Niega la ANUIES consulta de la Secretaría de Economía

Demandan instituciones que no se firmen tratados comerciales en materia educativa

JOSE GALAN ENVIADO

Villahermosa, Tab., 18 de octubre. La trasnacionalización de la educación, iniciada en México desde hace 10 años con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), amenaza a la autonomía universitaria, atenta contra los criterios de calidad académica, debilita los esquemas de rendición de cuentas y distorsiona la orientación del mercado profesional, señala un documento de análisis de las universidades públicas y privadas del país.

Por ello, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) propuso, como conclusión de su 34 asamblea anual ordinaria, la creación de un registro de validez oficial de estudios, especial para la inversión extranjera privada, que garantice la calidad y sus beneficios, y solicitó al gobierno federal participar en toda negociación comercial o de servicios relativa al comercio de servicios educativos de nivel superior.

Entre los miembros de la ANUIES provocó molestia el mensaje de la Secretaría de Economía de que habían sido consultados para la negociación de tratados comerciales, y exigieron a la dependencia revelar los informes confidenciales de los pasados 10 años al respecto, que ningún rector conoce.

Guillermo Malpica Soto, director de Negociaciones Multilaterales y Organismos Regionales de la Secretaría de Economía, egresado de la Universidad de las Américas (UDLA), sostuvo que en la firma de los acuerdos se tomó en cuenta la opinión de las instituciones, lo que fue desmentido públicamente, con caras largas y quejas, por los representantes universitarios, sobre todo de instituciones privadas como el Tec de Monterrey, el ITAM, La Salle, la Universidad Iberoamericana y la propia UDLA.

En reunión a puerta cerrada exigieron conocer las minutas de esa "toma de opinión" y el papel de las autoridades educativas y comerciales de las negociaciones "desventajosas". Rectores de universidades públicas también se sumaron a la protesta.

Nelson Valle López, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, exigió que no se firmen más tratados comerciales internacionales que involucren a la educación, y que el gobierno cumpla ya con su responsabilidad de erigir "una política de Estado" que proteja a la educación y sus instituciones, y que impida cualquier acuerdo que "vulnere nuestra soberanía".

El documento Trasnacionalización y libre comercio internacional de la educación superior, presentado en la sesión privada por Roberto Rodríguez Gómez, miembro del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de la UNAM, consideró que la controversia de mayor fondo radica en la caracterización de la educación superior como un bien esencialmente público que, como tal, el Estado debe proveer o apoyar en beneficio de las demandas sociales para mejorar la competitividad de la economía nacional en su conjunto y, por consiguiente, para fincar bases de crecimiento y progreso.

"En la medida que el Estado delega esa responsabilidad en la iniciativa privada, más aun en la posibilidad de inversión extranjera, contraviene la opción por una educación pública de calidad y su papel como motor de desarrollo del país", advirtió el análisis, que divide a la oferta educativa trasnacional privada en universidades corporativas (Motorola, General Motors o Disney), universidades empresariales (Phoenix, De Vry), universidades virtuales privadas (Cardean, Jones), consorcios público-privados (Western Governors University), universidades trasnacionales y proveedores de educación no universitaria.

Víctor Arredondo, rector de la Universidad Veracruzana, al hablar en la sesión, indicó: "la apertura del conocimiento no siempre es ventajosa y debe hacerse en los renglones donde el país realmente salga ganando. México está en desventaja en educación superior frente a otros países. Por eso, la trasnacionalización permanece como uno de los temas relevantes".

En sus conclusiones, la ANUIES ratificó la vocación internacionalista de la educación superior de México, pero mediante la cooperación y el intercambio académicos entre instituciones del país y de otras naciones, bajo la concepción de que la enseñanza es un bien público y social "que debe estar ajeno al mercantilismo y la comercialización". Añadió que la creación del registro de validez oficial para instituciones extranjeras debe garantizar la "calidad en el servicio educativo de tipo superior y beneficios probados en el sistema de educación superior del país y sus instituciones".