Lentitud de la justicia desespera a parientes de víctimas

Argentina: ordena juez detener a 16 acusados de delitos de lesa humanidad

STELLA CALLONI /II Y ULTIMA CORRESPONSAL

Buenos Aires, 6 de octubre. Pese a la posición de la Corte Suprema de Justicia de dilatar su esperada última palabra sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó este lunes la detención de 16 militares, policías y civiles acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura, en el contexto de la causa recientemente reabierta del primer cuerpo del ejército.

Mientras, siguen adelante en su batalla contra la impunidad las Abuelas de Plaza de Mayo, para demostrar ante la justicia la existencia de un plan sistemático en el robo de niños nacidos en cautiverio o secuestrados, con padres hoy desaparecidos.

También son de mucha importancia los Juicios por la Verdad que se llevan adelante en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que fue uno de los centros del terror de Estado impuesto por la dictadura y que hoy muestra las consecuencias de la impunidad con la actuación de una policía directamente ligada a la represión del pasado, en sus estructuras más altas.

En la provincia de Córdoba, recientemente la juez Cristina Garzón de Lascano ordenó la detención del general retirado Luciano Benjamín Menéndez y otros militares, y una fiscal local demandó que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, así como los indultos de Carlos Menem en 1990 a los jerarcas de las juntas militares de gobierno, los únicos que finalmente habían sido procesados y condenados.

La causa del tercer cuerpo de ejército de Córdoba es una de las más voluminosas, y la del primer cuerpo mostró un avance cuando este lunes Canicoba Corral solicitó las detenciones de 16 represores, entre ellos los generales retirados Héctor Gamen y Roberto Roualdes y el coronel Pedro Durán Sáenz, este último acusado de la muerte de una ciudadana alemana y reclamado por la justicia italiana.

Fuentes judiciales dijeron que, de los militares requeridos por el magistrado, cuatro estarían prófugos; otros dos, Juan Antonio del Cerro y Julio El Turco Simón, ya están detenidos, en el contexto de la causa por el robo y supresión de identidad de Claudia Poblete.

Justamente en esa causa, por primera vez un juzgado decidió anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que permitieron la impunidad de los represores.

En tanto, los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires -organismo disuelto en 1998-, que contienen las fichas personales de la mayoría de los militantes políticos desaparecidos, están siendo desclasificados, después de permanecer bajo custodia de Comisión Provincial por la Memoria desde 2001.

"Desde 1957, cuando se creó la Dirección de Inteligencia, hasta su clausura, dispuesta por la intervención de la Bonaerense, incluyó 410 mil legajos de hechos y personas y más de 3 millones de folios con datos elaborados por los agentes; fotografías, informes de espías y partes policiales. El trabajo de inteligencia policial nunca se detuvo. El seguimiento a ciudadanos se hizo sistemático a finales de la década de los 50 y permaneció activo luego del retorno democrático, en diciembre de 1983", señala un informe de la comisión.

Sólo una porción de esta historia documentada permanecerá sin apertura pública: las carpetas confeccionadas entre 1976 y 1983, incautadas por la Cámara Federal. Pero los expertos de la Comisión por la Memoria determinaron que existen fichas de la mayoría de más de 3 mil desaparecidos en la provincia.

Algunos de los archivos tienen títulos como "Comunismo en Argentina", "Agitadores gremiales de Mar del Plata (1957-1974)" o "Infiltración marxista y subversiva en la Administración Pública Provincial (1974)". Por todos los datos reunidos de los militantes y familias se facilitó el "trabajo" de secuestros y desapariciones de la Alianza Anticomunista Argentina en 1974 y 75, y el de la dictadura instaurada en 1976.

Sin embargo, pese a estas reaperturas de causas y revelaciones, para los familiares y organismos humanitarios la lucha se hace interminable, cuando aún falta que la desprestigiada Corte Suprema dé su última palabra sobre la anulación de las leyes de la impunidad.

Por lo pronto, por primera vez en el país, un candidato al máximo tribunal, el prestigioso jurista Eugenio Zaffaroni, enfrentó una audiencia pública en el Senado, en la que debió responder a las 40 impugnaciones hechas a su candidatura, en el contexto del nuevo procedimiento implementado por el gobierno de Néstor Kirchner para hacer transparente la elección de jueces.