Un tribunal ordenó a la magistrada Rolón no admitir pruebas, señala

Confía el Ejecutivo en que prevalecerá la justicia

ANGEL BOLAÑOS

El jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, expresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su confianza en que prevalecerá la justicia en el caso del predio Paraje San Juan, y que la averiguación de posibles violaciones graves de las garantías, tanto del Distrito Federal como de sus habitantes, por las irregularidades en el proceso para reclamar el pago de una indemnización, "se realizará de manera imparcial, con profesionalismo y de manera independiente".

En el escrito de cinco puntos que entregó la tarde de este martes al máximo órgano judicial para pedir la revisión del acuerdo que desechó su petición de integrar una comisión investigadora, el mandatario capitalino fundamenta su legitimación para reclamar esta investigación en los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución, reformados en 1996 para dar nueva estructura al Distrito Federal.

Recordó que el artículo 97 constitucional, que sustenta la petición al Poder Judicial, no sufrió modificación alguna, y por tanto su redacción es anterior a la de los preceptos antes citados, que lo definen como titular del Poder Ejecutivo de una de las entidades que integran la Federación, al igual que los gobernadores de los estados, además de haber sido electo por voto popular.

"Al ser aprobado (el artículo 97) tal y como está actualmente, no podía haber considerado ni la entidad del Distrito Federal como está estructurada ahora, ni la figura de jefe de Gobierno, que no tenía entonces existencia legal", apuntó.

En el segundo punto del texto, señala que en el supuesto de que "considere que por el estatus especial que guarda el Distrito Federal, el jefe de Gobierno no tiene facultades similares a las de los gobernadores de las otras entidades, en uso de mi derecho de petición solicito que con fundamento en el mismo artículo 97, dada la importancia del asunto que se trata, y si así lo estima conveniente el pleno de esa SCJN, se nombren uno o varios comisionados especiales para que averigüen los hechos".

Esto, señala en un tercer punto, en atención a la facultad que tiene la SCJN para tomar directamente por el pleno la decisión de ordenar una comisión, "tanto por la importancia económica del asunto, como, principalmente, por razones de carácter ético y jurídico", lo que "será un paso importante para recuperar en la gente la confianza en las instituciones públicas, y en especial en la justicia federal".

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno reconoció que funcionarios capitalinos pudieron haber incurrido en omisiones desde que se presentaron los primeros juicios después de la expropiación, inclusive intencionadas, "porque los abogados del gobierno son maiceados, por decirlo de manera coloquial, y entonces no es que sean casos que requieran abogados muy buenos, sino que no defienden bien por distintas razones, y desde luego está de por medio la corrupción", indicó.

Comentó que un equipo de la Consejería Jurídica lleva más de seis meses trabajando en el asunto, y se había logrado que la juez María Gabriela Rolón Montaño admitiera la ampliación de pruebas, pero los abogados (de la contraparte) acudieron a un tribunal, presentaron una queja contra el auto de la juez para recibir dichas pruebas y el tribunal le ordenó que no las aceptara.