Cita en Washington el próximo 20 de octubre

Defensores de derechos actualizan situación mexicana ante la CIDH

Diversos organismos defensores de derechos humanos acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una actualización de la situación que guarda la desaparición forzada en México, el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y exponer el caso de Digna Ochoa.

En el marco de la sesión ordinaria de la CIDH, perteneciente a la Organización de Estados Americanos, que se celebrará desde hoy hasta el 24 de octubre en la capital de Estados Unidos, defensores de derechos humanos asistirán a una audiencia el próximo día 20 con el propósito de solicitar que se impulsen las medidas necesarias que permitan crear las condiciones para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas ocurridas en el pasado.

Obligaciones y exigencias

Jorge Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, destacó que es necesario encontrar los espacios para impulsar dichos cambios, "pues no se trata sólo de la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, también están una serie de obligaciones y exigencias que tiene el gobierno mexicano en materia de desaparición forzada y que atañe a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial".

Indicó que aún se carece de una legislación y espacios de investigación adecuados, "no sólo para sancionar a los responsables, sino para acceder al derecho a la verdad y esclarecer lo que ocurrió en el pasado, pues no tenemos las condiciones que garanticen una investigación integral".

Por lo que respecta a la adhesión de México al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas y la aplicación, desde agosto pasado, del Protocolo de Estambul, que incluye mecanismos de investigación y protección de los derechos humanos de las víctimas de tortura, los defensores de derechos humanos coincidieron en que más allá de las "buenas intenciones" del gobierno federal, "las condiciones actuales en las que se aplican los diversos instrumentos internacionales signados en materia de derechos humanos no garantizan su operación eficaz".

Edgar Cortez, director del Centro Pro, destacó que si bien dichas acciones resultan un impulso positivo, "hace falta la homologación de la legislación interna ante los acuerdos signados en materia internacional". Pues en hoy día -dijo- "enfrentamos un déficit de médicos legistas, la inexistencia de especialistas en tortura sicológica y la ausencia de un marco jurídico que indique que las declaraciones sólo se rinden ante un juez y de ningún modo ante el Ministerio Público, lo que ayudaría a desalentar la práctica de la tortura".

Nahyeli Ortiz, directora jurídica de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), consideró que la adhesión a ambos protocolos "es más una medida política para intentar vender una imagen del gobierno como defensor de los derechos humanos en el exterior, pues hasta el momento no se han garantizado las condiciones para realizar adecuadamente los peritajes", por lo que exhortó a las autoridades a crear un cuerpo pericial autónomo que garantice las condiciones indispensables para investigaciones.

Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguró que la adhesión a estos mecanismos representa un pequeño avance en la lucha contra la tortura, por lo que consideró urgente que, tras ser ratificado por el Senado de la República, "se capacite con toda responsabilidad a los integrantes de los organismos públicos defensores de derechos humanos para que lo apliquen con toda responsabilidad".