México D.F. Sábado 11 de octubre de 2003
"Autonomía a Pemex y CFE"
Convergencia se opone a cambios constitucionales
ROBERTO GARDUÑO
La fracción parlamentaria del Partido Convergencia en la Cámara de Diputados sostuvo que la Constitución no debe modificarse con objeto de darle salud financiera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Jesús Martínez Alvarez, coordinador de esa bancada en San Lázaro, consideró necesario dar autonomía a ambas empresas paraestatales "porque los recursos que destina al erario son suficientes para invertir en la infraestructura que les dé viabilidad en los próximos 10 años".
El legislador adujo que la modificación indispensable para hacer operativas ambas paraestatales sólo tiene que ver con las reformas a las leyes reglamentarias que las rigen, porque lo más grave es que trabajan con números negros y a la hora de aportar recursos al fisco ocurre el desfalco que las lleva a la inoperatividad.
"Esto tiene de fondo una estrategia gubernamental que tiene que ver con la desarticulación de las empresas nacionales. Las autoridades desangran fiscalmente las paraestatales, éstas dejan de invertir en infraestructura, y el último paso no es más que la venta al capital privado. Nosotros rechazamos los falsos dilemas. Debemos darles autonomía a la CFE y a Pemex, y además sacarlas del presupuesto. Esto nos va a permitir un diagnóstico exacto de lo que en una segunda etapa se deberá hacer para que continúen en manos de la nación."
La fracción de Convergencia en voz de su coordinador criticó también las posturas del PAN y del PRI, partidos que han tomado la bandera de la modificación constitucional, "porque esa alternativa es la más sencilla y frívola que se pueda sostener. Debemos ir a fondo. Tenemos que conocer cuáles han sido los errores gubernamentales que han propiciado el deterioro del sector energético en el país. Debemos aceptar todos los mexicanos que en ellas hay exceso de burocracia, corrupción y desvío de recursos".
De esa forma, insistió, no es necesaria la reforma constitucional, porque la captación de recursos para invertir en infraestructura se obtendría directamente de las dos empresas, "y no habría argumento alguno que demostrara lo contrario. Y en una segunda etapa se deberán revisar las fórmulas financieras y estratégicas que las hagan productivas en el nivel macro".
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