Tuvieron que morir más de 70 bolivianos -63 hombres adultos, cuatro niños, tres soldados y cuatro mujeres, según el recuento dado a conocer ayer por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia- para que el aún presidente de ese país, Gonzalo Sánchez de Lozada, alias Goni, se diera por enterado de la rabia y la exasperación causadas por los planes del gobierno de ayudar a empresas trasnacionales a saquear el gas natural de esa nación sudamericana.

Luego de un mes exacto de protestas, bloqueos de carreteras, huelga general indefinida y actos de represión atroz y excesiva que causaron las muertes referidas -y un saldo de más de 300 lesionados- el acorralado mandatario anunció la tarde de ayer su disposición a realizar un "referéndum consultivo" para decidir si se exporta o no el gas, reconoció que los contratos firmados por su gobierno con las corporaciones petroleras extranjeras resultaban demasiado generosos y se dijo preocupado por "la democracia y la unidad de Bolivia", amenazadas, según él, por "movimientos de narcos y sindicales".

Poco antes, el ministro de Salud, Javier Torres, reconoció que el país se encuentra en una "situación insurreccional", en tanto el canciller Carlos Saavedra, reflejando la desesperación del régimen, dijo que éste "está dispuesto a negociar todo, menos esa exigencia", en alusión a la renuncia de Sánchez de Lozada.

Por supuesto, a estas alturas la propuesta del referéndum es insuficiente, además de tardía. De hecho, los dos principales líderes de las protestas sociales, Evo Morales y Felipe Quispe, consideraron que se trata de una "mala broma", y señalaron que la única salida posible a la crisis es la dimisión de Goni, quien ya ha causado demasiado daño a la sociedad, a la soberanía, a la estabilidad y a la institucionalidad bolivianas como para permanecer en el cargo.

Cabe esperar que en los restos del gobierno boliviano haya todavía la sensatez requerida para entender que su permanencia implicaría, en el menos malo de los casos, años adicionales de estancamiento, corrupción e ineficiencia y, en el peor, cuotas inadmi- sibles y absurdas de sangre, violencia y muerte.

Sería deseable, también, que la Casa Blanca, erigida ahora como principal protectora de este presidente inepto y criminal, se dé cuenta de que el principal responsable de la insurrección que vive Bolivia se llama Gonzalo Sánchez de Lozada, y abandone, en consecuencia, sus actitudes intervencionistas y permita que los bolivianos decidan, por sí mismos, su destino político. Los gobiernos de América Latina podrían desempeñar un papel importante para disuadir a Washington de que siga brindando protección y cobertura a Goni. Ojalá que lo hagan, por un elemental sentido de solidaridad para con el sufrido pueblo de Bolivia.