Señala ex secretaria administrativa posible violación a la ley de responsabilidades

El presidente del TEDF autorizó la contratación irregular de un funcionario

Además, Herrejón dio carpetazo a denuncia contra la magistrada María del Pilar Hernández

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

El presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Hermilo Herrejón Silva, autorizó la contratación de un ex funcionario de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa (ALDF), pese a que no tenía ni un mes de haber renunciado al cargo, y dio carpetazo a la denuncia contra la magistrada supernumeraria María del Pilar Hernández, quien tiene una plaza de tiempo completo en la UNAM.

Además está pendiente la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) al recurso de queja que la ex secretaria administrativa del TEDF, Adriana Rodríguez Servín, interpuso en marzo pasado contra el órgano electoral por acciones que violan sus derechos, "las cuales van desde el despido injustificado hasta amenazas de los magistrados Rodolfo Terrazas y Juan Martínez".

En el documento que la ex funcionaria presentó ante la CDHDF, subraya que es evidente el abuso de poder de los magistrados Terrazas, Martínez y Hermilo Herrejón, "al utilizar sus atribuciones y facultades a su antojo, sin respetar en lo más mínimo, no sólo mis garantías individuales, sino mis más elementales derechos humanos, al instaurar un proceso inquisitorial en el que se pretende hacer un linchamiento de mi persona al imputarme hechos" falsos.

Rodríguez Servín detalla que se le acusa de no haber realizado las previsiones presupuestales necesarias para cubrir el impuesto sobre el producto del trabajo del ejercicio de 1999, lo que motivó que hubiera un faltante de 6 millones 816 mil 65 pesos, y de no informar al pleno la existencia de un quebranto patrimonial de un millón 750 mil 858 pesos. La ex secretaria administrativa indicó al respecto que en el análisis del ejercicio presupuestal al 31 de julio de 2000 se hace mención de lo anterior, con la firma del magistrado Terrazas Salgado.

La primera reacción de Rodríguez Servín se da el 17 de marzo de 2003, cuando el director general de Auditoría a Entidades Públicas de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, Fernando Hernández; el director de Auditoría, Ulises Méndez, y el jefe de Departamento de Auditoría, Víctor José Olmedo Mendoza, presentan un dictamen técnico relacionado con la Cuenta Pública del Gobierno del DF correspondiente al ejercicio de 2000, en el que concluyen que la ex funcionaria incumplió diversos ordenamientos legales.

Olmedo Mendoza, quien hasta el 31 de mayo fue jefe del Departamento de Auditoría, se integró al TEDF el primero de junio como jefe de presupuesto, con lo que "presumiblemente incurrió en responsabilidad administrativa", pues el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece la obligación de abstenerse durante un año de aceptar cualquier cargo cuyas actividades profesionales se encuentren directamente vinculadas, que impliquen intereses en conflicto.

En el caso de la magistrada supernumeraria, se congeló la propuesta de integrar una comisión que investigara si Hernández Martínez cobra en el TEDF y como investigadora titular B de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo anterior se desprendió de la denuncia que presentó ante el TEDF el ciudadano Alfonso Molina Fodor, quien, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, solicita aplicar las sanciones administrativas que procedan y, en su caso, ejercitar acción penal en contra de la magistrada supernumeraria.

En la denuncia se establece que Hernández está adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la categoría de investigadora titular B de tiempo completo, con un salario superior a los 30 mil pesos mensuales, mientras que como magistrada supernumeraria, también de tiempo completo, gana más de 80 mil pesos al mes.