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México D.F. Jueves 16 de octubre de 2003
Su papel en las actividades legislativas aumentó,
pero se mantiene como secundario
Lento avance de la participación de las mujeres
en la vida política
ONG consideran insuficientes las reformas realizadas
para evitar la discriminación de género
En años recientes la participación política
de las mujeres en los distintos órganos de gobierno se ha incrementado
de forma paulatina. Sin embargo, a pesar de la firma de acuerdos internacionales
para la defensa y promoción de sus derechos, como la Plataforma
de Acción de Beijing y la Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación, este avance sólo se
consolidó recientemente, tras la aplicación de reformas al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
cual establece que ningún partido podrá postular a cargos
de elección popular en el Congreso de la Unión a más
de 70 por ciento de candidatos de un mismo género.
Esta
modificación se concretó casi 40 años después
de que María Lavalle y Alicia Arellano fueron las primeras mexicanas
en ganar un escaño en el Senado de la República, en 1964.
Lavalle, quien además se convirtió en la primera senadora
en presidir este órgano legislativo, también fue, en 1947,
la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y
Territorios Federales.
En un balance sobre la participación de las mujeres
en el Poder Legislativo se destaca que de los 758 senadores de 1964 a 2000,
sólo 84 han sido mujeres, es decir, 11.1 por ciento, mientras que
en la Cámara de Diputados, de los 5 mil 448 legisladores electos
desde 1952 a 2000, las diputadas suman únicamente 556, o sea, 10.2
por ciento del total.
La subrepresentación de las mexicanas en los órganos
legislativos sigue siendo una realidad, pues a pesar del incremento de
sus candidaturas como diputadas y senadoras, información del Consejo
Nacional de Población indica que de los 59 millones 584 mexicanos
inscritos en el padrón electoral hasta 2000, 30 millones 795 mil
eran mujeres, es decir, 51.7 por ciento.
Existe una gran cantidad de legisladoras suplentes
Sin embargo, en las elecciones federales de ese año,
en las que se renovó el Poder Legislativo, aunque las mujeres alcanzaron
37.2 por ciento del total de las candidaturas, la mayoría participó
en calidad de "legisladora suplente" dentro de las listas de representación
proporcional, por lo cual, de las mil 51 candidatas, 622 aparecieron en
las fórmulas como suplentes. En el caso de las 145 candidatas a
senadoras en este rubro, al menos 80 fueron candidatas suplentes.
Por lo que respecta a los 128 escaños del Senado,
96 mujeres que aspiraron a los mismos figuraron como candidatas suplentes,
mientras que de las 679 aspirantes a diputada por mayoría relativa,
478 eran suplentes.
En cuanto a los congresos estatales, hasta junio de 2002,
la participación de las legisladoras sólo promediaba 13.8
por ciento del total de diputados locales a escala nacional. De ellos,
16.5 por ciento son diputadas de representación proporcional, mientras
que sólo 12 por ciento de las diputaciones de mayoría relativa
correspondían a mujeres.
Antes de la realización de elecciones en los congresos
estatales, Quintana Roo era la entidad con mayor participación de
legisladoras, al alcanzar 40 y 33.3 por ciento de las diputaciones de mayoría
relativa y proporcional, respectivamente. Le seguía Puebla, con
26.9 por ciento de sus legisladores de mayoría relativa; mientras
que en las de representación proporcional sólo registró
18.8 por ciento.
El acceso a los principales puestos del poder político
en México fue una conquista relativamente reciente para las mujeres,
ya que la primera gobernadora fue electa en 1979, cuando Griselda Alvarez
Ponce de León ganó la gubernatura de Colima. A la fecha,
sólo dos mujeres más han asumido una responsabilidad equivalente:
Beatriz Paredes Rangel, en Tlaxcala, en 1987, y Dulce María Sauri
Riancho como gobernadora interina de Yucatán, de 1991 a 1993; mientras
que Rosario Robles Berlanga asumió, en un interinato, el cargo de
jefa de Gobierno del Distrito Federal, de 1999 a 2000, tras la renuncia
de Cuauhtémoc Cárdenas, electo en 1997, quien se postuló
como candidato presidencial.
Organizaciones no gubernamentales, feministas, políticas,
intelectuales y defensoras de los derechos de la mujer han reiterado en
los años recientes la insuficiencia de las reformas aplicadas, pero
también han hecho evidente que las condiciones sociales y económicas
que enfrentan muchas mexicanas, en los hechos, impiden un ejercicio pleno
de sus derechos.
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