de julio, la averiguación pasó a la oficina de asesores del procurador, para que ésta ratificara o rechazara la propuesta de no acción penal. Nuevamente el Ejecutivo del Distrito Federal aseguró a la familia Ochoa que se le daría oportunidad para presentar sus pruebas. Y de nueva cuenta se les cerró la puerta, con la confirmación de la conclusión del suicidio.

En consecuencia, a fines de septiembre la defensa presentó un recurso de inconformidad contra ese dictamen y en rueda de prensa expuso sus motivos: las pruebas que pretende que sean analizadas en el contexto de la averiguación demuestran que en la escena de los hechos sí hubo violencia y forcejeo, y que la víctima fue golpeada y sometida antes de ser asesinada, así como que el cuerpo de la abogada fue colocado en la posición en la que fue encontrado después de yacer en otra postura.

No hay aún respuesta legal a este recurso. Pero la fiscal Guerra ya respondió con declaraciones al diario El Independiente, calificando a los familiares de "tramposos y faltos de ética". Al referirse a las pruebas fotográficas del expediente que el abogado Becerril expuso, dijo que fueron manipuladas "para sustentar una versión distinta a la inmolación, conducta que podría significar responsabilidades jurídicas". Y amenazó: "Esta conducta podría significar responsabilidades jurídicas".